Introducción
| Autor | Mauricio Rojas, Arturo Fermandois |
| Cargo | Mauricio Rojas es Profesor Asociado Universidad de Lund (Suecia) y Universidad del Desarrollo. Arturo Fermandois es Profesor Titular de Derecho Constitucional Universidad Católica de Chile, socio fundador Estudio Fermandois. |
| Páginas | 5-7 |
5
AGOSTO 2022 / SERIE INFORME ECONÓMICO 303
WWW.LYD.ORG
2. INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos más polémicos en el debate cons-
titucional que atraviesa el país, a propósito de la pro-
puesta elaborada por la Convención Constitucional, es
la regulación y protección del derecho de propiedad. En
opinión de algunos, la regulación actual protegería el
dominio de manera excesiva, en desmedro del interés ge-
neral. En opinión de otros, una protección robusta del
derecho de propiedad no sólo benecia al propietario,
sino que también genera un enorme benecio para la
sociedad como un todo. Lamentablemente, en la Con-
vención Constitucional primó la primera mirada y el
borrador propuesto contiene un notable debilitamiento
de la protección al dominio.
Actualmente, el derecho de propiedad sobre toda clase
de bienes corporales o incorporales es un derecho fun-
damental amparado por la actual Constitución Política
de la República de Chile (CPR) y reconocida, en conse-
cuencia, en el resto del marco jurídico vigente.
Así, la CPR establece la libertad para adquirir el domi-
nio sobre toda clase de bienes (excepto los comunes a
todos los hombres, los bienes nacionales de uso público
y los que la ley declare fuera del comercio). Luego, con-
sagra el derecho de propiedad propiamente tal y garan-
tiza su ejercicio sobre toda clase de bienes, regulándose
las limitaciones que pueden imponerse al dominio (en
virtud de su función social). Asimismo, se consagra el
derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y ar-
tísticas de cualquier especie, concurriendo los requisitos
legales.
Sin duda, uno de los aspectos más relevante de esta re-
gulación es el estatuto de expropiación por causa de
utilidad pública o de interés nacional, calicada por el
legislador, estableciendo un deber de indemnizar al pro-
pietario por el daño patrimonial efectivamente causado
en dinero efectivo y al contado, cuestión de la mayor re-
levancia para evitar los abusos.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba