Reforma Constitucional Num. 11342-07 de C. Diputados, de 24 de Julio de 2017 (Modifica la Carta Fundamental para perfeccionar la regulación contenida en los Capítulos I a VIII en las materias que indica) - Proyectos de Ley - Iniciativas legislativas - VLEX 690483413

Reforma Constitucional Num. 11342-07 de C. Diputados, de 24 de Julio de 2017 (Modifica la Carta Fundamental para perfeccionar la regulación contenida en los Capítulos I a VIII en las materias que indica)

Número de expediente:11342-07
Fecha de última tramitación: 2 de Agosto de 2017
Fecha de apertura:24 de Julio de 2017
Situación actual:Segundo trámite constitucional (Senado)
Cámara de origen:C. Diputados
Etapa:En tramitación
Tipo de proyecto:Reforma Constitucional
 
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Modifica la Carta Fundamental para perfeccionar la regulación contenida en los Capítulos I a VIII en las materias que indica

Boletín N°11342-07

Antecedentes Generales

Quienes suscribimos la presente moción tenemos diversas visiones sobre el origen de la Carta Fundamental, sobre su contenido actual e incluso sobre eventuales mecanismos de reforma o sustitución de aquélla. Sin embargo, hemos intentado concordar una serie de modificaciones en las que tenemos coincidencias, esperando continuar explorando en el futuro la posibilidad de llegar a nuevos acuerdos en materia constitucional.

Hoy muchos chilenos se sienten plenamente identificados con el contenido actual de la Constitución, así como hay otros que mantienen importantes discrepancias. A quienes suscribimos la presente moción nos asiste la convicción que existe una posibilidad real de concordar un texto constitucional con el cual todos nos veamos efectivamente interpretados.

En el prólogo del Libro “Reforma constitucional 2005” el ex Presidente Ricardo Lagos sostuvo que “Chile cuenta desde ahora con una Constitución que ya no nos divide, sino que es un piso institucional compartido, desde el cual podemos continuar avanzando por el camino del perfeccionamiento de nuestra democracia. Nuestra Constitución no es más un dique para la vida nacional, la vida nacional puede fluir como un río por este cauce institucional.”

Si bien a juicio de muchos las palabras del ex Presidente analizadas el año 2017 pueden parecer un tanto optimistas o exageradas, lo cierto es que esta moción pretende precisamente avanzar en el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad, a partir de lo ya concordado el año 2005.

En ese mismo libro el profesor Francisco Zuñiga citando a Manuel García Pelayo nos recordó que una Constitución “no es nunca una obra acabada, sino una apertura de posibilidades para que los hombres realicen su convivencia".

En el año 1985 fuerzas políticas que representaban buena parte del espectro político nacional suscribieron el llamado “Acuerdo Nacional”, documento que aludía a las bases para transitar hacia una democracia plena y representativa.

El año 2005 la totalidad de los partidos políticos con representación parlamentaria lograron consensuar un texto constitucional que, entre otras materias, puso término a los senadores designados y vitalicios.

Los objetivos de esta moción son considerablemente menos ambiciosos que los citados recientemente. Solo procuramos constatar aquellas materias en las que existe acuerdo, esperando en el futuro explorar la posibilidad de extenderlo a otras materias.

Además, con esta iniciativa deseamos destacar el rol de este Congreso Nacional como instancia plenamente legítima para debatir y construir acuerdos.

A continuación se detallan las principales modificaciones propuestas.

  1. - Reconocimiento expreso del principio de transparencia.

    Esta propuesta recoge una moción (boletín 8805-07) de la ex senadora Alvear y de los senadores señora Allende y señores Larraín, Tuma y García, que se encuentra en segundo trámite constitucional, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara.

    Con ocasión de varias sentencias del Tribunal Constitucional dictadas en los casos Servicio Civil-Fosis, Ubilla y Larroulet, sobre acceso a correos electrónicos (STC 1990-2011, 2153-2011, 2246-2012), se ha generado la necesidad de establecer en la Constitución Política de la República que la transparencia es un principio que forma parte de las bases de la institucionalidad y que el acceso a la información pública es un derecho fundamental, incorporándolo como tal en el N°12 del artículo 19 de la Constitución Política.

    Esta necesidad surge de lo señalado en los considerandos 18 y 19 de la sentencia del Tribunal Constitucional (1990-2011) en los que se señala que la Constitución “…no habla ni de acceso, ni de entrega, ni de transparencia. No los descarta; pero tampoco cierra posibilidad al legislador.” Por su parte, en el considerando 15 (STC 2153-2011) y 22 (STC 2246-2012), se sostiene que “… En tercer lugar, el acceso a la información no recae sobre todo lo que hacen o tienen los órganos del Estado, sino sólo sobre sus actos y resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. La Constitución no habla de información.”.

