Justicia ambiental y jurisprudencia constitucional: El caso de las desigualdades ambientales en el Páramo de Pisba
| Autor | Víctor Manuel Moncada Prieto - Oscar Andrés López Cortés |
| Cargo | Abogado de la Universidad Libre, Candidato a magister en geografía de la Universidad Nacional - Abogado de la Universidad Nacional, Magister en Derecho de la Universidad Nacional, Doctor en Antropología de la Universidad del Cauca, Profesor de la Universidad Libre, sede Bogotá |
| Páginas | 228-259 |
E S TU DI O S CO N S T I T U CI O N A L E S
ISSN 0718-0195 · Vol. 19 · Núm. 2 · 2021 · pp. 228-259 · DOI: 10.4067/S0718-52002021000200228
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Justicia ambiental y jurisprudencia constitucional: El caso de
las desigualdades ambientales en el Páramo de Pisba
Environmental Justice and Constitutional Jurisprudence: The Case of
Environmental Inequalities in the Pisba Paramo
Víctor Manuel MONCADA PRIETO
1
Oscar Andrés LÓPEZ CORTÉS
2
Resumen: Este artículo analiza las nociones de justicia ambiental y participación ciudadana
en materia ambiental en Colombia con base en las posiciones jurisprudenciales fijadas por la
Corte Constitucional Colombiana y los debates académicos al respecto. Teniendo como eje de
referencia las discusiones: sociales, políticas y ambientales que sobre los ecosistemas
paramunos en Colombia se han tenido, tomamos como ejemplo la afectación minera al
páramo de Pisba y a las personas que habitan los municipios que hacen parte del páramo y
de aquellos que le son circundantes.
Palabras clave: Páramo, Justicia ambiental, Jurisprudencia, Participación ambiental
Abstract: This article analyzes the ideas of environmental justice and citizen participation in
environmental top ics in Colombia based on the case la w p ositions developed by the
Constitutional Court of Colombia and academic debates. Taking as reference: social, politics
and environmental reflections about paramunos ecosystems, that in Colombia have been
given, we take as an example the mining harm to Pisba Paramo and to people who habits
municipalities who belongs to the paramo and around.
Keywords: Paramo, Environmental Justice, Jurisprudence, Environmental Participation
1
Abogado de la Universidad Libre, Candidato a magister en geografía de la Universidad Nacional, https://orcid.org/0000-0001-
8809-2672. Investigador Auxiliar de la Universidad Libre. Bogotá- Colombia. Correo electrónico: manuellmonk@gmail.com
2
Abogado de la Universidad Nacional, Magister en Derech o de la Universidad Nacional, Doctor en Antropología de la Universidad
del Cauca, Profesor de la Universidad Libre, sede Bogotá, https://orcid.org/0000-0002-7589-7233. Bogotá-Colombia. Correo:
oscarandreslopezcortes@gmail.com
Fecha de recepción: 2020-05-23; fecha de aprobación: 2021-01-29
JUSTICIA AMBIENTAL Y JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL: EL CASO DE LAS DESIGUALDADES AMBIENTALES EN EL PÁRAMO DE PISBA
ES TU DIO S CON ST ITU CI ON ALE S- CEC OC H
Vol. 19 · Núm. 2 · 2021 · pp. 227-259
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1. Introducción
La Constitución colombiana de 1991
3
promueve el modelo de democracia participativa
4
. En
ese marco, el deber de garantizar un ambiente sano recae no solo sobre el Estado y su entramado
de instituciones y normas conocido c omo el Sistema Nacional Ambiental (SINA), sin o sobre la
ciudadanía en general. Sin embargo, es el modelo de democracia re presentativa el que en la
práctica domina la toma de decisiones en materia ambiental. Las conse cuencias de este modelo
resultan contrarias a los valores p ropios de una constitución ecológica, como la ha definido la
Corte Constitucional a través de su jurisprudencia, en tanto ha priorizado un modelo de
desarrollo basado en los intereses de los inversionistas antes que en los dere chos de la
naturaleza y de las comunidades.
