Mayores atribuciones al Congreso y más equidad territorial en temas fiscales: el nutrido arsenal de propuestas de economistas de cara a la nueva Constitución
Fue entre fines de diciembre e inicios de enero, y sin tener aún los resultados del plebiscito, que en principio sería en abril de este año, que en el seno del Centro de Estudios Públicos (CEP) el expresidente del Banco Central (BC) Rodrigo Vergara comenzó a darle vueltas a la idea, junto al exministro de Hacienda Rodrigo Valdés -hoy profesor de la Escuela de Gobierno de la UC-, de embarcarse en un inédito proyecto: entrar de lleno en la discusión constitucional y desde la perspectiva económica."Después del acuerdo del 15 de noviembre sabíamos que íbamos a tener una nueva Constitución, que era altamente probable que ganara el Apruebo, y pensamos que podíamos aportar en algo desde nuestra perspectiva", resume Rodrigo Vergara, sobre el origen de la iniciativa (ver entrevista relacionada en B 10).Reuniones presenciales en época aún prepandemia, un almuerzo en el Centro de Estudios Públicos (CEP), otro encuentro en la UAI -debido al clima de protestas en la zona de Providencia en esa época-, y también una comida en la casa del economista Sebastián Claro -a la que invitaron a los abogados Sebastián Soto y Luis Cordero-, fueron solo parte de la preparación para echar a andar esta iniciativa, que hoy está viendo la luz.Titulado "Aspectos económicos de la Constitución: Alternativas y propuestas para Chile", en el proyecto participan, además de ambos Rodrigos, quienes son los editores del trabajo, otros economistas como coautores: Sebastián Claro, Pablo Correa, Luis Eduardo Escobar, Sylvia Eyzaguirre, Andrea Repetto, Jorge Rodríguez Cabello y Claudia Sanhueza.Es que conscientes de que el grupo que efectuara el trabajo fuera transversal -y sin pretender nunca llegar a unanimidad de contenidos-, ambos economistas fueron quienes llamaron directamente a sus pares para que se sumaran. "Nadie dijo que no", explica Valdés.Cada capítulo del texto de más de 200 páginas consta de una estructura similar: la presentación del problema, cómo este ha sido tratado en las Constituciones chilenas -lo que permite desmitificar si el tema en cuestión viene de la Carta del 80 o es previo-, la evidencia internacional comparada, la propuesta de los coautores de ese capítulo, y luego los comentarios y opiniones a dicha propuesta que hicieron los economistas que no participaron de la confección de ese tema en particular. Estas opiniones variaron entre suscribir la propuesta por completo, plantear observaciones o reparos, y hasta no suscribirla.Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara -que de plano descartan ser candidatos a constituyentes- explican que fue bastante conversada la definición de quién abordaría los distintos temas -"hasta el título fue llevado a una asamblea", dice Valdés-, y hubo espacio para que los partícipes optaran según sus prioridades. Eso sí, cuidando que se cubrieran todos los contenidos y que en cada uno los coautores no fueran personas demasiado parecidas en sus visiones. Porque la idea era justamente tener ese marco de similitudes y diferencias.La expectativa de ambos es que el trabajo -cuya editorial es el Fondo de Cultura Económica y que será lanzado el miércoles en el CEP, en una ceremonia presencial con los autores, y transmitida vía Emol-, sea un insumo para todos en el debate que se avecina, incluyendo las diversas sensibilidades políticas y los convencionales.Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara descartan de plano ser candidatos a la Convención Constitucional.continúa en página B 8 Mantener la iniciativa exclusiva presidencial en gasto público, pero con mayores atribuciones al Congreso, con restriccionesLa propuesta consiste en mantener la iniciativa presidencial exclusiva en gasto público -asumiendo un contexto de régimen presidencial y en pos de aumentar las probabilidades de responsabilidad fiscal-, pero dándole un mayor rol al Congreso, con restricciones. Esto, permitiendo que pueda presentar iniciativas que conlleven gasto, con requisitos: que sea suscrita por un cierto porcentaje de parlamentarios -entre 15% y 20%-, y que la mesa de la respectiva Cámara la entregue al Gobierno para su patrocinio. El Gobierno tendría un plazo máximo de 30 días para decidir. De entregar su rechazo fundamentado, la Cámara respectiva en que se generó la moción debe desecharla. Si el Gobierno no se pronuncia en esos 30 días, se entiende que la apoya.¿Qué sucedería si el régimen político es parlamentario o semipresidencial? El texto plantea que se consideren experiencias de países con estos sistemas, en que igual estas iniciativas requieren el apoyo del Gobierno si implican mayor gasto (Alemania, Australia, Canadá, España).La propuesta no fue suscrita por Claudia Sanhueza, quien apunta a que la iniciativa exclusiva le da excesivo poder al Ejecutivo y en caso de malas decisiones se tensiona al sistema. Plantea que sí tendría sentido mantenerla si es que se cambia el sistema a uno semiparlamentario, como el de Francia. Y propone mayores niveles de democracia ciudadana o democracia directa, como en Suiza, a través de iniciativas populares de ley.Andrea Repetto comentó que la iniciativa exclusiva no parece ser suficiente para asegurar la sostenibilidad fiscal, dice que las dificultades en torno a esta problemática no se pueden atribuir solo al Congreso, y que configura un balance demasiado favorable al Ejecutivo en desmedro del Legislativo, siendo que este también fue escogido...
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