    El Tribunal Constitucional ha razonado sobre la base de que “La Constitución no habla de información”. Las sentencias antes mencionadas limitan el derecho de acceso a la información pública, a que tal información exista en un procedimiento administrativo o bien forme parte de los fundamentos de actos administrativos.

    El Estado debe operar inspirado en el principio de la máxima divulgación. Este principio consiste en que el Estado debe otorgar acceso a toda la información de que dispone, con las excepciones contempladas en la Constitución, esto es, el funcionamiento del órgano, los derechos de las personas, la seguridad nacional y el interés nacional.

    Hoy el artículo 8° consagra el principio de publicidad de la información. A nuestro entender, el principio de la transparencia es más amplio que éste e, incluso, lo contiene. El principio de transparencia, exige no sólo que la información del Estado esté disponible para la ciudadanía a su solicitud -principio de publicidad-, sino un rol proactivo en ponerla a disposición de las personas.

  2. - Reconocimiento expreso del derecho de acceso a la información

    Vinculado con lo anterior se propone reconocer expresamente el derecho de acceso a la información, en el artículo 19 N°12 de la Constitución.

    Además en el texto propuesto nos hacemos cargo de las observaciones formuladas por el Consejo para la Transparencia durante la discusión del proyecto mencionado en el punto anterior.

  3. - Pérdida de nacionalidad concedida por gracia a quienes hayan sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.

    Con esta modificación se recoge una propuesta que se efectúa en la reforma constitucional en materia de nacionalización por ley en relación con la condena por delito que merezca pena aflictiva, boletín N°9847-07, de los diputados señora Molina y señores Bellolio, José Antonio Kast y Barros. Además de la pérdida de la nacionalidad concedida por gracia a quienes hayan sido condenados por delito que merezca pena aflictiva se propone como requisito para concederla el no haber sido condenado por ese tipo de delitos.

    Con la propuesta ya no se requerirá de una ley que revoque la nacionalidad cuando el favorecido haya cometido un delito como el señalado.

  4. - Eliminación de referencia a la pena de muerte en la Constitución Política de la República

    Para ello se propone suprimir el párrafo tercero del número 1 del artículo 19.

  5. - Reconocimiento expreso del debido proceso en el ámbito jurisdiccional y administrativo.

    El debido proceso presenta una característica particular en nuestro ordenamiento constitucional: no está reconocido expresamente en la Constitución Política de la República de Chile. Se trata de un derecho implícito, cuyos contornos los ha ido fijando la jurisprudencia de los tribunales y del Tribunal Constitucional en particular.

    Como recuerda el profesor Gonzalo García en “El derecho a la tutela judicial y al debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno”, “La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución enfrentó la posibilidad de identificar contenidos específicos de la garantía del debido proceso y de la tutela judicial y existió un debate acerca de la importancia de especificar en la propia Constitución algunos elementos de estas garantías. Es así como "el señor Evans planteó su preferencia por los conceptos genéricos de 'racional y justo' encargándole y obligándole al legislador a establecer siempre procedimientos que den garantía de racionalidad y justicia, que el de establecer normas demasiado precisas". En ese debate se precisaron algunos elementos que debe contener todo procedimiento como manifestación general de racionalidad y justicia. El propio Tribunal ha reconocido en fallos posteriores que "se estimó conveniente otorgar un mandato amplio al legislador para establecer siempre las garantías de un proceso racional y justo, en lugar de señalar con precisión en el propio texto constitucional cuáles serían los presupuestos mínimos del debido proceso, sin perjuicio de dejar constancia que algunos de dichos elementos decían relación con el oportuno conocimiento de la acción y debido emplazamiento, bilateralidad de la audiencia, aportación de pruebas pertinentes y derecho a impugnar lo resuelto por un tribunal imparcial e idóneo y establecido con anterioridad por el legislador".

    Con la modificación que se propone deseamos explicitar ciertos derechos que emanan del debido proceso, sin que ello pretenda constituir una enumeración taxativa de ellos. Asimismo, se explicita que tal principio también se extiende al derecho administrativo sancionador.

    Para la enumeración que se efectúa se utilizó como insumo el artículo citado del profesor García, donde se sistematiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de debido proceso.

  6. - Regulación del ejercicio del derecho de reunión por ley

    Nuestra Constitución hoy dispone que las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía. A nuestro entender, el ejercicio de esta garantía constitucional corresponde sea regulada por ley.

  7. - Se otorga al Tribunal Constitucional el conocimiento de la indemnización por error judicial

    Esta propuesta recoge una moción (boletín 9513-07) de los diputados señora Pascal y señores Arriagada, Rivas, Castro, Poblete, Letelier, Espinosa, Jiménez, Meza y Saldívar.

    El artículo 14 N°6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que” Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la...

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