'Industria del conflicto': Así funcionan los engranajes que terminan con los proyectos de inversión en los tribunales
Al caer en la esfera de los tribunales, Añihuerraqui replicó la trayectoria de los proyectos de inversión mineros y energéticos, entre otros, que a lo largo de los años y a partir de reclamos de comunidades u ONGs terminaron judicializados. Muchos de ellos, pese a contar con todos los permisos ambientales.
Nadie, ni empresas afectadas ni abogados del "rubro" se atreven a dar una cifra exacta sobre el número de iniciativas que han corrido la misma suerte. Unos hablan de varias decenas; otros, de un centenar.
Los proyectos de inversión resistidos por comunidades y que eventualmente pueden terminar en el estrado de un juez son numerosos. Hace unos días, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) publicó un "mapa de conflictos socioambientales", donde se mencionan 52 casos activos a nivel nacional, algunos de los cuales ya están en los tribunales (ver infografía).
Hito inicial: caso Ralco
El fenómeno comenzó hace poco más de dos décadas, con la entrada en vigencia de nuevas normas ambientales. Entre los hitos iniciales se menciona a Ralco, hidroeléctrica de Endesa que antes de concretarse enfrentó una suma de obstáculos por la ofensiva que desataron en su contra las hermanas pehuenches Nicolasa y Berta Quintremán, a comienzos de los 90.
Desde entonces, estos litigios se han multiplicado. Algunos con gran resonancia pública, especialmente cuando se trata de megaproyectos. Un ícono dentro de la nómina es HidroAysén, iniciativa de Endesa y Colbún que pretendía levantar cinco centrales en la Patagonia. Luego de una batalla judicial que se prolongó por años, el actual gobierno zanjó la disputa, revocando el permiso ambiental respectivo, en junio de 2014.
Las empresas afectadas están convencidas de que el "desfile" de los proyectos por los tribunales forma parte de una estrategia. Llegan incluso al extremo de hablar de una "industria del obstruccionismo". La visión común de las compañías sobre el problema -socializada entre ellas- da cuenta de un mecanismo complejo en el que la operación del engranaje clave está en manos de abogados.
En algunos casos -dicen-, la palanca que mueve a estos profesionales está dada por una "convicción medioambiental". Pero aseguran que la mayor parte de las veces, la motivación sería económica. Como ejemplo se citan los 3 millones de dólares que el estudio de Ramón Ossa obtendrá por el acuerdo que alcanzaron hace tres meses la comunidad de Caimanes y mina Los Pelambres (Región de Coquimbo), en el marco del conflicto por el tranque de relaves El Mauro.
Aparte de ese monto, la oficina de Ossa cobrará otro millón de dólares, correspondientes a las costas (gastos) en que incurrió durante los casi diez años en que defendió a los pobladores. Estos últimos, a su vez, se beneficiarán -a través de distintas iniciativas- con más de 30 millones de dólares que la minera colocó sobre la mesa como parte de la negociación.
Monitorean inicio de proyectos
Los honorarios que obtienen los bufetes en estos casos son variables. Dependiendo de la naturaleza del pleito y del "calibre" de quien esté detrás del proyecto, esas ganancias pueden ir desde los 100 mil o 200 mil dólares, y llegar a cifras equivalentes o superiores a las conseguidas por Ossa, dineros que provienen, por ejemplo, de indemnizaciones judiciales o de "entendimientos" a los que los gestores de las iniciativas se allanan para no ir a los tribunales, o impedir que un litigio se perpetúe.
Los resortes del mecanismo empiezan a funcionar cuando los abogados toman contacto con las personas o comunidades que se sienten perjudicadas por un proyecto. Lazo que, según la visión de las empresas, se daría a partir del monitoreo que algunos estudios jurídicos hacen para detectar inversiones con "potencial" para generar un conflicto susceptible de ser llevado al estrado de un juez.
"Cacería" de clientes
En esos casos -se asegura-, son los abogados quienes "van" hacia los posibles clientes. A quienes, junto con hacerles ver los "riesgos" de un proyecto dado, les suelen ofrecer asesoría jurídica gratuita, tomando en cuenta que muchas veces se trata de personas modestas. También se reconoce que ciertos profesionales son abordados desde las comunidades, en razón del "nombre" que se han ganado por los resultados obtenidos en estas controversias.
La fase siguiente, según la visión de las empresas, es la judicialización propiamente tal: la presentación de demandas, querellas, recursos de protección u otras acciones ante los tribunales. Escenario que para estos proyectos es complejo y cuyos efectos pueden abarcar desde una pérdida de reputación ante la opinión pública hasta la paralización de una obra o una orden de demolición.
Pero hay también complicaciones colaterales, como protestas ciudadanas o cuestionamientos a través de las redes sociales. Fase en la que, según el parecer de las compañías, juegan un rol protagónico las ONGs ambientales.
Quienes han tenido dificultades con sus proyectos explican que, más allá de algunas suspicacias, cuesta rastrear una eventual colaboración entre esos organismos y los abogados. Pero hacen ver que estos se...
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