Proyecto de Ley Num. 8730-06 de C. Diputados, de 17 de Diciembre de 2012 (Modifica artículos 147 y 157 de la ley N° 18.834, con el objeto de permitir la subsistencia de la responsabilidad administrativa de un funcionario público luego de su renuncia.) - Proyectos de Ley - Iniciativas legislativas - VLEX 556844066

Proyecto de Ley Num. 8730-06 de C. Diputados, de 17 de Diciembre de 2012 (Modifica artículos 147 y 157 de la ley N° 18.834, con el objeto de permitir la subsistencia de la responsabilidad administrativa de un funcionario público luego de su renuncia.)

Número de expediente8730-06
Fecha de última tramitación12 de Febrero de 2015
Fecha de apertura17 de Diciembre de 2012
Situación actualArchivado
Cámara de origenC. Diputados
EtapaArchivado
Tipo de proyectoProyecto de Ley

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FUNDAMENTO.

El principio de probidad administrativa constituye un principio rector que inspira el funcionamiento de los órganos del Estado, en aras del bien común. La ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, define dicho principio, señalando que "consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular."

Tal es la Importancia que actualmente reviste dicho principio orientador de la función pública, que el Constituyente derivado de 2005, mediante la reforma Constitucional de la ley 20.050, consagro dicho principio en el capítulo I de la Carta Fundamental, en las Bases de la Institucionalidad, en su artículo 8°.

El presente proyecto de ley viene a realzar dicho principio, al posibilitar hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos señalados, hasta tres meses después de haber renunciado a su cargo, de modo que la renuncia intempestiva de un funcionario público con la finalidad de eludir su responsabilidad administrativa, no sea posible.

El principio general que subyace en esta iniciativa es el de poder hacer efectiva la responsabilidad de quienes han desempeñado funciones públicas, aún después haber cesado en sus cargos. En nuestro ordenamiento jurídico encontramos dicha situación, en lo preceptuado en el artículo 52 de la Carta Fundamental, en relación a la responsabilidad política del Presidente de la República, quien podrá ser acusado constitucionalmente, dentro del plazo de seis meses de terminado su mandato. Situación análoga ocurre con los Ministros de estado, quienes podrán ser acusados constitucionalmente también después de haber cesado en sus funciones, hasta tres meses.

En virtud de todo lo señalado anteriormente, y como forma de evitar que ocurran situaciones, en que funcionarios con cargos de

jefatura, al advertir la posibilidad de ser objeto de algún sumario administrativo, con las consiguientes medidas disciplinarias que puede acarrear, deciden renunciar extinguiéndose su responsabilidad administrativa. La idea es que la responsabilidad administrativa no se extinga...

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