Proyecto de Ley Num. 2340-14 de C. Diputados, de 7 de Julio de 1999 (Proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otras normas legales que se indican.) - Proyectos de Ley - Iniciativas legislativas - VLEX 556811790

Proyecto de Ley Num. 2340-14 de C. Diputados, de 7 de Julio de 1999 (Proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otras normas legales que se indican.)

Número de expediente:2340-14
Fecha de última tramitación:12 de Febrero de 2015
Fecha de apertura: 7 de Julio de 1999
Situación actual:Tramitación terminada; Retirado
Cámara de origen:C. Diputados
Etapa:Retirado
Tipo de proyecto:Proyecto de Ley
 
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MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES Y OTRAS NORMAS LEGALES QUE SE INDICAN.

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SANTIAGO, mayo 20 de 1999

M E N S A J E Nº 351-339/

Honorable Cámara de Diputados:

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  1. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.

    1. Antecedentes históricos de la normativa urbanística en nuestro país.

      En nuestro país, las primeras disposiciones de aplicación general relacionadas con el desarrollo de nuestras ciudades, estaban contenidas en las Leyes de Municipalidades dictadas durante la segunda mitad del siglo XIX, como la Ley de Municipalidades de 1854 (artículos 27 Nº3 y 103 Nº7) o la Ley de Municipalidades de 1891 (artículo 25). Ello se explica porque luego de 1915 se agregaron a ésta última una serie de disposiciones urbanísticas que, en su esencia, subsisten hasta nuestros días (modificación del art. 25 Nº1 de la Ley de Municipalidades en el año 1915, en virtud del artículo 8 de la ley Nº2.960). Antes de eso sólo se habían dictado algunas normas escuetas y casuísticas que afectaban exclusivamente a las grandes ciudades, como Santiago (1874), Valparaíso (1876) y Concepción (1912). Así las cosas, hacia la tercera década de este siglo las escasas normas existentes en Chile sobre urbanismo y construcciones estaban contenidas en la legislación municipal.

    2. La regla general de la normativa urbanística fue legislación delegada.

      En 1929 la Ley N°4.563 autorizó al Presidente de la República para dictar ordenanzas generales en materia urbanística. Dicha facultad que se concretó mediante el D.F.L. N°345 de 1931, primera "Ley de Construcciones y Urbanización" de nuestro país. Se trató, por lo tanto, de un decreto con fuerza de ley y no de una ley discutida y aprobada en el Parlamento.

      Dicho procedimiento ha sido la regla general en materia de legislación urbanística en nuestro país. Nuestras sucesivas normas han sido, básicamente, decretos con fuerza de ley o decretos supremos que refundían a sus predecesores, como pasa a demostrarse a continuación:

      - El D.F.L. Nº224, de 1953, llamado "Ley General de Construc­ciones y Urbanización";

      - El D.S. Nº1.050, de 1960, que refundió el texto de la ley, lo que volvió a hacer el D.S. Nº880, de 1963;

      - El D.S. Nº458, de 1975, que fijó el texto que actualmente nos rige y que jurídicamente constituye un decreto con fuerza de ley, ya que se dictó en ejercicio de las facultades delegadas por el decreto ley Nº602, de 1974, emitido por la Junta de Gobierno en pleno régimen militar.

      Estos instrumentos jurídicos han tenido un importante valor para el país, en tanto han posibilitado el ordenamiento del desarrollo de nuestros asentamientos humanos.

      Sin embargo, el auge del desarrollo inmobiliario y la complejidad del fenómeno urbano requieren con prontitud una completa y actualizada normativa que los regule, tarea que emprendemos al presentar este proyecto.

    3. Vacíos e insuficiencias de la actual legislación.

      La Ley General de Urbanismo y Construcciones, tras más de dos décadas de vigencia, ha evidenciado importantes vacíos e insuficiencias que esta iniciativa legal busca subsanar a través de una revisión sistemática y general de su articulado. Esto permitirá que el Parlamento discuta, de manera integral, una legislación moderna sobre el desarrollo de los asentamientos humanos.

      El proyecto de ley que someto a vuestra consideración, es fruto de un proceso de análisis y propuestas impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con la estrecha cooperación de los demás Ministerios directamente vinculados al tema. Tras formular una proposición preliminar, se consultó pormenorizadamente a numerosas entidades del quehacer nacional, tanto del sector profesional como empresarial. Más de 30 opiniones, variadas y de diversa naturaleza, han permitido enriquecer y perfeccionar el texto que originalmente se había preparado, generándose así este proyecto, que aspira a modernizar sustancialmente la legislación urbanística chilena.

