'Una política de gratuidad debiera tomar dos o tres años para discutirse'
-Frente a uno de los anuncios de gratuidad, usted afirmó que era inconstitucional, pues discriminaba arbitrariamente entre estudiantes. ¿Sigue pensando así del proyecto presentado?
-Los problemas de discriminación arbitraria están, en lo sustancial, superados ahora en el proyecto, pues es razonable que una política pública haga distinciones entre las instituciones en las que estudian los alumnos vulnerables, si esas diferencias están destinadas a asegurar que sus aportes vayan a cubrir costos de educación y no de lucro y cuando exigen calidad, medida en años de acreditación. Lo que no aparece razonable es que se excluya a las universidades del CRUCh de esa misma exigencia de calidad. ¿Cómo podría justificarse eso? No me lo explico; pero el vicio está en no extender a esos planteles estatales el requisito de acreditación, no en aplicárselos a las privadas. El tercer requisito, el de participación, quedó tan desdibujado al reducirse a exigir a un estudiante o administrativo participando con derecho a voz en cualquier órgano de dirección, que me parece que todas las que cumplan los requisitos anteriores cumplirán este, lo que así no hará entonces diferencias efectivas. Si las hiciera, si alguna universidad cumpliera los requisitos anteriores y no este de participación, el Gobierno tendría que explicar cómo es que la presencia de un estudiante o administrativo con derecho a voz en cualquiera de los órganos de dirección universitaria es requisito necesario para garantizar la calidad educativa para el alumno vulnerable que el Estado financia. Es difícil hacer ese argumento.
-Usted afirmó que la gratuidad no podía alcanzarse a través de una glosa presupuestaria.
-Esta es una reforma estructural y muy relevante. Para que el Estado asegure responsablemente gratuidad a estudiantes vulnerables, resulta indispensable que los cupos por carrera elegible, el costo de los aranceles y las duraciones de las carreras sean fijados por el mismo Estado. Si las universidades mantuvieran su autonomía en cualquiera de estos aspectos, el Gobierno no podría ya presupuestar ni controlar el gasto. Trasladar desde la autonomía de cada universidad al Estado la definición de estas tres cosas y luego fijarlas no es baladí. Es una tremenda decisión, de vastas consecuencias, que, a mi juicio, merecía discutirse y aprobarse en un proceso políticamente adecuado.
-Pero el Estado no está imponiendo la gratuidad. Cada universidad es libre de aceptarla o rechazarla.
-Eso, en lo...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba