Causa nº 35237/2017 (Casación). Resolución nº 24 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 22 de Mayo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 724043401

Causa nº 35237/2017 (Casación). Resolución nº 24 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 22 de Mayo de 2018

Fecha de Resolución22 de Mayo de 2018
MovimientoRECHAZA CASACION EN EL FONDO (M)
Rol de Ingreso35237/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación13689-2016 - C.A. de Santiago
Rol de Ingreso en Primer InstanciaC-16751-2012 - 25º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO
EmisorSala Tercera (Constitucional)

Santiago, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. VISTOS:

En estos autos rol Nº 35.237-2017, Municipalidad de C.V. interpuso demanda de nulidad de derecho público en contra del Servicio de Evaluación Ambiental por la dictación de la Resolución Exenta N° 245 de 22 de diciembre de 2003, por la Comisión Regional de Medio Ambiente del Bío-Bío, que calificó de manera favorable el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Centro Integral de Tratamiento Ambiental Fundo Las Cruces: CITA ECOBIO S.A.".

Expone que dicho acto describe el proyecto y destaca, en lo que interesa, que los “residuos que serán admitidos en el Centro Integral de Tratamiento Ambiental (CITA) se clasifican en peligrosos y no peligrosos” e incluye un listado, que denomina “Tabla 3.- Clasificación de Residuos”, que enumera de manera no taxativa una serie de elementos que caben dentro de cada una de esas categorías, concluyendo cada enunciación con la expresión "etc."

Alega que es inaceptable que una resolución que se pronuncia acerca del impacto ambiental de un proyecto sustituya el resto de la enumeración de los residuos peligrosos y no peligrosos por la expresión "etc." y, al respecto, subraya que el 24 de junio de 2011 el Director del SEA de la Región del Bío-Bío, en respuesta a una petición de certificación referida a la posibilidad de realizar el servicio de recepción, tratamiento y disposición final de residuos arsenicales y peligrosos, concluyó que, de acuerdo a la Resolución Exenta N° 245 de 22 de diciembre de 2003, la citada actividad está permitida, decisión a la que arribó basado en el empleo de la referida voz “etc.” y en la circunstancia que el acto impugnado sólo describe taxativamente los elementos cuya recepción está prohibida, mas no la de aquellos que están permitidos.

Invoca lo estatuido en el artículo 7 de la Constitución Política de la República, en relación con su artículo 6 y con lo prescrito en el artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que consagran el principio de juridicidad y de vinculación positiva a la ley, en cuya virtud es contraria a derecho una autorización que califica favorablemente un Estudio de Impacto Ambiental que contiene la expresión "etc." en relación a los elementos permitidos, puesto que la autorización en comento debe ser restrictiva.

Afirma que la resolución censurada no se ajusta a las disposiciones del Decreto Supremo N° 148 de 12 de junio de 2003, Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, que establece, entre otros aspectos, las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a las que debe someterse el tratamiento de residuos peligrosos, norma a la que, más aun, la resolución en comento ni siquiera se remite.

Acusa que se ha producido una desviación del fin que debe perseguir la autoridad mediante este acto, desde que, en lugar de proteger el medio ambiente, se ha buscado facilitar la operación de la empresa titular del proyecto.

Menciona a continuación el principio preventivo consagrado en la Ley N° 19.300 y sostiene que, en la especie, no se tuvo información previa para cumplir con el objetivo de la prevención y concluye aseverando que, en el caso en examen, concurren los requisitos para declarar la nulidad de derecho público solicitada, considerando en especial la trascendencia del vicio, en cuanto se permite recibir arsénico sin haber realizado un estudio sobre su impacto ambiental.

Termina solicitando que se declare la nulidad de derecho público de la Resolución Exenta N° 245, de 22 de diciembre de 2003, con costas.

Al contestar el demandado pidió el rechazo de la acción intentada, con costas. Para ello adujo, en primer lugar, la falta de legitimación activa de la demandante; enseguida sostuvo que no concurren los requisitos para declarar la nulidad de derecho público pedida y, por último, manifestó que los vicios de forma alegados no conllevan, necesariamente, la nulidad solicitada.

La sentencia de primer grado desestimó la excepción de falta de legitimación activa así como la demanda y, por último, declaró que lo decidido en esa sentencia -una vez quede ejecutoriada- producirá el mismo efecto, respecto del tercero coadyuvante ECOBIO S.A., que en relación a las partes principales del juicio.

Respecto del fondo del asunto controvertido el fallador tuvo presente que el vicio alegado consiste en que la resolución exenta impugnada contiene una enumeración no taxativa de sustancias cuyo tratamiento se permite, nómina que concluye con la expresión etcétera, misma que, según concluye, por sí sola no permite entender configurada una desviación de fines en la actuación administrativa. Al respecto, arguye que dicha expresión no implica, de forma alguna, la configuración de un vicio que haga anulable el acto, desde que en el mismo se incluye una lista taxativa de sustancias cuyo tratamiento se encuentra prohibido, de modo que, estando acotadas en un listado numerus clausus las prohibiciones, la enunciación de aquellas que se encuentran permitidas ha de ser numerus apertus, más aun si las sustancias tratables pueden variar en el tiempo, considerando que éstas pueden no existir a la fecha del otorgamiento de la autorización en comento.

Tal expresión no constituye un vicio de nulidad del acto, pues configura un espacio de discrecionalidad administrativa, en cuyo mérito la Administración se reserva la facultad de evaluar la eventual y posible inclusión de nuevos elementos en la nómina de residuos permitidos, para ser tratados por el titular; añade que tal situación, en caso alguno, vulnera, necesariamente y ex ante, la legalidad del acto, así como tampoco el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, desde que la discrecionalidad administrativa no constituye un espacio de "ausencia de control" o de "arbitrariedad", sino que es una herramienta con que cuenta la autoridad pública para dinamizar las reglas que rigen una materia en constante cambio, sin tener que requerir la modificación de la regla jurídica. En este sentido agrega que las potestades discrecionales importan un deber mayor de justificación por parte de la Administración, con el propósito de fundar la decisión adoptada, a diferencia de lo que ocurre en el ejercicio de las potestades altamente regladas, en que basta con subsumir los hechos en el derecho aplicable, resultando suficiente para ello contrastar la ocurrencia de los supuestos fácticos que hacen procedente la decisión administrativa mandatada en una norma jurídica ya existente.

Así las cosas, la presunción de legalidad que asiste a los actos administrativos debe ser destruida por quien alega su nulidad, situación que no concurre en el caso en análisis, desde que la prueba aportada por la parte demandante no acredita la existencia del vicio invocado.

Enseguida desecha la alegación consistente en que el acto reprochado vulneraría lo estatuido en el artículo tercero del Decreto Supremo N°...

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