La imputación subjetiva
| Jurisdicción | Chile |
| Páginas | 381-482 |
| Autor | Alex Van Weezel de la Cruz |
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PARTE II. CAPÍTULO III. LA IMPUTACIÓN SUBJETIVA
El derecho penal no tiene por objeto resguardar la incolumidad de los bienes
jurídicos en cuanto objetos materiales o ideales, protegerlos de su «lesión
externa» (W), sino garantizar el mínimo de delidad al derecho que es
necesario para la vigencia de las normas fundamentales de convivencia social
en libertad. Dicha vigencia solo puede ser cuestionada o conmovida mediante
la expresión de sentido de una persona cuya conducta expresa que, para ella,
la norma no es un parámetro de orientación válido. Por eso, el derecho penal
se deja también limitar por los aspectos individuales, cuya presencia permite
excluir un décit de delidad al derecho. Las categorías de la llamada impu-
tación subjetiva que estudiaremos a continuación son indicadores, portadores
de un signicado: expresan que el esbozo de conguración de la realidad ma-
nifestado en la conducta de una persona no es mera casualidad ni el producto
de las circunstancias; por el contrario, se trata de su toma de posición frente
a la norma y debe ser tomada en serio. Ausencia de imputación subjetiva es,
por el contrario, imposibilidad de explicar el hecho como toma de posición
de la persona frente a la norma penal.
No responden a este esquema los casos de responsabilidad penal objetiva
o delitos calicados por el resultado, en los que se imputa un delito calicado
pese a que la realización de la circunstancia calicante era inevitable para
el autor. Los vestigios de responsabilidad objetiva que puedan quedar en los
ordenamientos jurídicos suelen ser aplicación de un principio llamado versari
in re illicita (en su formulación completa: versanti in re illicita imputantur omnia
quae sequuntur ex delicto o, en una versión más precisa, versatur in re illicita,
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CURSO DE DERECHO PENAL. PARTE GENERAL | ALEX VAN WEEZEL
respondeat etiam pro casu), propio de sociedades inclinadas a relativizar las
explicaciones basadas en las relaciones de causalidad natural. Conforme a
este principio, a quien realiza deliberadamente una conducta ilícita deben
imputarse todas las consecuencias negativas que ella produzca, sin atender a
la posibilidad de preverlas. Interpretando en esta clave, por ejemplo, el art.
196 de la Ley de Tránsito, que establece el delito de conducción en estado de
ebriedad produciendo ciertos resultados de daños o lesiones, habría que imponer
la pena de la gura calicada aunque la producción de tales resultados en el
caso concreto haya sido imprevisible.
La imputación subjetiva, también llamada culpabilidad, comprende tanto
los presupuestos de una motivación predominante de respeto al derecho —su
presencia es lo que permite luego valorar negativamente la ausencia de moti-
vación manifestada en el hecho objetivamente imputado—, como las formas
concretas de evitabilidad individual del suceso.
•
En primer lugar, por tanto, en sede de imputación subjetiva deben anali-
zarse los presupuestos de una motivación predominante de respeto al derecho.
Ello exige comprobar que, al tiempo del hecho, se vericaban en la per-
sona los presupuestos mínimos de madurez y disposición mental, y que la
situación era sucientemente normal como para considerar la conducta
como expresión de la motivación de la persona (y no exclusivamente
de las circunstancias en que se encontraba). Todo esto es fundamental
para que la competencia de aquella persona por el hecho sea penalmente
relevante, es decir, para que el conicto pueda ser procesado mediante
la imposición de una pena.
• En segundo lugar, se debe establecer la evitabilidad individual del suceso
que, cuando concurre, puede adoptar las formas de dolo o imprudencia.
En términos simples y resumidos, el dolo es el conocimiento que se
atribuye al individuo en cuanto a que la realización del injusto objetivo
era conocida, al tiempo del hecho, como consecuencia evitable de su
conducta; por lo tanto, comprende también lo que se suele denominar
conciencia de la ilicitud. La imprudencia es la cognoscibilidad de aquello
mismo.
En este orden se expondrán a continuación las diversas categorías de
la imputación subjetiva. Pero antes nos referiremos a la culpabilidad como
principio y al tratamiento que tradicionalmente se le ha dado como categoría
en la estructura del delito.
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PARTE II. CAPÍTULO III. LA IMPUTACIÓN SUBJETIVA
I. LA CULPABILIDAD COMO PRINCIPIO Y COMO
NIVEL EN LA ESTRUCTURA DEL DELITO
La culpabilidad es un principio y también uno de los niveles o planos en la
estructura del delito.
1. El principio de culpabilidad
La imposición de una pena presupone siempre que sea posible emitir, respecto
del que será castigado, un juicio de culpabilidad. Esta exigencia se sintetiza
en la frase «no hay pena sin culpabilidad», o bien, «la pena debe ser merecida
por la persona» a quien se impone. Si la pena tiene que ser merecida por la
persona, entonces la culpabilidad es tanto un presupuesto para la imposición
de la pena, como un límite a la intensidad de la pena que se puede imponer.
De acuerdo con una visión coherente con la prevención general positiva,
culpabilidad y prevención se encuentran en una relación de funcionalidad re-
cíproca y no de oposición. Si el n de la pena es reparar a costa del delincuente
el daño social causado por su conducta —la desestabilización de la norma como
parámetro de orientación válido—, entonces lo preventivo y lo retributivo se
condicionan recíprocamente. En un esquema así, culpabilidad y prevención
no son polos opuestos, sino dos dimensiones de lo mismo.
Es importante no confundir las nociones de imputación, responsabili-
dad y culpabilidad. Imputación es la atribución de un hecho conforme a algún
criterio o grupo de criterios dotados de cierta racionalidad. Por lo general,
consideramos que está presente esta racionalidad cuando al menos uno de
estos criterios consiste en que la persona haya podido evitar el hecho («haber
podido actuar de otro modo»).
Responsabilidad, en cambio, es la obligación de soportar ciertas conse-
cuencias que impone racionalmente el ordenamiento jurídico —asociadas o
no a una imputación—, desde la obligación de «explicarse» o de abstenerse
excepcionalmente de una conducta en principio lícita, hasta la de solventar
el costo de reparación de un daño individual. Reconocemos en general como
racionalmente impuestas las responsabilidades basadas en el «haber podido
actuar de otro modo», pero también las que se basan en la posesión o gestión
de objetos o actividades peligrosas; incluso más: en el derecho administrativo
y en el derecho civil se asignan responsabilidades también convencionalmente
y a posteriori.
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