Prólogo
| Autor | María Gabriela Crespo Irigoyen |
| Páginas | 17-20 |
17
LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN T RIBUTARIA
PRÓLOGO
La más importante de las garantías constitucionales en relación con la aplica-
ción del derecho por los órganos del Estado, además del acceso a la justicia y del
derecho a la tutela j udicial efectiva, es que la justicia se imparta de acuerdo con las
normas estab lecidas en la Constitució n y la s le yes, es decir, en el curso de un
debido proceso, cuyos principios, conforme se establece expresamente en la misma
Constitución, se aplican no solo en las actuaciones judiciales sino también a la s de
carácter admin istrativo. Ello tiene, en consecuencia , una importante repercusión en
relación con la potestad sancionadora de la Administración, la cual necesa riamente
está sometida a las garantías del debido proceso, sobre todo en materia tributaria.
Y aquí tenemos, p recisamente dedicado a este tema, un excelente estudio
elaborado por la abogado Ma ría Gabriela Crespo Irigoyen, joven profesional con
experiencia tanto profesional como académica en el área fiscal. De ello dan testi-
monio su actividad como docente de Metodología de la Investiga ción, la publica-
ción de ar tículos en prestigio sas revistas españ olas, y los traba jos presentados
para optar por la especialización y el M aster, en particular trabajo de derecho
comparado presentado para obtener el Grado de la Universidad de Salamanca y
concluir el periodo de investigació n de su doctorado en «Derechos y Garantías
del contribuyente».
Me complace mucho no solo haber apoyado la edición en Venezuela de su
trabajo elaborado en España, sino escribir estas notas a modo de prólogo de su
estudio, el cual sin duda contribuirá a desarrollar el espíritu garantista que el pro-
cedimiento administrativo sancionatorio en materia tributaria necesita.
Las garantías del debido proceso que rigen la materia, como es sabido, se
encuentran ampliamente reguladas en el artículo 49 de la Constitución de 1999, y
han sid o an ali zada s ex tens ame nte por el Tr ibun al S upre mo d e Ju stic ia,
calificándoselas como una «garantía suprema dentro de un Estado de Derecho» 1, de
manera que «cualquiera sea la vía escogida para la defensa de los derechos o inte-
reses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedi-
miento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela
judicial efectiva»2.
1Véase sentencia N° 123 de la Sala Constitucio nal (Caso Sergio J. Meléndez) de 17 de marzo
de 2000, en Revista de Derecho Público, N° 81, (enero-marz o), Editorial Jurídica Venezo-
lana, Caracas 2000, p. 143.
2Véase sentencia de la sala C onstitucional N° 97 de 15 de marzo de 2000 (Caso: Agropecuaria
Los Tres Rebeldes en Re vista d e Derec ho Púb lico, N° 81, ( enero-marzo), Editori al Jurí dica
Venezolan a, Cara cas 20 00, p. 148.
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