Con firma de acuerdo entre empresa chilena y Bolivia, se pone fin a caso judicial que divide a La Paz
En un avión privado llegó a La Paz, el jueves, el abogado, experto en litigio internacional, Andrés Jana. De ahí, inmediatamente abordó un auto hasta el Ministerio de Minería de Bolivia.
¿La razón? La firma, tras 14 años de controversia, del acuerdo entre la empresa chilena Quiborax y el Estado boliviano, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) fallara a favor de la firma nacional en el diferendo ocasionado por la reversa de sus concesiones mineras en el salar de Uyuni, en el país altiplánico.
En concreto, Bolivia debió pagar el 80% del laudo, suma ascendente a 42,6 millones de dólares, algo que provocó polémica y diversas disputas políticas en La Paz.
Tanto es así que, al llegar el representante de la empresa a firmar el convenio, el cual ya estaba revisado y listo para la aprobación, se encontró con decenas de representantes de la prensa boliviana en las puertas del ministerio, que querían declaraciones de todos los presentes en la ceremonia.
De parte de Bolivia, estaban ahí el procurador general Pablo Menacho -quien también es uno de los principales representantes del Estado en la demanda marítima ante La Haya- y el ministro de Minería, César Navarro.
Tras la firma los representantes bolivianos ofrecieron una conferencia de prensa a los medios, mientras Jana volaba a Santiago inmediatamente.
"Bolivia, al haber acatado de manera pronta, total y definitiva la decisión de un tribunal internacional, confirma plenamente su tradición de ser un país que cumple y respeta sus compromisos internacionales y que espera lo mismo de otros países", expresó Menacho, en una declaración evaluada por algunos como una alusión a Chile y el futuro fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Por su parte, el titular de Minería aplaudió el "fin de la controversia" y apuntó a que esta fue provocada por una acción "irresponsable" del ex Presidente Carlos Mesa, quien fue el Mandatario que, en 2004, decretó la anulación de las concesiones de la empresa. Esto, para la defensa de la empresa chilena, implica un reconocimiento abierto de que no existía el fraude que, en su momento, se argumentó, para cerrar la firma.
Luego de que se conociera el fallo del Ciadi, el gobierno boliviano ha apuntado todos los dardos a la responsabilidad del ex Presidente, actual vocero de la demanda marítima, como "culpable" de la derrota.
Tanto es así que a fines del mes pasado, la Procuraduría General de la República presentó una...
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