Las medidas legales y administrativas
| Autor | Armando Rafael Aquino Britos |
| Cargo del Autor | Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) |
| Páginas | 169-188 |
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4a GENERACIÓNDE DERECHOS FUNDAMENTALES. DEMOCRACIA Y CORRUPCIÓN
CAPÍTULO IX
LAS MEDIDAS LEGALES Y
ADMINISTRATIVAS
Queremos ilu strar modos y formas de preven ir la edificación del mode lo
cleptocrático en base a nuestra legislación vigente, la jurisprude ncia vinculante que
obligan a cambios imprescindibles para mejorar la cal idad institucional y, con ello,
la cal idad de vida de los argentinos.
1. Las reformas al sistema político
Justo es reconocer que el avance logrado en las prácticas políticas del año 2001
en adelante constituyo un progreso notable en este último decenio. Fue hija de la
crisis política de aquel entonce s y motivada por el descontento popular y social,
que, al parecer, fue el modo con el cual se le arrancaron estas conquistas a los
representantes instalados en los poderes constituidos.
La llamada reforma política fue cimentada en las leyes 25.611 y 26.571 sobre
el modo y forma de proponer candidaturas a los carg os públicos electivos confor-
el art. 37 es un adelanto notable.253
Se ganó en tra nsparencia, en ampliación de der echos y se profundizo la demo-
cracia participativa.
Las el ecciones primarias obligatorias y simultaneas (PASO) es una demostra-
ción cabal, se suma a ellos los aport es es tatales a los partidos políticos con un
sistema de rendición de cuentas muy bien estructurado y con participación igualitaria
signada por la ley electoral lo que pone de manifiesto la aplicación de transparen-
cia e igualdad.254
Est as co nquis tas, dada s en p rinci pio p ara r egul ar el func ionam ient o
institucional, en realidad son ampliaciones de derechos que deben tener la nota de
«no regresivida d» y no se modifiquen para que la opacidad d el sistema no le gane
a la transparencia lograda.
253 Dossier Le gislativo Reforma Polític a y modificaciones al C ódigo Elec toral Nacio nal. Bi-
blioteca del Congreso, año IV – Nº 113 – octubre de 2016. Bs As.
254 Dalla Vía, Alberto Ricardo, «Las reglas del proceso electoral argenti no», La Ley, Buenos
Aires, 2011- C 1121.
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ARMANDO RAFAEL AQUINO BRITOS
Todo fue posible porque fue (y es) controlado por, tal vez –y a nuestro juicio-,
el mejor tribunal del país que es la Cámara Nacional Electoral.
Tuvo es te tribunal (desde 1983 a la fecha) un comportamiento ejemplar; más
allá de la restricción de la legislación imperante, en tres cuestiones que marcan los
verdaderos problemas que pesan sobre el sistema electoral y que constituyen el
verdadero huevo de la serpiente de la baja calidad institucional.
En materia electoral empieza el proceso de corrupción, esta vez política, en 1º el
clientelismo político, si bien penado por la ley se reconoce y se consiente a modo de
que la ley acata, pero no se cumple; 2º la candidatura de condenados, un despropósito
enorme aunque avalado por formalismos irritantes; 3º las candidaturas testimoniales
que son una manifestación concreta de una violación de antemano del contrato elec-
toral ya que el postulante no podrá asumir por la incompatibilidad manifiesta.255
La Cámara Nacional Electoral tuvo enfática posición en contra de estas situacio-
nes sin embargo se consintió la práctica perversa por el máximo tribunal del país.
Es ostensi ble el fraud e institucional cuando se engaña al elector o se violenta
su voluntad con dadivas o hasta amenazas, peor es consentir que se busquen los
fueros como protección para huir de la justicia usando las garantía s del funciona-
miento del cuerpo a modo de irritante privilegio.
2. Las cuentas a saldar
En otro lugar señales que estas deudas institucionales en esta materia obligan
a «el poder legislativo (y el ejecutivo) que tienen una asignatura pendiente : falta
la regulación precisa y detallada a modo de tutela que garantice la efectividad y
plenitud del conjunto d e derechos que surgen del art. 36 de la C.N; desde la defensa
efectiva del sistema, al marco de pro hibiciones dentro de las que se encuentra la
inhabilitación para quienes se alcen contra la misma conforme la norma habilitante.
La legislación lo hizo parcialmente en materia penal con la ley 23.077.
Está claro que la respuesta definitiva a tales problemas no la dará en forma
definitiva el derecho electoral, con su legislación por más precisa que sea, ni el
control de la jurisdicción electoral durante el proceso de selección de los candidatos
para conformar la planta estatal de los empleos públicos mediante una elección; pero
es un «comienzo» indispensable sobre la que se puede edificar una democracia sólida
y para ello son necesarias las reglas que compongan un «debido proceso electoral»
como garantía de la democracia misma, a través de la participación popular.
Se suma a esta problemática no solo la falta de pr ecisión de la compatibilidad
de la idoneidad ( art. 16) con la ética pública no para el «ejercicio de la función»
como precisa el art. 36; sino la idoneidad como el «acceso a los empleos públicos»
en estos casos de naturaleza electiva. Se impone un a regulación compatible con los
principios que informan el derecho electoral (verbg. Transparencia, incompa tibili-
dad manifiesta).
Las diferencias entre los sistemas electorales, nor mas el ectorales y h asta e l
funcionamiento de los tribunales electorales en los regímenes del Estado Federal y
255 Otra clara corrupci ón po lítica es el ll amado «transfug uismo» situación que escapa al
control y escrutinio de los tribunales el ectorales y es propia del derecho parlamentario.
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