Financiamiento estudiantil - 13 de Mayo de 2017 - El Mercurio - Noticias - VLEX 679011777

Financiamiento estudiantil

Desde su creación el 2006, el Crédito con Aval del Estado (CAE) ha sido un efectivo instrumento para promover el acceso a la educación superior. Su diseño original buscó aliviar las restricciones de créditos de las familias, teniendo en consideración sus dificultades para dar con garantías en el evento de no pago. Así se justificó la intervención del Estado. Este podía ofrecer las espaldas financieras necesarias ante tal evento. Por su parte, las universidades contribuirían a la cruzada haciéndose responsables de parte de la deuda si el estudiante no se graduaba. Finalmente, bancos privados aportarían los recursos, siempre incentivados por la garantía del Estado.

Los resultados fueron los esperados. Un total de 808.366 estudiantes han utilizado el CAE para costear total o parcialmente sus estudios. De estos, el 57% pertenece a los dos primeros quintiles de ingreso, el 85% proviene de colegios municipales o particulares subvencionados y el 31% ha optado por carreras técnicas. Actualmente, cerca de 304 mil personas se encuentra en etapa de pago, de las cuales el 38% se hallan morosas (deben tres o más cuotas).

Problemas y ajustesLos fundamentos generales del CAE eran técnicamente adecuados. Sin embargo, su diseño subestimó el efecto de los incentivos de las instituciones de educación superior para promover la obtención de títulos por parte de sus alumnos, incluso sacrificando su calidad. Tampoco se contempló la obligación de evaluar constantemente el papel de la banca. Durante los primeros años, su financiamiento permitió al Estado concentrar sus propios recursos en otras necesidades sociales prioritarias. Sin embargo, bastó un par de generaciones de egresados para identificar falencias en los contratos. Los bancos podían hacer efectiva la garantía del Estado en forma ventajosa, volviendo el sistema más caro de lo previsto.

En el 2012 se realizaron importantes ajustes al sistema. Se rebajó la tasa de interés del crédito desde un 6% a un 2%, se estableció que el monto mensual a cancelar no podría superar el 10% de los ingresos mensuales de los beneficiados y la posibilidad de solicitar la suspensión del cobro en caso de desempleo. Se estableció también un plazo fijo de 180 cuotas, es decir, que si al cabo de dichas cuotas aún queda un saldo de deuda, esta se extingue y la persona queda liberada de cualquier cargo. Según estimaciones del Ministerio de Educación, el costo de estas medidas, en régimen, alcanzaba aproximadamente a US$ 200...

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