Los plazos, la forma y prueba del derecho de desistimiento en la contratación a distancia en el ordenamiento jurídico español
| Autor | Henrry Sosa Olán - Vicente Torre Delgadillo |
| Cargo | Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca España. Profesor Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México. Correo electrónico: henrrypleyares@hotmail.com - Doctor en Derecho Financiero por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Derecho Tributario por la Universidad de Guanajuato. Profesor titular de Derecho Civil, Facultad de ... |
| Páginas | 75-96 |
SOSA OLÁN, Henrry, TORRE DELGADILLO, Vicente (2019): “Los plazos, la forma y la prueba del
derecho de desistimiento en la contratación a distancia en el ordenamiento jurídico español”, Ars Boni et
Aequi, Año 15, N° 1, pp. 75-96.
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Los plazos, la forma y prueba del derecho de desistimiento en la contratación a
distancia en el ordenamiento jurídico español
The deadlines, the form and proof of the right of withdrawal
in the e-commerce in the Spanish legal order
Henrry Sosa Olán
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Tabasco, México
Vicente Torre Delgadillo**
Universidad Autónoma de San Luis de Potosí
San Luis de Potosí, México
RESUMEN: La forma y prueba del ejercicio del derecho de desistimiento es una cuestión
crucial sobre la que en la Unión Europea y en el sistema legal español se han pronunciado
los Tribunales en distintas sentencias. Existen diversas formas en que el consumidor puede
ejercer el derecho que le asiste. Pero, como a él le corresponde la prueba del ejercicio, debe
dejar constancia de ello. En este sentido, la Directiva de los consumidores de 25 de octubre
de 2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (fecha de efecto 12 diciembre 2011 y de
transposición 13 diciembre 2011) y el Texto Refundido de la Ley de Consumidores y
Usuarios de 2007 (en vigor 1 diciembre 2007) implementan en sus respectivos anexos un
formulario de desistimiento el cual se convierte en un elemento formal del contrato debido
a que su incumplimiento total o parcial puede ocasionar sanciones civiles y administrativas
para el empresario.
PALABRAS CLAVE: derecho de desistimiento; consumidor; directiva; contrato a
distancia; obligación de informar y documentar.
ABSTRACT: The form and proof of the exercise of the right of withdrawal is a crucial
issue on which the Courts have ruled in different sentences in the European Union and in
the Spanish legal system. There are several ways in which the consumer can exercise the
right that assists him. However, as the excercise test corresponds to him, he must record it.
In this sense, the Directive of the consumers of October 25, 2011 of the European
Parliament and of the Council (effective date December 12, 2011 and transposition
December 13, 2011) and the Consolidated Tex of the Law of Consumers and Users of 2007
(effective December 1, 2007) implement in their respective annexes a withdrawal form
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca España. Profesor Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, México. Correo electrónico: henrrypleyares@hotmail.com
** Doctor en Derecho Financiero por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Derecho Tributario
por la Universidad de Guanajuato. Profesor titular de Derecho Civil, Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, S.L.P. México. Correo electrónico: vicente.torre@uaslp.mx
Artículo recibido el 9 de mayo de 2018 y aceptado para publicación el 21 de agosto de 2018
Ars Boni et Aequi, Año 15, N° 1, pp. 75-96.
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which becomes a formal element of the contract because its total or partial breach may
cause civil and administrative penalties for the entrepreneur
KEYWORDS: right of withdrawal; consumer; directive; distance contract; obligation to report
and document.
INTRODUCCIÓN
El tema del derecho de desistimiento de consumidor en materia de contratación a nivel
internacional es un tema que reviste gran importancia en el comercio en esta era marcada
por la globalización.
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011 (en adelante también DDC),
operada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo (en adelante también Ley de consumidores del
año 2014), debido a que provocó notables cambios en el Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, en adelante también TRLGDCU). Entre ellos la implementación de un
formulario de desistimiento, el cual tiene como objetivo principal facilitar el ejercicio del
derecho de desistimiento al consumidor, ya que en el pasado este fue uno de los caballos de
batallas en donde se suscitaron problemas a nivel comunitario, siendo determinante el papel
del Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas (en adelante también TJCE).
Además, algunas de las empresas que se dedican al comercio electrónico no implementan
dentro de sus condiciones generales el mencionado formulario o lo entregan de manera
incompleta, razón por la cual se harían acreedoras a sanciones civiles y administrativas.
El problema radica en la falta de implementación del formulario de desistimiento en los
contratos que amparan las operaciones comerciales a distancia, lo que genera prácticas
desleales o abusivas y vicia la manifestación de un consentimiento totalmente informado
por parte de los consumidores.
Ante la situación antes planteada surgen en primera instancia las siguientes preguntas
empírico descriptivas: ¿En qué consiste la contratación a distancia? ¿Cuáles son su ámbito
objetivo y subjetivo? Una vez dilucidadas las anteriores interrogantes aparecen
cuestionamientos de carácter empírico explicativo sobre qué es el derecho de desistimiento,
cuáles son las características del derecho de desistimiento, cómo se regulan los plazos en
los contratos a distancia o electrónicos de bienes, cómo se aplica la normativa respecto a la
implementación del formulario de desistimiento en los contratos a distancia, cómo deben
actuar las autoridades ante situaciones de incumplimiento por parte de empresas a la
implementación de formulario de desistimiento en los contratos electrónicos de
compraventa de bienes.
Las respuestas a los cuestionamientos mencionados en el párrafo anterior van ligados de
manera indubitable al cumplimiento de los parámetros establecidos en la actual Directiva
de los consumidores del año 2011, y el Texto Refundido de la Ley de Consumidores y
Usuarios, del año 2007. Es necesario identificar de manera clara las acciones que han
provocado y provocan en la actualidad obstáculos para la adecuada aplicación del marco
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