Polémica en Bolivia por decreto que penaliza desinformación sobre virus - 12 de Mayo de 2020 - El Mercurio - Noticias - VLEX 844503758
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Polémica en Bolivia por decreto que penaliza desinformación sobre virus

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Vincent

Un decreto de la Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que sanciona penalmente la desinformación sobre el coronavirus desató ayer una ola de críticas de periodistas y políticos, quienes consideraron que la medida pone en riesgo la libertad de expresión en el país.La norma, promulgada el 7 de mayo y hecha pública el domingo 10 de mayo -cuando se conmemora el Día del Periodista boliviano-, establece que las personas que "difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal". Las penas van entre uno y diez años de cárcel.El gobierno aseguró que el decreto se ampara en la declaración de emergencia sanitaria y cuarentena nacional vigentes desde marzo para prevenir la propagación del coronavirus en Bolivia, y citó el artículo 18 de la Constitución que dice que "todas las personas tienen derecho a la salud".La normativa desató críticas dentro y fuera del país. En un comunicado, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia expresó su "profunda preocupación" por el decreto y su presidente, Pedro Glasinovic, dijo que la medida es "absolutamente subjetiva, un exceso y un grave riesgo para la libertad de expresión". El gremio también recordó que la Constitución ya contempla, en su artículo 103, la obligación por parte de los emisores de contenido de difundir información responsable y veraz, y que corresponde a los órganos de autorregulación de la prensa la potestad para controlar que se cumplan esas premisas."Por un lado, la protección de la salud pública en medio de la pandemia requiere información precisa, clara y basada en evidencias científicas. Por otro, el decreto del gobierno lesiona el derecho fundamental de la libertad de expresión y es plenamente incompatible con las normas internacionales y los deberes del gobierno interino, incluido el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", comentó a "El Mercurio" John Walsh, director de Los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un grupo de investigación y defensa de los DD.HH. con sede en Washington. En un reciente informe, Human Rights Watch también denunció que el gobierno de Áñez realiza "ciberpatrullaje" contra supuestos desinformadores y que se trataría de un intento de acallar a los...

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