  2. CONTENIDO FUNDAMENTAL DEL PROYECTO.

    Las ideas fundamentales del proyecto que someto a vuestra consideración, son las siguientes:

    1. Regulación plena del territorio y fortalecimiento de la gestión municipal.

      Alguna de las manifestaciones de este principio son:

      1. Ampliación del ordenamiento territorial a las áreas rurales de las comunas.

        El proyecto propone que el ordenamiento territorial no se restrinja al área urbana de las comunas, sino que incorpore también a las áreas rurales, de manera de permitir a las Municipalidades una planificación eficaz e integral de la totalidad de su territorio. Se pasa, así, del concepto de "planificación urbana" al concepto de "planificación territorial", que a la larga terminará con los nocivos efectos de las denominadas parcelas de agrado, que han generado asentamientos con características urbanas en el área rural, al margen de toda regulación racional, con claros perjuicios para el campo y la ciudad. De este modo, los instrumentos de planificación territorial de nivel comunal podrán regular tanto las "áreas urbanas" y de "extensión urbana", como las "áreas rurales".

        Todo ello sin perjuicio de las atribuciones que corresponda a otros organismos públicos con competencia sobre el suelo rural;

      2. Aprobación de los planes reguladores comunales en el puro nivel municipal si hay consistencia con el plan regulador intercomunal.

        El proyecto postula que en los casos en que exista un instrumento de planificación intercomunal, los planes reguladores comunales que no contengan normas contrarias a aquéllos, no requerirán de la aprobación del Consejo Regional. Se parte del supuesto que dicha aprobación existe implícitamente al haber aprobado ese mismo organismo el plan regulador intercomunal existente. Este mismo principio se aplica a los planes seccionales, cuando se adecuen a los comunales.

      3. Creación de unidades municipales especializadas en desarrollo urbano.

        Se propone también la creación de unidades municipales especializadas en el desarrollo urbano, que estarán a cargo de los asesores urbanistas, a quienes se exigirá en título profesional de arquitecto o una formación de postgrado en urbanismo. Para ello, se propone una modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

      4. Fondos municipales de Equipamiento y Areas Verdes.

        Se propone, además, la creación de Fondos Municipales de Equipamiento y Áreas Verdes, pues en determinadas circunstancias las cesiones gratuitas por estos conceptos podrán ser reemplazadas por aportes en otros terrenos o en dinero, al Municipio, para los mismos fines.

    2. Reforzamiento conceptual de los contenidos de la política que inspira el ordenamiento territorial en todos sus niveles.

      Por otra parte el proyecto reemplaza el concepto de "planificación nacional" por el de una política territorial, aplicable a todos los instrumentos de planificación. Dicha política será elaborada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en base a los siguientes principios legales:

      1. Búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo.

      2. Protección del medio ambiente y conservación del patrimonio ambiental.

      3. Equidad social y progreso económico.

      4. Preservación y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los asentamientos humanos.

      Cabe hacer presente que para elaborar esta política, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo consultará a todos los Ministerios que corresponda.

    3. Disminución de la discrecionalidad y sentido de la oportunidad que debe caracterizar la adopción de decisiones públicas en materia urbana.

      Con el fin de lograr dicho propósito, el proyecto propone que se adopten medidas como las siguientes:

      1. Perfeccionamiento de las instancias de participación ciudadana en la elaboración de instrumentos urbanos.

        El proyecto fija importantes instancias de participación en la elaboración de los instrumentos, especialmente en los planes reguladores comunales, al amparo de las últimas modificaciones de la Ley de Municipalidades. No bastarán las puras publicaciones y la exhibición del Plan. Será necesario, además, efectuar audiencias públicas en diferentes periodos del proceso, como también consultas a los consejos económicos y sociales comunales.

      2. Previsión de intervención de entidades públicas.

        La norma que se propone aclara y regula la consulta a otras entidades públicas en los procesos de planificación territorial. Se postula, en consecuencia, una modalidad de trabajo interministerial que, bajo la dirección del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, asegure la coherencia de la acción gubernamental en el ámbito del ordenamiento territorial.

      3. Precisión de los contenidos de los instrumentos de planificación territorial.

        El proyecto precisa los contenidos de cada uno de los instrumentos de ordenamiento territorial que contempla la ley, mejorándose y especificándose las definiciones y características de cada uno de ellos;

      4. Se restringe la intervención de los concejos comunales en aquellas materias sometidas a la participación de la comunidad.

        El proyecto prohibe que el Concejo, al aprobar el instrumento, modifique materias o disposiciones que no fueron observadas por la comunidad a raíz de dichos procesos de participación, como también que agregue al Plan materias o disposiciones no contenidas en la versión que se dio a conocer a la comunidad, salvo en cuanto se repita el proceso de participación.

      5. Establecimiento de plazos para las intervenciones de los organismos públicos en la aprobación de los instrumentos de planificación.

        El proyecto, por otra parte, fija plazos para los informes, opiniones y aprobaciones que corresponden a los organismos públicos en la aprobación de todos los instrumentos de planificación, desde el nivel regional al comunal. La sanción para el no pronunciamiento dentro de estos plazos, es otorgarle al silencio un efecto aprobatorio. Ello agilizará notablemente el despacho de estos instrumentos.

        Lo anterior planteará al sector público el desafío de dar respuestas adecuadas en...

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