La pobreza y su tratamiento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (1991-2015)
| Autor | María Angélica Nieto Rodríguez - Carlos Mauricio López Cárdenas |
| Cargo | Especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana - Colombia y abogada de la Universidad del Rosario - Colombia. Actualmente, se desempeña como Coordinadora del Área de Pro Bono del prestigioso estudio jurídico Gómez-Pinzón Zuleta en Colombia - Doctor en Derecho y Magíster en Derecho ... |
| Páginas | 327-364 |
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LA POBREZA Y SU TRATAMIENTO EN LA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA (1991-2015)*1
povErty and its trEatmEnt in thE JurisprudEnCE oF thE
Colombian Constitutional Court (1991-2015)
2maría angéliCa niEto rodríguEz**
Universidad del Rosario - Colombia
mariaan.nieto@urosario.edu.co / nietorod.maria@hotmail.com
3Carlos mauriCio lópEz CárdEnas***
Universidad del Rosario - Colombia
carlosm.lopez@urosario.edu.co / carloslop12@hotmail.com
Resumen: El presente trabajo busca realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del fenómeno
social y económico de la pobreza por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colom-
bia, con el fin de observar (i) el grado de protección que se ha prohijado a personas que por su precaria
condición socio económica se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, (ii) el contenido
y alcance de los derechos tutelados, (iii) las órdenes proferidas y (iv) las consecuencias constitucionales
que ello implica en materia de judicialización de la política para combatir la pobreza.
PalabRas clave: Pobreza, políticas públicas, jurisprudencia constitucional, derechos económicos
sociales y culturales, derechos fundamentales, constitucionalismo de la pobreza.
abstRact: The present work aims to realize a quantitative and qualitative analysis of the social
and legal phenomenon of poverty by the jurisprudence of the Colombian Constitutional Court with
the finality of observe (i) the protection level recognized to people whose precarious social economic
condition puts them in a special vulnerability situation, (ii) the aim and scope of the protected rights,
* Artículo recibido el 23 de abril de 2016 y aprobado el 11 de abril de 2018.
** Especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana
- Colombia y abogada de la Universidad del Rosario - Colombia. Actualmente, se desempeña como Coor-
dinadora del Área de Pro Bono del prestigioso estudio jurídico Gómez-Pinzón Zuleta en Colombia. Orcid
ID: 0000-0002-9385-1917.
*** Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid -
España, Magíster en Derecho Administrativo y abogado de la Universidad del Rosario - Colombia. Actual-
mente, se desempeña como profesor principal de carrera académica e investigador del Grupo de Derecho
Público de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Orcid ID: 0000-0003-4316-5238.
Estudios Constitucionales, Año 16, Nº 1, 2018 pp. 327-364
ISSN 07180195
Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca
“La pobreza y su tratamiento en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional de Colombia (1991-2015)”
María Angélica Nieto Rodríguez - Carlos Mauricio López Cárdenas
Estudios Constitucionales, Año 16, Nº 1
2018, pp. 327-364
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2018, pp. 327-364
María angélica nieto rodríguez - carlos Mauricio lópez cárdenas
(iii) the orders that had been proffered and (iv) the constitutional consequences that it implies in matter
of judicialization of policies to fight against poverty.
KeywoRds: Poverty, public politics, constitutional jurisprudence, social economic and cultural
rights, fundamental rights, poverty constitutionalism.
introduCCión
La pobreza, como eje del presente estudio, es un fenómeno complejo de orden
social y económico que por definición comporta la escasez de bienes y servicios
básicos que degenera en “la insatisfacción de las necesidades básicas como ali-
mento, vivienda, educación, salud, o como algunos han identificado, carencia de
una vida digna”.1, lo cual, en su conjunto afecta negativamente el desarrollo del
individuo y el cumplimiento de los cometidos estatales relacionados con el bien-
estar personal, especialmente, en lo que toca con la garantía de unas condiciones
básicas que permitan alcanzar un nivel mínimo de vida.
