¿Hacia un estado regional? Implicancias y aspectos a observar
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TEMAS PÚBLICOS
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Nº 1531- 2
21 de enero de 2022
ISSN 0717-1528
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¿HACIA UN ESTADO REGIONAL?
IMPLICANCIAS Y ASPECTOS A OBSERVAR
Hace unas semanas, la Comisión de Forma de Estado y D escentralización
(“Comisión”) de la Convención Constitucional (“CC”) comenzó a deliberar sobre el
fondo de las materias de su competencia, razón por la cual empezamos a conocer las
primeras iniciativas de los convencionales. El primer bloque de normas a ser
discutidas, conforme al cronograma interno de la Comisión, corresponde a las
materias de forma de Estado, distribución de competencias y regiones.
En este sentido, en cuanto a la forma de Estado, se reveló que existe cierto consenso
dentro de la Comisión en torno a la idea de consagrar un Estado regional, lo que se
expresa en la adherencia de la mayoría de sus integrantes (14 de 25) a una Iniciativa
Convencional Constituyente (“ICC”) de norma que propone dicho modelo1. Lo
anterior es relevante, toda vez que dicho apoyo mayoritario vaticina que la propuesta
1 Iniciativa Convencional Constituyente que consagra un Estado Regional y Entidades Territoriales Autónomas
(Boletín N°43-3). Ingresada con fecha 27 de diciembre de 2021. Disponible en:
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2021/12/43-3-Iniciat iva-Convencional-Constituyente-
de-la-cc-Tammy-Pustilnick-y-otros.pdf. Para conocer un análisis detallado de su contenido, ver Reseña
Constitucional N°1511: Iniciativa Constituyente que consagra un Estado Regional. Libertad y Desarrollo (2022).
• Las primeras propuestas de normas constitucionales en m ateria de forma de Estado y
descentralización (presentadas por una mayoría transversal de convencionales de izquierda)
coinciden en mutar desde un Estado unitario hacia uno regional.
• Esa forma de Estado (regional) tiene como consecuencia natural la existencia de regiones
con autonomía legislativa. En dichas propuestas, esto se materializa mediante el
establecimiento de Asambleas Legislativas Regionales.
• Consideramos que dicha innovación no es recomendable para nuestro país, ya que
incorpora una institucionalidad ajena a nuestra tradición histórica y constitucional, y a
nuestras características sociales, culturales, geográficas y demográficas. Asimismo,
implicaría un crecimiento de la burocracia estatal (con sus correlativos costos fiscales), sin
asegurar beneficios aparejados en términos de descentralización. Por último, abriría la
puerta a una dispersión normativa sin precedentes, con una inminente proliferación de
contiendas de competencia.
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