Ingreso de proyecto . - Proyectos de Ley (Expresiones) - Iniciativas legislativas - VLEX 945873342

Ingreso de proyecto .

Fecha21 Septiembre 2023
EtapaPrimer trámite constitucional / C.Diputados





Proyecto de Ley, iniciado en moción, que establece la prohibición de acceso a cargos de elección popular y el ejercicio de funciones remuneradas en organismos del Estado, a personas condenadas por crimen o simple delito. –





Fundamentos


El artículo octavo de la Constitución Política de la República establece que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.


En esta misma línea, la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 52, señala que “las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa”.


La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha expresado que “la probidad está asociada a la preeminencia del interés general sobre el particular, en que todas las funciones públicas, independientemente de que las realice un funcionario público o un particular encomendado por el Estado para ese propósito, están vinculadas a un cumplimiento estricto del principio de la probidad en todas sus actuaciones, lo que implica un ajuste íntegro al principio en todo su actuar, cualesquiera ello sea”1.


Para la doctrina, la probidad es un “principio constitucional, considerado dentro de las Bases de la Institucionalidad, lo que denota la aspiración de que todas las actividades del país, con mayor énfasis en el



1 LETELIER AGUILAR, CRISTIAN, Compliance en las Empresas del Estado, Editorial Libromar, 2023

ejercicio de la función pública, se realicen con estricto apego al principio referido”2, en tal esquema -señala Letelier- “la probidad, junto con ser un valor jurídico en el ordenamiento jurídico constitucional y legal nacional, es un bien jurídico protegido a través de distintas disposiciones que lo insertan como tal”.


En este sentido, creemos que es necesario resguardar mediante las siguientes modificaciones constitucionales, el referido principio constitucional y, en consecuencia, prohibir el acceso a cargos de elección popular o a la administración del Estado a personas que no cuenten con un historial de conducta intachable, pues, si no logramos garantizar este principio constitucional, en lo político -observa Letelier- se provoca una ilegitimidad del poder porque los ciudadanos pierden el respeto y la credibilidad en sus autoridades políticas”. Y, por consiguiente, “toda acción que ejecute un jefe de gobierno o sus ministros es mirada con desconfianza por el pueblo si existen denuncias (…) en contra de ellos; lo mismo ocurre con los partidos políticos y el parlamento”.


En la actualidad, se observa una desconfianza generalizada de la ciudadanía hacia las instituciones públicas y las autoridades, que se ha visto reforzada -en el último tiempo- con el Caso Convenios, el cual ha causado un grave perjuicio al sector más vulnerable de nuestro país, pues 32 mil millones3 que podrían haber sido destinados para obras y ayudas sociales, beneficiaron a un grupo de cercanos a la actual administración.


La desconfianza en la clase política es un problema grave, y así lo ha dejado en evidencia, una reciente encuesta en donde el 8% de la ciudadanía afirma confiar en el Congreso Nacional, seguido inmediatamente por un 3% respecto de los partidos políticos, ocupando los últimos lugares de la tabla4.


Es, por tanto, una necesidad de primer orden, garantizar el resguardo del principio de probidad y recobrar la confianza en la clase política a través del establecimiento de una prohibición constitucional a los condenados por crimen o simple delito para acceder a cargos de elección popular y a la administración del Estado.


Así las cosas, este proyecto se enmarca en el propósito de brindar a nuestro país, autoridades con mayor grado de responsabilidad en las decisiones y actuaciones que ejercen en el día a día, cerrándole la puerta



2 LETELIER AGUILAR, CRISTIAN, Compliance en las Empresas del Estado, Editorial Libromar, 2023

3 https://www.elmostrador.cl/noticias/2023/08/12/caso-convenios-fiscalia-investiga-53- fundaciones-por-traspaso-de-mas-de-32-mil-millones/

4 https://www.cepchile.cl/encuesta/encuesta-cep-n-89/

a la corrupción y a otras modalidades delictuales que pueden tener lugar dentro del Estado.


Por lo señalado, los Diputados que suscriben venimos a proponer el siguiente texto:


Proyecto de Reforma Constitucional


“Artículo único.- Modifícase la Constitución Política de la República en el siguiente sentido:


  1. Incorpórese el siguiente artículo 8 bis, nuevo:


“Artículo 8° bis. No podrán acceder a cargos de elección popular, o ejercer funciones remuneradas en órganos del Estado, quienes hubieren sido condenadas por crímenes o simples delitos”.


  1. Reemplázese en el inciso primero del artículo 13, la expresión

“pena aflictiva” por “crimen o simple delito”.


  1. Sustituyese el numeral 2° del artículo 16, por el siguiente:


“Por haber sido condenado a crimen o simple delito o por delito que la ley califique como conducta terrorista, y”


  1. Sustituyese el numeral 2° del artículo 17, por el siguiente:


“Haber sido o hallarse actualmente condenado por crimen o simple

delito”.










SOFÍA CID VERSALOVIC

H. DIPUTADA DE LA REPÚBLICA


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