Para modificar la Constitución Política de la República.
| Fecha | 06 Marzo 2018 |
| Número de Iniciativa | 11617-07 |
| Fecha de registro | 06 Marzo 2018 |
| Materia | CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA |
| Etapa | Primer trámite constitucional (Senado) Primer informe de comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento |
| Tipo de proyecto | Reforma constitucional |
| Cámara Legislativa de Origen | Senado,Mensaje |
Boletín N° 11.617-07
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de la República, para modificar la Constitución Política de la República.
MENSAJE Nº 407-365/
Honorable Senado:
A S.E. EL
PRESIDENTE
DEL H.
SENADO.
En uso de mis facultades constitucionales, he resuelto someter a vuestra consideración el presente proyecto de reforma constitucional. I.ANTECEDENTESLa necesidad de una Nueva Constitución ha sido un imperativo de las fuerzas democráticas desde la generación y entrada en vigencia de la Constitución de 1980 y se ha posicionado como uno de los temas centrales en la sociedad chilena durante los últimos años.
Los movimientos sociales desde el año 2011 han incorporado dentro de sus demandas la urgencia del cambio constitucional, la academia lleva años sosteniendo una discusión de alto nivel sobre el cambio constitucional, por lo que se planteaba a la política el desafío de dar respuesta a esta demanda de más de 37 años e iniciar el camino hacia una Nueva Constitución en el Chile democrático actual.
La experiencia comparada nos muestra que los textos constitucionales no solo cambian en momentos de crisis o quiebres institucionales, sino que es posible reemplazarlos, de manera pacífica, sin afectar el funcionamiento del Estado y a través de mecanismos que respeten la institucionalidad vigente. Claros ejemplos de lo anterior han sido los casos de Suiza, Suecia, Canadá, Australia, Finlandia y Colombia, quienes, con las particularidades propias de cada país, fueron capaces de generar sus cambios constitucionales en democracia. Estos cambios se han realizado, por regla general, en procesos graduales y donde el diálogo político fija el ritmo del cambio.
Además, se ha demostrado que cuantas más instancias de participación intervengan en la elaboración de una Constitución mejor será el proceso deliberativo y mejor fundamentada será la formación de preferencias de los ciudadanos respecto de una Nueva Constitución.
A partir de lo anterior, tuve la convicción de que las instituciones políticas no pueden quedar rezagadas a los nuevos desafíos que impone la modernización democrática, y que somos precisamente los actores políticos quienes tenemos la responsabilidad de impulsar políticas que permitan la adaptación de las instituciones a los cambios que experimenta la sociedad.
Es así que propuse al país que la Nueva Constitución fuese una de las tres reformas de fondo de mi Gobierno, junto con la reforma educacional y la reforma tributaria.
En mi Programa me comprometí a realizar un Proceso Constituyente democrático, institucional y participativo. Propuse generar un texto constitucional que pudiera responder a las demandas y desafíos actuales de nuestro país, en donde se encuentren las tradiciones democráticas y republicanas y que sea producto del consenso de los diferentes sectores de nuestra sociedad.
Siempre he creído que Chile merece que su Constitución reconozca y se base en un sistema plenamente democrático; que recoja las normas y principios de derechos humanos reconocidos en Chile y en el ámbito internacional; que establezca un equilibrio entre los derechos fundamentales plenamente garantizados, y un adecuado sistema frenos y contra pesos entre los poderes del Estado.
Por lo anterior, presenté el Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía como mecanismo de cambio constitucional, expresando que: “Chile necesita una nueva y mejor Constitución, nacida en democracia y que exprese la voluntad popular. Una legítima y respetada por todos, que la convierta en un motor de unidad nacional. Eso ha sido lo que consistentemente ha venido demandando la ciudadanía y es uno de los principales compromisos por los que fui elegida (…) Por eso la Constitución debe ser el techo común de nuestra patria, que nos albergue a todos, nos proteja a todos y nos permita avanzar juntos”.
