La Interpol como administración global sometida a un derecho administrativo global
| Autor | Allan R. Brewer-Carías |
| Cargo del Autor | Profesor Emérito de la Universidad Central de Venezuela Simón Bolívar Professor, University of Cambridge UK (1985-1986) |
| Páginas | 31-46 |
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El procEdimiEnto administrativo an tE la intErpol
sEgunda partE
la intErpol como administ ración global
somEtida a un dErEcho administrat ivo global
i. la coopEración policial intErn acional En matEria dE dElitos c omunEs
Una de las Administraciones globales que en el mundo contemporáneo
ha venido adquiriendo importante connotación, tanto por la cooperación
internacional que desarrolla con los Estados nacionales y sus Administraciones
en materia de policía administrativa, como por la incidencia que tiene en
relación con la libertad y los derechos de las personas, es la Organización
Internacional de Policía Criminal, conocida como INTERPOL, a la cual está
destinada en especial este estudio, como ejemplo de Administración Global.
Si bien la INTERPOL fue creada en Viena en 1923, tuvo sin embargo,
su origen remoto en el Primer Congreso Internacional de Policía Criminal
efectuada en Mónaco, en 1914, el cual congregó a funcionarios policiales
y representantes de autoridades judiciales de 24 países, con el objeto de
determinar las formas de cooperar entre los Estados con miras a la resolución
de casos criminales, en particular en lo que se refería a procedimientos de
detención y extradición, las técnicas de identicación y el establecimiento de
un registro policial centralizado internacional. La institución, por tanto, está
celebrando su centenario.
En la actualidad, la INTERPOL agrupa a 190 países, y está regida por un
detallado marco jurídico que conforma el derecho administrativo global de
la misma, que tiene como fuente fundamental la normativa contenida en su
Estatuto, que es el Estatuto de la Organización de Policía Criminal-INTERPOL,
que fue adoptado en la 25ª Sesión de la Asamblea General de la Organización
celebrada en Viena en Junio de 1956, el cual entró en vigencia el 13 de junio de
1956, y cuya última reforma es de 2017.
Dicho Estatuto contiene la denición de las metas y objetivos de INTERPOL,
y establece su mandato consistente en garantizar la asistencia recíproca de
todas las autoridades de policía criminal de los Estados nacionales miembros,
para que puedan reprimir las infracciones de derecho común que puedan
cometer los ciudadanos de cualquiera de los Estados miembros. Dicha
cooperación internacional la debe conseguir y desarrollar la Organización, en
el marco de su Estatuto, y además, conforme se indica en el artículo 2.a del
mismo, “dentro del marco de las leyes de los diferentes países y del respeto a
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AllAn R. BReweR CARíAs
la Declaración Universal de Derechos Humanos,”1 es decir, con sujeción a la
propia normativa que la rige, conforme a las normas aplicables de derechos
nacionales de los diversos países, y con estricto apego a las garantías de los
derechos humanos adoptadas en el seno de las Naciones Unidas.
Ese compromiso de sujeción al derecho, que condiciona la actuación de
Organización, es el que se tiene que reejar no solo en la cooperación de la
Organización con las cortes y tribunales internacionales que se han venido
desarrollando en el seno de las Naciones Unidas, para el castigo de delitos
de incidencia internacional, como por ejemplo los de lesa humanidad, sino
fundamentalmente en el tratamiento de la información relativa a los datos de
las personas, con el objeto de garantizar los derechos de las mismas.
Marco todo este de sujeción al derecho, que además exige de la Organización
que su actuación se desarrolle en el marco de una estricta neutralidad, que
se reeja en la prohibición establecida en el artículo 3 del propio Estatuto,2
al establecer la enfática declaración de que “está rigurosamente prohibida
a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de
carácter político, militar, religioso o racial.”
Esas dos normas del Estatuto, las de los artículos 2 y 3, sin duda, conforman
la columna vertebral de la actuación de la Organización, al punto que en
la norma relativa al “propósito” del Reglamento de la Interpol sobre el
Tratamiento de Datos de 2016, se indica que dicho propósito:
“es garantizar la ecacia y la calidad de la cooperación internacional
entre las autoridades de policía criminal por conducto de Interpol,
dentro del respeto a los derechos fundamentales de las personas
objeto de tal cooperación, de conformidad con el artículo 2 del
Estatuto de la Organización y con la Declaración Universal de
Derechos Humanos a la que remite dicho artículo.”
Además del Estatuto, también conforman el marco jurídico de la
Organización, en primer lugar, sus reglamentos de organización y
funcionamiento como son el Reglamento General, los Reglamentos Internos de la
Asamblea y del Comité Ejecutivo, y el Reglamento nanciero; y en segundo lugar,
los reglamentos que regulan la actividad de la INTERPOL, que son, primero,
el Reglamento sobre Tratamiento de Datos (RTD) cuya última reforma es de 30 de
junio de 2016, y que derogó los anteriores “Reglamento sobre el Tratamiento
de Información para la Cooperación Policial Internacional,” “Reglamento
de Aplicación del Reglamento sobre el Tratamiento de Información para la
Cooperación Policial Internacional” y “Reglamento sobre el Acceso de las
Organizaciones Intergubernamentales a la Red de Telecomunicaciones y a
las Bases de Datos de INTERPOL;” y segundo, el Estatuto de la Comisión de
1 Conforme al Artículo 2, los nes de INTERPOL son: “a) Conseguir y desarrollar, dentro
del marco de las leyes de los diferentes países y del respeto a la Declaración Universal
de Derechos Humanos, la más amplia asistencia recíproca de las autoridades de policía
criminal; b) Establecer y desarrollar todas las instituciones que puedan contribuir a la
prevención y a la represión de las infracciones de derecho común.”
2 “Artículo. 3. Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención
en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial.”
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