Gobierno impulsa plan para acelerar tramitación de proyectos mineros que le costaría al Estado solo $690 millones
Para sacar adelante un proyecto minero se requiere superar nada menos que 2.167 obligaciones normativas, 230 permisos sectoriales y obtener autorizaciones para un máximo de 102 tipos de obras, instalaciones y actividades, según datos oficiales del Ministerio de Minería, a mayo del año pasado. Este volumen de requerimientos es uno de los factores que explican que en este sector, en promedio, se pueden llegar a necesitar siete años para completar la tramitación de una iniciativa.Con la idea de disminuir estos plazos identificando cuellos de botella que dilatan y complican la obtención de los permisos asociados a estas inversiones, en abril del año pasado el Ministerio de Minería conformó una mesa de trabajo con el objetivo de plantear también medidas concretas de solución y así acortar los plazos de tramitación."Con este enfoque, por ejemplo, no se necesitarían instancias como la oficina GPS, porque al ejecutar las medidas de este plan los procedimientos se volverán más expeditos", explica el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, que lidera la iniciativa.A este grupo fueron convocadas la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el Servicio Nacional de Minería y Geología (Sernageomin) y la oficina GPS del Ministerio de Economía, que tiene la misión de destrabar proyectos de inversión específicos. Para tener la visión de la industria, sumaron a representantes de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), el Consejo Minero y la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin).En la mesa también participaron los jefes de 11 órganos de la administración del Estado que tramitan permisos relacionados con la minería. Entre ellos estuvieron los titulares de la Dirección General de Aguas ( DGA) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), que dependen del Ministerio de Obras Públicas (MOP); la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, Conaf, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el Servicio de Evaluación Ambiental.Tras 23 sesiones de trabajo, en mayo recién pasado la denominada Mesa de Sustentabilidad entregó sus conclusiones. En diez puntos explican que los elevados tiempos de tramitación ambiental se originan por servicios que en sus pronunciamientos van más allá de sus competencias, que en varios casos están, además, duplicadas o superpuestas entre entidades, y que presentan disparidad de criterios entre su nivel central y las oficinas regionales.El análisis arrojó también que hay una...
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