Pago de multa permite concretar la expulsión de 9 bolivianos detenidos
Al cierre de esta edición, estaba presupuestado que una caravana partiría desde ahí en dirección al Complejo Fronterizo de Colchane, en un viaje de más de dos horas, donde se realizarían los trámites migratorios para luego ser dejados en territorio boliviano.
El ministro de la Presidencia boliviana, René Martínez, aseguró que "las autoridades chilenas han señalado que este procedimiento va a empezar a viabilizarse mañana (miércoles) en horas de la madrugada; vale decir que nuestros compatriotas estarían siendo puestos en frontera cerca a media mañana hasta el mediodía".
Para que se hiciera efectiva la expulsión, a las 12:49 horas de ayer, el cónsul Esteban Catarina; la secretaria del consulado en Iquique, Claudia Dávila, y el abogado de la procuraduría nacional de Bolivia, Roberto Álvarez, realizaron el pago de $32.176.275 en la principal sucursal del BancoEstado en esa ciudad. Diez minutos más tarde salieron en dirección a la oficina del abogado defensor Claudio Vilas, quien se encargó de informar al tribunal. A las 14:30 horas, la jueza del tribunal de Garantía de Pozo Almonte, Isabel Peña, acreditaba el pago mediante una resolución, lo que permitía iniciar los trámites administrativos desde la Gobernación de Iquique, para que la PDI ejecutara la expulsión.
Considerando las acusaciones de familiares y del propio Presidente Evo Morales, sobre supuestas "torturas" a que habrían sido sometidos los nueve detenidos, el director regional de Gendarmería, Sergio Castillo, aseguró que estos se encuentran en buenas condiciones.
"Todos los días, de lunes a domingo, hay revisiones de constatación de lesiones tanto en la mañana como en la tarde; incluso vino la Cruz Roja Internacional y han dado cuenta de que Gendarmería está revisando constantemente tanto su peso como alimentación y condición física", manifestó.
Explicó que los prisioneros incluso han ganado peso. "Nosotros dimos a conocer en audiencia, para que se leyera el informe, donde quedó en acta que los internos que llegaron con 70 kilos, estaban pesando 75 o 76 kilos", aseguró.
En el último informe sobre el estado de los imputados, al que tuvo acceso "El Mercurio" y que es firmado por Verónica Moreno, médico jefe de la Unidad de Salud del complejo penitenciario concesionado, se indica como conclusión -para cada uno de los detenidos- que "el paciente (está) con ciclo estable, buen estado general, no refiere molestias". El documento incluso lleva el seguimiento de la talla, peso, temperatura...
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