Causa nº 45141/2017 (Apelación). Resolución nº 27 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 3 de Mayo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 716173081

Causa nº 45141/2017 (Apelación). Resolución nº 27 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 3 de Mayo de 2018

Fecha de Resolución 3 de Mayo de 2018
MovimientoCONFIRMA SENTENCIA APELADA (M)
Rol de Ingreso45141/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación1512-2017 - C.A. de Valparaíso
EmisorSala Tercera (Constitucional)

Santiago, tres de mayo de dos mil dieciocho. Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de su motivo cuarto, que se elimina.

Y se tiene, en su lugar y, además, presente:

Primero

Que la sociedad Montexchange S.A. dedujo reclamación de ilegalidad, al tenor de lo estatuido en el artículo 24 de la Ley N°19.913, contra la Resolución Exenta D.J. N°111-256-2017, de 22 de mayo de 2017, dictada por la Unidad de Análisis Financiero (en adelante UAF), por cuyo intermedio se le aplicó las sanciones de amonestación escrita y multa a beneficio fiscal de 20 Unidades de Fomento, por infracciones a la Circular UAF N°049/2012 de 3 de diciembre de 2012.

Expone que se trata de una casa de cambio que opera principalmente con turistas argentinos y brasileños que cruzan el Paso Los Libertadores, realizando en general operaciones de bajo monto.

Alega, en primer lugar, la prescripción extintiva, puesto que los cargos que dieron inicio al procedimiento sancionatorio le fueron formulados el 14 de enero de 2016, mientras que se puso término al proceso sólo el 13 de enero de 2017, a través de la dictación de la Resolución Exenta D.J. N°111-034-2017, que posteriormente fue dejada sin efecto, en tanto no se consideró la solicitud de prueba testimonial promovida por la actora. En consecuencia, por intermedio de dicha actuación el proceso se retrotrajo al estado de la formulación de cargos, verificándose un periodo de inactividad superior a aquel de seis meses regulado por el artículo 13 de la Ley N°19.880, operando así la extinción de la facultad sancionadora, por aplicación de los artículos 94 y 95 del Código Penal.

En subsidio, alega la inexistencia de hechos concretos que hayan sido constatados en la fiscalización, puesto que en el acta levantada al efecto sólo existen tres materias marcadas con una X que señala “no cumple”, en circunstancias que el fiscalizador no está facultado para determinar cumplimientos, sino sólo para constatar hechos.

Consecuencia de lo anterior es que ha debido sustentar su defensa en supuestos fácticos genéricos, dado que no se indica en el acta qué medidas debía adoptar para determinar a los clientes que poseen la calidad de Personas Expuestas Políticamente (PEP), no se especifica cuáles son aquellas que satisfacen el estándar de la “debida diligencia”, como tampoco se le señala qué programas de capacitación debía realizar o con qué periodicidad.

En subsidio de lo anterior, reprocha la falta de fundamentación y de análisis de la prueba rendida, en tanto, para cada uno de los cargos, ofreció documental y testimonial que, estima, no fue analizada conforme a las reglas de la sana crítica.Finalmente y en subsidio de las alegaciones anteriores, alega la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento, en razón del largo tiempo transcurrido, con la consiguiente vulneración de los principios de eficiencia y eficacia del procedimiento administrativo. En efecto, los cargos se fundan en situaciones enmendadas hace largo tiempo, de modo que la finalidad de la sanción no resulta satisfecha, atendida la oportunidad de su imposición.

Por estas razones, solicita se dejen sin efecto tanto la amonestación escrita como la multa.

Segundo

Que al informar la UAF alega, en primer lugar, la extemporaneidad del reclamo, explicando que la resolución que impone la sanción fue notificada mediante carta certificada depositada en la oficina postal de destino el 23 de mayo de 2017. Es así como el día 5 de junio se dedujo reposición, rechazada a través de la decisión de 19 de junio que fue notificada por carta certificada de 21 del mismo mes y año.

Añade que, conforme al artículo 23 de la Ley N°19.913, la reposición suspende el plazo para deducir el reclamo de ilegalidad, mientras que, según lo dispone el artículo 22 N°3 del mismo cuerpo legal, las notificaciones se entienden practicadas al quinto día siguiente de su recepción en la oficina de correos.En consecuencia, considerando las fechas ya expuestas, al momento de ser notificada la actora de la resolución que rechaza su recurso de reposición, restaban seis días hábiles para deducir el reclamo de ilegalidad, que vencieron el 6 de julio, mientras que la acción fue entablada el día 7, de modo que su interposición resulta extemporánea.

En cuanto a la prescripción, asevera que el oficio de cargos fue notificado a menos de seis meses de la fiscalización. En este sentido, las argumentaciones de la reclamante dicen relación, más bien, con la duración del procedimiento y no con la prescripción administrativa que, por lo demás, goza de un término de cinco años.

Respecto del fondo del asunto, el acta de fiscalización es sólo una parte del proceso, puesto que, al finalizar la visita, se dejó a la reclamante un requerimiento de información que fue evacuado y, con esos antecedentes, se emitió un informe de verificación de cumplimiento donde aparecen los hechos y omisiones advertidas en la fiscalización. En efecto, se realizaron cinco observaciones, se formularon luego cuatro cargos y se le sancionó por tres.

Sobre las alegaciones de la actora, afirma que la labor del servicio no es indicar a cada sujeto la manera de cumplir con sus obligaciones, en tanto son ellos quienes deben determinar la manera en que conducen su actividad. Por este motivo, no existieron las vulneraciones a los principios del procedimiento que vienen denunciadas, toda vez que se abrió un término probatorio dentro del cual fue rendida toda la prueba, que fue posteriormente considerada al momento de poner término al proceso administrativo. Todo lo anterior se verificó en poco más de un año.

Por estos motivos, solicita el rechazo del reclamo.

Tercero

Que se asentaron como hechos de la causa, los siguientes: 1. Con fecha 19 de agosto de 2015 se levantó el Acta de Fiscalización Nº 47/2015, que da...

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