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Proyecto de Ley Num. 14694-17 de Senado, de 23 de Noviembre de 2021 (Otorga reconocimiento a las personas defensoras de Derechos Humanos.)

Número de expediente14694-17
Situación actualPrimer trámite constitucional (Senado)
Cámara de origenSenado
EtapaEn tramitación
Tipo de proyectoProyecto de Ley

Boletín N° 14.694-17

Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Latorre, que otorga reconocimiento a las personas defensoras de Derechos Humanos.

  1. La dignidad y los Derechos Humanos.

    Qué duda cabe de que el concepto de dignidad se encuentra en el centro de los derechos humanos. En efecto, los derechos humanos o, si se prefiere, los derechos fundamentales, tienen por objeto concretar ciertas exigencias humanas que se derivan incondicionalmente de este concepto y que no pueden ser ni omitidas ni soslayadas, en tanto involucran ciertas necesidades que resultan ser fundamentales e imprescindibles para poder llevar una vida decente, una vida digna.

    Precisamente el concepto de dignidad, en tanto libertad, constituye el fundamento de los derechos humanos. Es a través de este concepto que a lo largo de la historia se han conducido las más importantes aspiraciones humanas, que en términos generales podemos encontrar consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

    Los derechos humanos se presentarían por una parte, como verdaderos límites para el Estado, por cuanto sería deber de éste atender positivamente a su efectivo resguardo y garantía. Así, los derechos humanos tendrían un cierto núcleo de certeza que no podría ser obviado o desconocido por el Estado, ya que se relacionaría de forma universal e irrenunciable con la dignidad de la persona. Por otra parte, los derechos humanos constituirían un parámetro por medio del cual se podría medir el grado de justificación y aceptabilidad de las distintas formas de organización política. Como señala el catedrático español Eusebio Fernández: “el respeto a los derechos humanos es una de las pruebas ineludibles por las que debe pasar una sociedad, un sistema político y un derecho que intenten ser aceptados desde el punto de vista moral”.

    Definir el concepto de dignidad no resulta ser una tarea sencilla, al ser un término difícil e impreciso. Sin embargo, podemos llegar a éste a través de la vía negativa, es decir, preguntándonos por cuáles situaciones o acciones lesionarían o vulnerarían de alguna manera este concepto. Por esta vía, no vacilamos al momento de poder identificar en términos concretos aquellas situaciones o comportamientos que atentan o violentan la dignidad de una persona, lo anterior, ya que el acto de reconocer y proteger la dignidad humana conlleva poder realizar todos los esfuerzos que permitan terminar con la humillación e invisibilización humana.

    Hacemos referencia al concepto de dignidad, por cuanto constituye el núcleo central en la fundamentación de un proyecto de ley que tiene por objetivo el reconocimiento a quienes legítima y solidariamente trabajan por la defensa, en general, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas y todos.

  2. El reconocimiento del derecho a la defensa como un derecho autónomo y el fomento de su protección colectiva.

    Son muchas las personas, grupos y sectores de la sociedad civil que, tomándose en serio la relevancia de los derechos humanos, se han encargado de defenderlos de todas aquellas acciones o situaciones que puedan ponerlos en riesgo o vulnerarlos, siempre que este derecho a la defensa se realice dentro del marco de la Constitución Política de la República y de las leyes. A estas personas las identificamos como “defensores de los derechos humanos”. En términos generales, se trata de personas que, de manera individual o colectiva, buscan promover, proteger y procurar la realización de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional. Cabe señalar que dentro de esta categoría de personas también encontramos a aquellos individuos que se encargan de defender específicamente los intereses vinculados al medio ambiente y la naturaleza.

    Sin embargo, la labor de las y los defensores de derechos humanos (en adelante, “defensores de DDHH”) supone en sí misma ser una labor muy riesgosa en vista de la exposición física y pública que ella conlleva, habida cuenta de los muchos intereses contrapuestos a tales actividades y, que en el último tiempo, ha estado particularmente marcada en el ámbito del medio ambiente. En atención a ello, es que, por ejemplo, y a propósito de los defensores ambientales, Global Witness registró 212 muertes de defensores ambientales en el mundo el año 2019, siendo el año con mayor número de muertes. Según la misma organización, desde el año 2015 en el mundo muere al menos un defensor ambiental a la semana, y la tendencia va directamente al alza, siendo que en el año 2019 el promedio fue de 4 defensores asesinados a la semana. En el ámbito regional, de 208 muertes de defensores de derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe, 148 fueron defensores ambientales. Global Witness ha destacado que 4 de los 5 países con mayor muerte per cápita de defensores ambientales en el mundo son Latinoamericanos y, además, del total de muertes, dos tercios de ellas tienen lugar en Latinoamérica y el Caribe.

    Chile no ha sido la excepción. En efecto, este año 2021 ya se han registrado 3 casos de gran conmoción pública de amenazas a defensores ambientales, el de Verónica Vilches, Uriel González y Michael Lieberherr. A éstos podemos sumarles otros casos conocidos como son el del actual Gobernador de la Región de Valparaíso Rodrigo Mundaca, la Machi Francisca Linconao, la ex vocera de la CONES, Valentina Miranda, o el de la Presidenta del Colmed, Izkia Siches, quienes teniendo en común su trabajo en defensa de los derechos humanos, por diversas razones y circunstancias han sido también objeto de actos de violencia y amedrentamiento.

    El reconocimiento de la labor de las y los defensores de DDHH debe ser entendido y consagrado como un derecho autónomo, en el sentido de que tal como lo ha señalado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y como lo ha asimilado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que permite atribuir a una persona o grupo de personas la condición o estatus de defensor de derechos humanos, viene determinado por la actividad misma de promoción y protección que ellas y ellos realizan, independientemente de si dicha labor se ejerce a cambio de una remuneración o de su pertenencia a alguna organización, movimiento social u ONG en particular. Lo relevante es que este derecho se detenta y reconoce en atención a la labor o actividad desplegada por quien resulta ser defensor o defensora de derechos humanos, y que dice relación precisamente con la labor de promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, con independencia de las circunstancias que envuelven el quehacer de su trabajo o actividad; ese es el criterio identificador del derecho autónomo a la defensa.

    La relevancia que reviste el reconocimiento del derecho a defender los derechos humanos como un derecho autónomo e independiente por parte de las y los defensores, radica entonces en que la labor o actividad que realizan estas personas resulta ser crucial y de vital importancia para la sociedad en su conjunto. En efecto, ha sido a través de esta actividad que se ha permitido a lo largo de la historia el permanente avance en torno al reconocimiento y garantía de los derechos humanos, de los cuales todas y todos somos titulares. En buena medida, es gracias a la labor de defensa de los derechos humanos que se ha permitido la consolidación y crecimiento del horizonte de los derechos que hoy efectivamente disfrutamos. Asimismo, ha sido a través de las muchas luchas sociales desplegadas desde estas labores que se ha permitido instaurar un Estado Constitucional de Derecho, configurado como un sistema apropiado para poder garantizar la convivencia pacífica de nuestras sociedades y de nuestros derechos fundamentales. En consecuencia, la labor de las personas defensoras de DDHH contribuye al fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, lo cual redunda en un beneficio para toda la sociedad en su conjunto, al permitir que cada quien pueda libremente desarrollar sus propios planes de vida y con ello poder alcanzar un nivel de vida digno.

    En esta misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que: “(…) las defensoras y los defensores de derechos humanos...

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