Los presupuestos públicos
| Autor | Oskar Georg Fischbach |
| Cargo del Autor | Juez del Tribunal de Distrito de Estrasburgo Ex Presidente de la Oficina Nacional de la Deuda (Alemania) |
| Páginas | 89-101 |
89
DERECHO POLÍTICO GENERAL Y CONSTITUCIONAL COMPARADO
SEGUNDA PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS
SECCIÓN PRIMERA
1. Nociones históricas
I. Los o rígenes de esta institución, como los de todo el Derecho público, se
encuentran en Inglaterra. Ya en la Edad Media era norma fundamental solicitar la
aprobación parlamentaria para la creación de nuevos impuestos. Al principio, el
Parlamenté se limitaba a votar una cantidad, dejando que el Gobierno la distribu-
yese como creyese necesario entre los varios departamentos. Hasta 1666 o 1668 no
se estableció la prácti ca d e es pecificar los fines en que habían de inverti rse las
sumas aprobadas. En el siglo XVIII aparece el primer acto parlamentario en que las.
Cortes unifican y ordenan los créditos concedidos, con indicación de los fines a que
han de destinarse. Fue el primer Presupuesto, en el sentido moderno de la palabra,
distinto del antiguo sistema de aprobación de los impuestos en el régimen de los
«Estados genera les». De la aprobación parlamentaria se exceptuaban todos los gas-
tos e ingresos fijados por las leyes; los demás , los señalaba todos los años el Parla-
mento, dentro de un fondo especial (Consolidated fund). La aprobación se formaliza-
ba primeramente por var ias leyes y luego por una sola (Consolidat ed f und a ct o
appropiation act). Para nivelar los gas tos y los ingresos, el Parlamento autorizaba,
anualmente, una serie de impuestos mobiliar ios (principalmente sobre la renta),
mediante ley especial (cus-oms and inland revenue act). Véase Hatschek, El Derecho
político del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, 1914, páginas 70 y siguientes.
II. En el Continente y principalmente en Fr ancia, el Presupuesto tuvo también
su orige n en la aprobación de los impuestos por los antiguos «Estados generales».
Este régimen de ap robación llevaba consigo, naturalmente, la fiscalización de los
gastos públicos. La Constitución de 3 de septiembre de 1791 señaló entre las atribu-
ciones del Poder leg islativo la de aprobar anualment e lo s im puestos y fijar los
gastos de la Nación, sin más reserva que la del pago de los intereses de l a Deuda
pública y la Lista civil, indiscutibles en derecho. La Carta de 4 de junio de 1814
confería también a las Cámaras la facultad de aprobar periódicamente l os impues-
tos del Estado. Hasta la época de Napoleón, la autorización de los gastos públicos
por el Parlamento adoptaba la forma de concesión de una suma total. Todavía no se
especializaba su distribuc ión p or dep artamentos y atendiendo a las necesidades
administrativas.
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