Introducción
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Elactoadministrativo.
antEcEdEntEs. régimEnjurídico. nulidadadministrativa
introducción
Para lograr la realización de sus nes propios, el Estado Constitucional1, a través
de la Administración pública, realiza actos y operaciones en virtud de los poderes
jurídicos que el Derecho objetivo establece. Dichos poderes jurídicos son una
aptitud para obrar de determinado modo o manera. Así las cosas, en la expresión
constitucional por «función» estatal ha de entenderse, la acción que desarrollan los
órganos estatales o la actividad que desempeñan como tarea que les es inherente, en
el sentido que sólo en ejercicio del Poder público pueden cumplirse.
Ahora bien, como ninguno de los Poderes públicos puede, en nuestro Ordenamiento
jurídico, «hacerlo todo», no sólo porque el contenido de sus actos está limitado por
la Constitución de 19992 sino porque, además, sostiene L. Aragón3, la Constitución
prescribe para cada uno de ellos unas «formas» características de actuación, un
«tipo» determinado de actos estatales que no pueden ser indistintamente producidos
por cualquiera de los órganos que en el Derecho positivo conforman la división del
ejercicio del Poder público que consagra la Constitución vigente. Reconocer esto no
es señalar que haya o deba haber estricta separación de poderes, que ello es cosa bien
distinta, sino asumiresa distinción en las funciones propias de cada una de la ramas
del Poder público.
Por tanto, las funciones del Estado Constitucional se conguran como aquellas
tareas esenciales al aparato estatal, que le dan razón de ser y que no pueden ejercerse
sino en virtud de la potestad constitucional que se identica con el Poder público. Esas
funciones se clasican, así: 1.º, la producción de normas que integran el Ordenamiento
1 Según la doctrina (Bilbao Ubillos, J.M., Rey Martínez, F. y Vidal Zapatero, J.M. (2018).
Lecciones de Derecho Constitucional I, 4ª edición. Pamplona, Thomson Reuters-Aranzadi, 27,
29 y 30), el Estado Constitucional como forma jurídica de organización de la convivencia
social, de conguración del Estado en su conjunto, cuya razón de ser es la salvaguarda
de la libertad individual —entendida como la capacidad del ciudadano para autodeter-
minarse—, como su seña de identidad, surge como experiencia histórica en la Europa
continental a nales del siglo XVIII y evoluciona desde entonces hasta convertirse en lo
que es hoy, estación de llegada del trayecto histórico del Estado Constitucional: el modelo
Estado social y democrático de Derecho —y agregamos, de Justicia según el Art. 2 de la C—, la
última expresión categorizada del Estado Constitucional. Y es que el Estado Constitucio-
nal representa, tal y como ha llegado hasta nuestros días, el más alto umbral civilizatorio.
Véase in extenso a Araujo-Juárez, J. (2021). Constitución administrativa. Santiago, Ediciones
Olejnik, 39 y ss.
2 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, fue el fruto de un
arduo proceso constituyente y aprobada mediante Referendo de fecha 15 de diciembre de
1999, publicada en la GO N° 36.600, de fecha 30 de diciembre de 1999 y después publicada
de nuevo con correcciones en la GO N° 5.453 Extr., de fecha 24 de marzo de 2000.
3 Aragón, M. (1988). «Presentación» a El Gobierno: Estudios. En DA, núm 215, 9.
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