Introducción
| Autor | José Miguel Aldunate H. |
| Cargo | Abogado y Licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Teoría Política y del Derecho de University College of London |
| Páginas | 6-7 |
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serie informe JUSTICIA 24
Más de un año ha transcurrido desde el 18
de octubre de 2019 y las masivas manifes-
taciones que le siguieron, tanto violentas
-
navirus y el inicio del proceso constituyente
han calmado un poco las aguas, lo cierto es
que las protestas violentas en el centro de
Santiago se han vuelto rutinarias.
Parte de la discusión en este respecto ha
recaído sobre el uso de la fuerza pública por
parte del Estado y la ilegitimidad de la vio-
lencia ejercida por los particulares. Se trata
de una discusión abstracta, pero que tiene
una expresión concreta en la discusión judi-
cial sobre las facultades de Carabineros de
Chile para utilizar armas antidisturbios, tam-
bién llamadas armas “menos letales”, esto
es, balines de goma, perdigones y gases
lacrimógenos.
Aunque los resultados de dichos procesos
han sido mayormente desconocidos para
la opinión pública, la prensa, en un primer
momento, informó que las cortes apelacio-
nes habían restringido el uso de balines de
goma y de gases lacrimógenos. Por ejem-
plo, un titular del diario El Mostrador decía
“Corte de Rancagua se suma a Concepción,
Antofagasta, La Serena y Valparaíso y orde-
na a Carabineros abstenerse de usar bali-
que “Ordenan no usar balines, perdigones y
-
maba que “la Corte de Apelaciones de La
Serena acogió un recurso de protección,
teniendo en cuenta la cantidad de lesiones
oculares ocurridas en nuestro país en el
Lo anterior generó reacciones disímiles.
-
ción de sus críticas contra las policías, otros
criticaron a los tribunales por desdentar a
las fuerzas de orden frente a los violentistas.
Pero si analizamos las sentencias de las cor-
tes de apelaciones y de la Corte Suprema,
encontramos que la decisión de los tribu-
nales fue exactamente la contraria a la in-
formada por la prensa. Los medios interpre-
taron meras órdenes de no innovar que, en
lo sustancial, requerían a Carabineros que
se atuviera a lo dispuesto en sus normas y
-
nitivas que acogían los recursos de amparo
y protección. Pero no sólo las órdenes de no
innovar dictadas por las cortes no constitu-
yeron una restricción de las facultades de
las policías, como lo pretendieron los me-
dios. Además, en el largo plazo, estas aca-
baron por rechazar los recursos y respaldar
categóricamente las normas y circulares
que rigen el actuar de las fuerzas de orden
y seguridad.
la existencia de infracciones a la normativa
por parte de las fuerzas de orden y seguri-
dad, pero razonó, muy correctamente, que
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