En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que la
pobreza es un fenómeno que abarca una multipolaridad de elementos que esen-
cialmente afectan la dignidad humana desde la perspectiva del desarrollo personal
y social del individuo:
“la pobreza es fundamentalmente una denegación de opciones y oportunidades, una
violación de la dignidad humana. Es la falta de capacidad elemental para participar
efectivamente en la sociedad. Es no tener lo suficiente para alimentar y vestir a una
familia, no tener acceso a escuelas, dispensarios, no disponer de tierra para producir
alimento o empleo para ganarse la vida, no tener acceso al crédito. Es la inseguridad,
la impotencia y la exclusión de las personas, los hogares y las comunidades. Es la
susceptibilidad a la violencia, y a menudo significa vivir en ambientes marginales y
frágiles, sin acceso a agua apta para el consumo ni al saneamiento”2.
La pobreza se consolida –en consecuencia– como un factor determinante en
las dinámicas de exclusión social3, toda vez que disminuye los niveles de partici-
pación ciudadana de aquellos sectores sociales con condiciones de vida precarias,
1 aguirrE (2009), p. 25. En sentido similar lo vuolo et al. (2004), pp. 28-33. Un análisis sobre las teorías
contemporáneas del concepto de pobreza en stark (2009).
2 naCionEs unidas (1998), párr. 3.
3 “La pobreza, en todas las variantes que se postule, no es el único problema social sino una de las formas
en que se expresan los problemas sociales. La pobreza suele presentarse conjuntamente –y muchas veces
confundirse– con otras formas de privación de elementos esenciales para que las personas puedan desarrollarse
de forma “normal” en la sociedad”. abramoviCh y pautassi (2006), p. 10.
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corte constitucionaL de coLombia (1991-2015)
que se ven obligados a apartarse de la colectividad, cuyas estructuras sociales e
institucionales hacen que el nivel de representatividad de sus intereses y necesi-
dades se vea reducido sustancialmente4.
Dentro de este contexto de exclusión, a las autoridades estatales se les impone
un deber positivo de erradicar en la mayor medida de lo posible las desigualdades
sociales existentes, poniendo especial cuidado y diligencia en la satisfacción de
las necesidades de quienes se encuentran en condiciones de pobreza y desposei-
miento, adoptando dinámicas incluyentes que generen esquemas proactivos de
superación de pobreza, reemplazando así las tradicionales dinámicas asistencialistas
en materia de política pública. En tal sentido, uno de los principales retos que se
deben superar sobre este punto radica en consolidar y fortalecer la
“capacidad de guiar con estándares y principios la actuación de los Estados democrá-
ticos en las situaciones concretas, tanto la jurisprudencia de los tribunales, a fin de
determinar el alcance de los derechos, como los procesos de formulación de políticas
públicas, contribuyendo de ese modo al fortalecimiento de las garantías institucionales
y sociales de esos derechos en los diferentes espacios nacionales”.5
Partiendo de lo anterior, el presente estudio se estructura específicamente sobre
el análisis del papel del juez constitucional en la lucha contra la pobreza, a partir
del examen de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, con el
fin de verificar si –efectivamente– esta corporación ha generado una dinámica de
construcción de políticas públicas para combatir la pobreza mediante las reglas
jurídicas y órdenes presentes en su jurisprudencia.
Este análisis no pasa por alto el hecho de que le corresponde al poder legislativo
el diseño de políticas públicas para combatir la pobreza y al ejecutivo el deber de
su ejecución.6 No obstante, el punto focal de este estudio consiste en determinar
los niveles democratización e inclusividad que incorporan las decisiones judicia-
les y la adecuación y efectividad con que contribuyen al fortalecimiento de una
política pública con enfoque de derechos.
Por consiguiente, la observación que será realizada a partir del contexto del
constitucionalismo de la pobreza deberá entenderse como “la influencia decisiva
4 La Declaración del Milenio, precisamente, parte de esta relación entre pobreza y democracia. naCionEs
unidas (2000), párrs. 24-25. Sobre el particular consultar: lEpianka (2003) [conceptualiza la relación
pobreza y exclusión]; botha (2011) [sobre el concepto de democracia y la representación]; FrasEr (2011)
[sobre escalas de exclusión].
5 abramoviCh y pautassi (2006), p. 6.
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-772 de 2003. MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
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