Ingreso de proyecto . - Proyectos de Ley (Expresiones) - Iniciativas legislativas - VLEX 945872923

Ingreso de proyecto .

Fecha22 Septiembre 2023
EtapaPrimer trámite constitucional / C.Diputados




PROYECTO DE LEY QUE INTERPRETA EL ARTÍCULO 52 N°2 letra a) DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, EN EL SENTIDO DE PRECISAR QUE LOS GOBERNADORES REGIONALES SI SON SUJETOS PASIVOS DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL, EN CONCORDANCIA CON EL RESTO DEL TEXTO CONSTITUCIONAL





Interpreta el artículo 52 N°2 de la Constitución, en el sentido incluir a los Gobernadores Regionales dentro de las autoridades susceptibles de ser acusadas constitucionalmente.


FUNDAMENTOS.


Es evidente a todas luces que en el texto Constitucional hay una discordancia o contradicción interna respecto a la acusación constitucional de los gobernadores regionales.


En efecto, si revisamos el artículo 52 N°2 de la Carta Magna, estos no están incluidos dentro de las autoridades acusables enumerados de la letra a) a la letra d). Sin embargo, los gobernadores son nombrados en el inciso cuarto del referido número:


Artículo 52.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:

(…)

2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas:

  1. Del Presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no

podrá ausentarse de la República sin acuerdo de la Cámara;

  1. De los Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno;

  2. De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes;

  3. De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, y

  4. De los delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y de la autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.

La acusación se tramitará en conformidad a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso.

Las acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo. Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella.

Para declarar que ha lugar la acusación en contra del Presidente de la República o de un gobernador regional se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio.(El destacado es nuestro)


Esta contradicción se acentúa más cuando la Carta Magna nombra las atribuciones exclusivas del Senado, pues incluye a los gobernadores para efectos de declarar su culpabilidad en la acusación constitucional:


“Artículo 53.- Son atribuciones exclusivas del Senado:

  1. Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo anterior.

El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del Presidente de la República o de un gobernador regional, y por la mayoría de los senadores en ejercicio en los demás casos.” (El

destacado es nuestro)


Por último, la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional también reconoce como causales de cesación del cargo del gobernador el hecho de ser declarado culpable en acusación constitucional:


“Artículo 23 sexies.- El gobernador regional cesará en el ejercicio de su cargo por las siguientes causales:


    1. Pérdida de la calidad de ciudadano.


    1. Incapacidad psíquica o física para el desempeño del cargo.


    1. Incurrir en una contravención grave al principio de la probidad administrativa, en notable abandono de deberes o en alguna de las incompatibilidades previstas en los artículos 23 quáter y 23 quinquies.


    1. Renuncia por motivos justificados aceptada por el consejo regional. Sin embargo, la renuncia que fuere motivada por la postulación a otro cargo de elección popular no requerirá de acuerdo alguno.


    1. Inhabilidad sobreviniente por alguna de las causales previstas en el artículo 23 ter.


    1. Ser declarado culpable en virtud del procedimiento de acusación constitucional, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Constitución Política de la República.(El destacado es nuestro)


Como conclusión, se hace necesario a nuestro juicio una ley interpretativa que no de espacio a equívocos respecto de la posibilidad de acusar constitucionalmente a los Gobernadores Regionales.


IDEA MATRIZ


La presente iniciativa busca la concordancia y coherencia del texto constitucional respecto de la acusación constitucional contra los Gobernadores Regionales.


LEY VIGENTE AFECTADA POR EL PROYECTO

La ley vigente que se afecta por este proyecto es el artículo 52 N°2 letra

a) de la Constitución Política de la República.


PROYECTO DE LEY INTERPRETAITIVO DE LA CONSTITUCIÓN:


Artículo único: “Se entenderá incluido el gobernador regional en el artículo 52 N°2 letra a) de la Constitución, es decir, como autoridad o cargo susceptible de ser acusado constitucionalmente por la Cámara de Diputados, en concordancia con los artículos 52 2, inciso cuarto y 53 1, inciso tercero de la Constitución y con el artículo 23 sexies f), de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.”







CHIARA BARCHIESI CHÁVEZ

H. DIPUTADA DE LA REPÚBLICA


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