La prohibición penal del aporte electoral de personas jurídicas
| Páginas | 279-313 |
| Fecha | 01 Enero 2025 |
| Autor | César Ramos Pérez |
Pro Jure Revista de Derecho vol. (): -
Número temático: Nueva Ley de Delitos Económicos
Ponticia Universidad Católica de Valparaíso
./s--
de agosto de · de noviembre de
La prohibición penal del aporte electoral
de personas jurídicas
Criminal prohibition of electoral contributions by legal entities
César Ramos Pérez
Universidad Diego Portales, Chile
El artículo analiza las disposiciones legales que conguran un sistema de -
nanciamiento electoral que proscribe y sanciona el aporte económico de per-
sonas jurídicas. A tales efectos, la investigación revisa el origen histórico de
ese modelo de nanciamiento y su contraposición con el de la Ley .
original. El resultado principal de la investigación ha sido identicar el objeto
de protección de las normas de comportamiento que prohibieron el aporte
de personas jurídicas al nanciamiento de campañas electorales y, a partir de
esa determinación, realizar la tarea hermenéutica de precisar el alcance de los
términos utilizados por el legislador en la conguración del delito de nancia-
miento electoral activo y pasivo.
Financiamiento electoral empresarial • gasto electoral • delitos electorales •
personas jurídicas • corrupción.
e article analyzes the legal provisions that make up an electoral nancing
system that proscribes and punishes the economic contribution of legal enti-
ties. For this purpose, the research reviews the historical origin of this nanc-
ing model and its contrast with the original Law ,. e main result of
the study has been the identication of the object of protection of the rules of
conduct that prohibited the contribution of legal persons to the nancing of
electoral campaigns and based on that determination, the hermeneutic task of
dening the meaning of the terms used by the legislator in the conguration
of the crime of active and passive nancing.
Corporate election nancing • election spending • electoral crimes • legal
persons • corruption.
Ramos Pérez, C.
La prohibición penal del aporte electoral de personas jurídicas
I. I
La conguración de un sistema electoral admite diversas alternativas. Una
parte esencial dentro de ese diseño institucional es el nanciamiento elec-
toral, elemento de compleja denición en tanto determina los límites de
una interacción lícita entre política y dinero.
El diseño inicial de esa relación fue adoptado en Chile el , con la
entrada en vigencia de la Ley ., que introdujo un modelo de nan-
ciamiento mixto de campañas y estableció límites al gasto electoral. Di-
cha ley fue el resultado de la crisis política iniciada con el caso MOP-Gate,
que provocó una agenda de transparencia y probidad consensuada entre
gobierno y oposición, modicando así el estado de desregulación existente
en materia de nanciamiento electoral, introduciendo por primera vez un
cuerpo normativo cuyo objetivo era transparentar, limitar y controlar el
gasto electoral.
El mensaje que dio inicio al proyecto de ley fue consciente de la rele-
vancia de esa denición institucional respecto del ámbito de interacción
entre dinero y política, señalando que «no hay duda alguna que la institu-
cionalidad política puede verse deteriorada por la inuencia muchas ve-
ces desmedida del dinero». En la práctica, dicho modelo regulativo tuvo
preeminencia del aporte de empresas por sobre cualquier otra fuente de
nanciamiento electoral y, por el contrario, el aporte de personas jurí-
dicas de derecho público o privado sin nes de lucro fue derechamente
prohibido por la Ley . (con excepción de los partidos políticos).
Diez años después ese modelo de nanciamiento fue objeto de un in-
tenso cuestionamiento público, luego de una serie de casos vinculados a
las campañas electorales de , usualmente agrupados bajo la etiqueta
de «nanciamiento ilegal de la política». Una descripción común de tales
Para una opinión crítica respecto de la caracterización de todo nexo económico
con la política como un vínculo indebido, véase a M (), p. , nota .
Apuntando al carácter imprescindible del uso de recursos económicos en la competencia
democrática, consultar a C Z (), p. , y destacando la importancia del
aporte privado para la competencia electoral, en especial respecto de candidatos desaan-
tes, ver a G et al. (), pp. y .
F (), pp. - y S (), p. .
C (), p. ; C (), pp. y ; F (), pp. y
y N (), p. .
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley ., p. .
S (), p. .
T (), p. . Para una exposición más detallada, véase A et al. (),
pp. -.
Pro Jure Revista de Derecho vol. 63. Nueva Ley de Delitos Económicos (2024)
Ponticia Universidad Católica de Valparaíso
casos identica dos elementos transversales. Primero, la intervención de
una empresa que otorgaba un aporte económico a una o varias candidatu-
ras, de modo irregular. Segundo, el registro del aporte en un documento
tributario que daba cuenta de hechos no reales, paradigmáticamente, de
servicios no prestados.
El escándalo público que generó el descubrimiento de tales casos de
ilicitud electoral se vio acompañado por investigaciones criminales desa-
rrolladas por el Ministerio Público. Sin embargo, la inexistencia de tipos
penales que sancionaran tales conductas dentro del contexto sistemático
de los «delitos electorales» provocó la decisión de utilizar, a efectos de
justicar dicha persecución, el delito de facilitación maliciosa de docu-
mentos tributarios falsos, previsto en el artículo número inciso nal
Difícilmente puede armarse, una década más tarde, que el sistema
de justicia penal chileno haya aceptado dicha decisión. Según expone el
Ministerio Público, en relación a las causas denominadas Penta, SQM y
Corpesca, de todos los políticos imputados por la comisión del delito del
artículo número inciso nal del Código Tributario, existen a la fecha
solo tres condenados, todos en procedimiento abreviado. Las investigacio-
nes en torno a los restantes imputados han sido suspendidas condicional-
mente (cinco), sobreseídas denitivamente (cuatro) y archivadas provisio-
nalmente (dos). Existen además dos absoluciones dictadas en juicio oral
y dos imputaciones pendientes de resolución.
Sin embargo, la insatisfacción pública con las reglas que denían la
relación entre dinero y política en el nanciamiento electoral generó un
diagnóstico crítico, con el resultante descrédito del sistema político, en
En este mismo sentido, véase N (), pp. -.
Véase A et al. (), pp. -. Al respecto M (), p. , señala
que «ante la virtual inexistencia de guras típicas destinadas a su sanción especíca o
particular, los órganos persecutorios han recurrido a la identicación de irregularidades
contables o falsedades o adulteraciones tributarias —orientadas a justicar gastos inexis-
tentes— como única vía de sanción penal, a pesar del evidente carácter secundario o mar-
ginal que dichas guras tienen en cuanto a la trascendencia social de los hechos juzgados.
De ahí que se haya llegado a calicar dicho proceder como algo relativamente torcido o
directamente como una tergiversación del sentido de injusto que motiva a penalizar estos
casos en particular».
F N ().
Véase, en ese sentido, el discurso de la presidenta Michelle Bachelet, de de mar-
zo de , y el discurso de Eduardo Engel, de de abril de , en C A
P (), pp. - y -, y su diagnóstico, pp. y siguientes. Véase tam-
bién C (), pp. y siguientes. Para un análisis estadístico del impacto en la
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