Así, mi propuesta se ha sostenido en cinco pilares claves: 1) entender la Constitución como un acuerdo político y social de convivencia cívica, que sirva como marco jurídico general para el desenvolvimiento de la política, requiriendo acuerdos políticos amplios y legitimidad social; 2) la necesidad de que Chile cuente con una Constitución nacida en democracia, con instancias efectivas de participación y en donde se gobierne por acuerdos mayoritarios y con respeto de las minorías; 3) que la Nueva Constitución debe retomar la tradición constitucional chilena, republicana, democrática y social; 4) la convicción de que el país cambió, y se requiere de un nuevo texto que pueda dar cuenta de todos estos cambios y que nos permita hacer frente a los desafíos del futuro, donde todos los proyectos políticos, bajo un ambiente pluralista, puedan desarrollarse; y 5) la participación pública incidente como elemento legitimador y de reformulación del ejercicio del poder constituyente.
II.FUNDAMENTOS DEL PROYECTO- La tradición constitucional chilena, republicana, democrática y social, como marco para la Nueva Constitución
Desde mi Programa de Gobierno he sostenido que Chile debe reencontrarse con sus valores republicanos y dar origen a la Nueva Constitución, en la que confluyan las tradiciones constitucionales liberales, democráticas y sociales y que sea fruto de un auténtico consenso constitucional.
En nuestra historia constitucional se ha construido una tradición republicana y democrática que se caracteriza por la supremacía constitucional, el adecuado equilibrio entre los poderes del Estado, la ampliación progresiva de la ciudadanía y los derechos de las personas. Junto con ésta, desde inicios del siglo XX, la perspectiva social del Estado fue un eje fundante y configurador de nuestro constitucionalismo. Es esta tradición una de las fuentes inspiradoras para la Nueva Constitución que presento en este proyecto.
Lo anterior ha sido posible no obstante los complejos contextos en los cuales las constituciones previas han tenido su origen: su mayoría es producto de situaciones de excepción institucional, en espacios de deliberación restringidos y con ausencia de participación pública. Sus contenidos y el desarrollo democrático de nuestro país permitieron su legitimación en el tiempo, debiéndose acometer reformas para avanzar hacia tal fin.
En el transcurso de nuestra historia observamos dicha tradición. Las diversas cartas fundamentales presentan ciertos elementos comunes que conforman los principios orientadores, lo que se hace evidente en su concepción acerca de los derechos, los órganos del Estado y las características de la institucionalidad.
La conformación de esta tradición responde a la adecuación entre texto constitucional y el contexto en que las constituciones han sido redactadas. De esta manera, el constitucionalismo chileno promueve una adecuación y actualización permanente de sus contenidos a las necesidades y exigencias políticas, sociales, económicas y culturales de cada período. Bajo esta lógica, tal como señala el jurista alemán Karl Loewenstein, las constituciones deben adaptarse a las condiciones sociales en constante cambio.
Lo anterior se expresa en que existen normas que son propias de nuestra cultura constitucional y que han persistido sin grandes variaciones entre las diferentes cartas fundamentales, tales como la división de poderes, la elección democrática de las autoridades, las normas sobre soberanía, nacionalidad y ciudadanía, los derechos fundamentales como parte nuclear de la Constitución y las reglas de formación de la ley, entre otras, que han sido reproducidas en términos similares desde las primeras constituciones.
La conservación de ciertos elementos que nos identifican y que poseen un fuerte carácter republicano fueron antecedentes directos de las Constituciones posteriores. Por ello, ahora debemos basarnos en la solidez de nuestras tradiciones jurídicas, la democratización progresiva y en la construcción de un Estado de carácter social durante el siglo XX. Al mismo tiempo, debemos dar curso a nuestra capacidad de avanzar hacia una sociedad más abierta y moderna que responda a los cambios políticos, sociales y culturales de las últimas tres décadas.
A partir de los primeros textos constitucionales se han incorporado nuevos elementos en nuestro ordenamiento jurídico institucional, tal como el establecimiento de una República basada en la soberanía popular, el gobierno representativo, la consagración de los derechos fundamentales y la primacía de la ley. Desde la última...
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