Nueva demanda de Corfo contra SQM: exige restitución de pertenencias mineras, bienes y derechos de agua
Pero esa no es la única acción legal. Hay otras, hasta ahora desconocidas, que amenazan con dilatar la solución del conflicto hasta el 2018. La más polémica de estas acciones fue interpuesta por Corfo en agosto de este año, a la que accedió "El Mercurio" por Ley de Transparencia. Esta segunda demanda arbitral es sobre el "Contrato de Proyecto en el Salar de Atacama", que establece las condiciones en que debe operar SQM para poder explotar litio en 28.054 pertenencias mineras de propiedad fiscal en el salar de Atacama.
Mientras en la primera acción legal la diferencia era monetaria -Corfo exigía el pago de una deuda por concepto de diferencias de arriendo de US$ 17 millones, más una indemnización de US$ 18 millones-, la nueva demanda, según el texto al que accedió "El Mercurio", tiene por objeto terminar con el contrato y la restitución de todo lo que este contiene: pertenencias, servidumbres, derechos de agua y distintos bienes. Incluso, pide "la terminación anticipada o disolución de la Sociedad Minera Salar de Atacama", cuyos accionistas son SQM Potasios y SQM. También exige una indemnización "de la totalidad de los perjuicios tanto patrimoniales como extrapatrimoniales causados a la Corporación (Corfo), por las sociedades demandadas, como consecuencia de los incumplimientos contractuales que incurrieron".
SQM: Es una estatización encubierta
Ante esta nueva arremetida de Corfo, la minera no metálica presidida por Eugenio Ponce Lerou interpuso en septiembre pasado una demanda contra la corporación estatal, en la que plantea que si la estatal quiere revisar el precio pagado por la explotación del salar, que se contemple el período completo del contrato, desde 1997 hasta el 31 de diciembre de 2015. Según SQM, en esta cuenta no es la compañía la que debe dinero al fisco, sino al revés, Corfo adeuda a SQM una suma aproximada de US$ 500 mil.
La compañía también respondió a la segunda demanda de Corfo, donde pide que se le indemnice por los perjuicios que le provoca esta nueva jugada legal. Afirma que la estatal no desea continuar con contratos firmados hace más de dos décadas, y para ello ha ejecutado una serie de acciones para entorpecer el desarrollo de SQM Salar, la filial que opera en la zona. La minera sostiene que la corporación ha desplegado una campaña comunicacional destinada a hostigar a la empresa y crear una opinión pública desfavorable a su desarrollo. Incluso, SQM dice que esto es una estatización encubierta y que para tal fin...
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