Proyecto de Ley Num. 11735-07 de C. Diputados, de 10 de Mayo de 2018 (Modifica el Código Penal en cuanto a la tipificación y penalidad aplicable al delito de malversación de caudales públicos) - Proyectos de Ley - Iniciativas legislativas - VLEX 717236541

Proyecto de Ley Num. 11735-07 de C. Diputados, de 10 de Mayo de 2018 (Modifica el Código Penal en cuanto a la tipificación y penalidad aplicable al delito de malversación de caudales públicos)

Número de expediente11735-07
Fecha de última tramitación16 de Mayo de 2018
Fecha de apertura10 de Mayo de 2018
Situación actualPrimer trámite constitucional (C.Diputados)
Cámara de origenC. Diputados
EtapaEn tramitación
Tipo de proyectoProyecto de Ley

Modifica el Código Penal en cuanto a la tipificación y penalidad aplicable al delito de malversación de caudales públicos

Boletín N°11735-07

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

DE LA PROBIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

El fiel cumplimiento de la función pública ha sido una preocupación creciente en nuestro país en el último tiempo. Esto en haras de perfeccionar la utilización eficiente y eficaz de los recursos públicos dentro de los márgenes de legalidad establecidos por el ordenamiento jurídico. En este sentido, cumplir funciones públicas de manera proba es imperativo para todo quien las ejerza en las distintos niveles jerárquicos.

La Constitución Política de la República establece el principio de probidad como un eje rector de la responsabilidad administrativa, tanto de los órganos como de los funcionarios. En tal sentido, todo funcionario público debe dar estricto cumplimiento a dicho principio en todas sus actuaciones. Se trata de una deber que exige su cumplimiento sin excepciones y con la finalidad de siempre satisfacer el bien común, por sobre el interés particular.

Como lo señalan García y Contreras, los intereses públicos son definidos por la Constitución y por el legislador, y “se concretizan a través de múltiples instrumentos públicos, entre ellos, mediante la ejecución de políticas públicas. Por tanto, en cualquier circunstancia son conocidos por todos o susceptibles de serlo. Sin embargo, los intereses privados o particulares son tan disímiles y reservados que su publicidad es excepcional y cuyo único objeto es cumplir con el ejercicio de las leyes que son una carga pública, como por ejemplo, las tributarias.”. Al desconocer los intereses particulares, la ley impone el deber a los funcionarios públicos de exteriorizar y formalizar sus intereses mediante la “declaración de intereses”, a fin de determinar los potenciales conflictos concretos que puedan afectar su desempeño en el cargo. Por su parte, se hace necesario determinar el patrimonio de los funcionarios públicos, a fin de advertir sobre presuntos aumentos o cambios injustificados de los mismos.

Desde el punto de vista del Derecho Administrativo, la Ley Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece como uno de los principios de la organización administrativa al principio de probidad (artículo 3º). Este principio debe entenderse como la observancia de una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el interés particular (Art. 1 Ley Nº 20.880). En pos de estos objetivos, el ordenamiento jurídico ha establecido un conjunto de obligaciones para los funcionarios (por ejemplo: declaraciones de patrimonio e intereses) que funcionan como controles a priori y preventivos.

DE LOS DELITOS DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS

Como modo de resguardar la probidad administrativa, el ordenamiento jurídico también ha tipificado como delitos determinadas conductas que la afectan. El Título Quinto del Libro Segundo del Código Penal establece un catálogo de delitos cometidos públicos en el desempeño de sus cargos, dentro el cual, en su párrafo V, tipifica un conjunto de conductas bajo la figura de la malversación de caudales públicos. Las figuras que contiene el párrafo aludido son: malversación por apropiación o peculado (artículo 233, modalidad dolosa, y artículo 234, supuesto culposo); malversación por distracción o desfalco (artículo 235); malversación por aplicación pública diferente (artículo 236) y negativa a un pago o entrega (artículo 237).

Estos delitos de malversación constituyen delitos especiales propios, vale decir, sólo pueden ser cometidos por quien exhibe un estatus especial, en este caso de funcionario público, concepto definido en el art. 260 del Código Penal como “todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean de nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldo del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular.”

Esta especial posición en la que se encuentran los funcionarios públicos o todo aquel que tenga a su cargo la custodia y administración de fondos públicos difiere de aquella posición en la que se encuentran las personas en el ámbito privado. En este...

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