Pese a la ineficacia del modelo representativo, la organización y movilización de actores
sociales como los pueblos indígenas, afros, campesinos y ambientalistas, en pro de una nueva
agenda de reivindicaciones por los derechos ambientales, ha tenido eco en algunas instituciones
del Estado, como la rama j udicial y la Defensoría del Pueblo. Incluso, se ha desarrollado en
Colombia, como en otros lugares del mundo, la tesis jurisprudencial que reconoce a la naturaleza
como sujeto de derecho. Al caso del río Atrato, se suman el de la Ama zonía, el páramo de Pisba,
el río Cauca, entre otros ecosistemas que han sido reconocidos como sujetos de derecho,
superando así los paradigmas del antropocentrismo y el biocentrismo, para acoger la
perspectiva ecocéntrica. Pero los avances teóricos de la jurisprudencia no han detenido la
degradación a la que sigue sujeta la naturaleza, como lo demuestra la situación del río Atrato, el
incremento de la deforestación en la Amazonía, la cri sis generada por Hidrotuango o la
concesión irregular de licencias de explotación a la empresa Hunza Coal en zonas protegidas que
hacen parte del páramo de Pisba.
En muchos de estos territorios, entendidos como “espacios apropiados de manera concreta y
abstracta por uno o varios sujetos sociales en función de la realización de sus intencionalidades
territoriales y sociales”
5
, se generan conflictos que involucran a p oblaciones campesinas, que, a
diferencia de las poblaciones indígenas y afro, no gozan del mismo reconocimiento normativo
como sujetos colectivos de derechos. Apenas en 2018 la ONU acogió la “Declaración sobre los
Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales” adoptada el
3
Asamblea Nacional Constituyente (1991).
4
Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-361 de (2017c) F.J. 12.4.1, mayo 30 de 2017.
5
Sánchez (2014), p. 352.
V. M. MONCADA PRIETO Y O. A. LÓPEZ CORTÉS ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
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28 de septiembre por el Consejo de Derechos Humanos y a probada el 19 de noviembre por la
Asamblea General a través de la resolución A/C.3/73/L.30
6
. Si bien las declaraciones no tienen
el carácter vinculante de un convenio internacional, diferencia que no se discutirá aquí en detalle
por no ser el objeto de este artículo, cabe señalar que me diante este instrumento se reconoce a
las poblaciones campesinas y trabajadores del ca mpo como actores diferenciales con derechos
propios para la defensa de sus formas de vida y hábitat. La votación de la Declaración en el
organismo internacional reveló la tensión profunda que existe entre los derechos de los pueblos
campesinos y los intereses del capital transnacional: de 183 países 54, entre esos Colombia, se
abstuvieron de votar a favor de los derechos de los pueblos campesinos, 8 se manifestaron en
contra.
Pese a las pocas garantías normativas, las comunidades campesinas no cesan de reclamar
espacios de intervención decisivos para su futuro, entre otros, má s y mejores mecanismos de
participación en materia a mbiental. Estos espacios son disputados por las empresas dedicadas
a la explotación de recursos naturales, políticas muy presentes en las agendas gubernamentales
de varios países de América Latina en los cuales se han entronizado las prácticas extractivistas
7
.
A partir de allí surge la pregunta que guía la discusión de este artículo: ¿qué diferencias y
semejanzas se encuentran entre la noción de justicia ambiental que acoge la jurisprudencia
constitucional en materia ambiental y la que es incorporada en las prácticas de un movimiento
campesino ambiental colombiano? El objetivo general de este artículo e s mostrar que tan cerca
o tan lejos puede esta r la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia ambiental de las
prácticas desarrolladas por e l movimiento campesino en Colombia. Como objetivos específicos
se pueden encontrar, en primer lugar, el de reconstruir las nociones y elementos de la justicia
ambiental tal y como se encuentran en la literatura más reciente en la ma teria; el segundo
objetivo específico es el de ofrecer una aproximación al concepto de justicia ambiental presente
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Como tercer objetivo específico se
encuentra el de exponer un caso de est udio que evidencia las tensiones entre las nociones de
justicia ambiental del principal órgano judicial constitucional de Colombia y un movimiento
campesino del mismo país.
6
Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las z onas rurales, 28 noviembre 28 de
2018.
7
Göbel y Ulloa (2014), pp. 15-33.
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