Proyecto de Ley Num. 5724-26 de C. Diputados, de 3 de Febrero de 2010 (Fija normas especiales para las empresas de menor tamaño.) - Proyectos de Ley - Iniciativas legislativas - VLEX 556835350

Proyecto de Ley Num. 5724-26 de C. Diputados, de 3 de Febrero de 2010 (Fija normas especiales para las empresas de menor tamaño.)

Número de expediente:5724-26
Fecha de última tramitación:12 de Febrero de 2015
Fecha de apertura: 3 de Febrero de 2010
Situación actual:Tramitación terminada; Ley Nº 20.416 (Diario Oficial del 03/02/2010)
Cámara de origen:C. Diputados
Etapa:Publicado
Tipo de proyecto:Proyecto de Ley
 
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MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE FIJA NORMAS ESPECIALES PARA LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

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SANTIAGO, enero 4 de 2008

MENSAJE Nº 1297-355/

Honorable Cámara de Diputados:

A S.E. EL

PRESIDENTE

DE LA H.

CAMARA DE

DIPUTADOS.

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley que Fija Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño.

Antecedentes Generales sobre el Contexto Económico y Marco Regulatorio.

En las últimas décadas, Chile ha implementado y/o profundizado una estrategia de desarrollo económico y social, persiguiendo equilibrios y estabilidad macroeconómicos, profundizando la apertura comercial e incentivando un mejor funcionamiento de las instituciones. El Estado ha focalizado sus políticas de apoyo e intervención en los mercados en los casos en que existen las llamadas fallas de mercado y existencia de bienes públicos, al tiempo que ha asumido un activo rol en el objetivo de superación de la pobreza, a través de diversos programas de protección social, así como de fomento a la capacitación, la inserción laboral e inclusión social.

Todo esto se ha traducido en importantes avances, tanto a nivel de desarrollo de mercados, transformándolos en el motor de crecimiento de la economía chilena, como de reducción de la pobreza. Con ello, el ingreso per cápita se ha duplicado entre los años 1988 y 2004, alcanzando un nivel de poco más de US$ 12.700 en el año 2006, medido en paridad de poder de compra, y la pobreza se ha reducido desde un 38,6% en 1990 a un 13,7% en el 2006.

Dentro de este proceso integral de desarrollo, la actividad emprendedora ha tenido especial participación, consolidándose en sectores tales como el forestal, vitivinícola, frutícola y acuícola, a través de la generación y exportación de productos de mayor valor agregado, y ampliándose a nuevos sectores tales como las manufacturas, tecnologías de información y comunicación y turismo de intereses especiales.

La distribución de beneficios derivados de este desarrollo económico, sin embargo, no ha sido del todo equitativa, parte de ello debido a desigualdades en el acceso a oportunidades para emprender. En la actualidad, existen en Chile 721 mil empresas formales activas, esto es inscritas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y con ventas positivas registradas en el año 2006, de las cuales un 79% corresponde a microempresas, un 17% a pequeñas empresas y un 2,5% a medianas empresas. No obstante esta alta participación en términos numéricos, este grupo de empresas, denominadas como Empresas de Menor Tamaño (EMT), aporta solamente al 15% del total de ventas de las empresas del país y su participación directa en las exportaciones nacionales no supera el 10% del total.

En términos del empleo que generan, la información disponible lamentablemente es bastante menos exacta, con lo que la participación de estas empresas en el empleo total dependerá de la fuente y los supuestos utilizados. La información del SII para el año 2006, por ejemplo, indica que las empresas de menor tamaño aportan al 52% del empleo generado por el total de las empresas, siendo una estimación que por razones obvias no incluye a los trabajadores informales. Cuando se consideran otras estimaciones que sí los incluyen, tal como la encuesta CASEN, la participación de estas empresas en el empleo generado por el sector privado aumenta a un 68%. Luego, más allá de estas diferencias, destaca el hecho que las EMT inciden en forma significativa en el empleo nacional.

Con todo, la baja participación de estas empresas en los niveles de ventas totales constituye una primera indicación de la dificultad que enfrentan para desarrollarse, la cual ciertamente no obedece a una única razón. En efecto, una observación común que surge de los diferentes estudios del sector de EMT, es el alto grado de heterogeneidad que lo caracteriza y a sus problemas para desarrollarse.

Los gobiernos de la Concertación no han desconocido esta situación, por lo que han implementado diversas políticas públicas para el fomento productivo, la innovación y la regulación, traduciéndose en importantes avances en lo que respecta por ejemplo a un mayor acceso a mercados, a financiamiento, a plataformas de servicios, a la adopción de tecnologías de información, a la simplificación de trámites, entre otros.

Si bien los avances alcanzados hasta el momento son importantes, para asegurar el crecimiento y desarrollo de las EMT, es necesario profundizar los esfuerzos. Es responsabilidad del sector público preparar el camino para que las empresas puedan cumplir los requisitos que establece la legislación y corregir aquellos aspectos normativos y administrativos que son desproporcionados para el tamaño de las unidades productivas más pequeñas. En consecuencia, una línea de acción que fortalece el emprendimiento corresponde justamente a la mejora regulatoria.

En el actual contexto económico internacional, con una economía global que se caracteriza por elevados grados de interdependencia, que convive con rápidos cambios tecnológicos, económicos y sociales, el rol de la regulación es clave y la mejora regulatoria es un proceso fundamental para fortalecer la promoción del desarrollo económico y social.

En términos generales, las acciones de mejora regulatoria consisten en aquellos cambios que aumentan la calidad del sistema jurídico, en particular el perfeccionamiento de algunos instrumentos legales. La mejora regulatoria contempla cambios a normas vigentes y propuestas, como también puede incluir nuevas leyes para cubrir vacíos legales existentes. Es decir, la mejora regulatoria es un proceso amplio, que abarca cambios mucho más integrales que la pura desregulación de un sector.

En el caso particular de Chile, una primera etapa en este proceso de mejora regulatoria para la normativa aplicable a las empresas consiste justamente en revisar y adecuar la normativa vigente, modificar la que es redundante o impone costos que inducen al incumplimiento, e introducir nuevas regulaciones en los casos en que se requiera. Chile no está libre de regulaciones redundantes. Tampoco lo está de regulaciones con alto costo relativo para las empresas de menor tamaño, como una ley de quiebras que establece procedimientos complejos y caros que induce a que las EMT casi nunca formalicen su cierre.

Lo importante a reconocer es que en el ámbito del emprendimiento empresarial, la viabilidad de un negocio depende no sólo de las oportunidades que el mercado ofrezca, sino también de la legislación, las regulaciones y los requerimientos administrativos específicos que el Estado diseña e implementa para esas actividades.

Por todo lo anterior, es que se considera que el marco regulatorio es un factor importante en la competitividad y viabilidad de las empresas. No es difícil que la regulación se transforme en un obstáculo al emprendimiento y al desarrollo de una empresa: costos administrativos, barreras a la entrada o salida y/o problemas de competitividad derivados de la normativa pueden afectar significativamente el ciclo de vida de un negocio. Por ello es que al diseñar e implementar nuevas regulaciones, se deben tener en cuenta principios de costo-efectividad que permitan fortalecer la capacidad emprendedora, de tal manera que los costos de la regulación no superen los beneficios derivados de ella y al mismo tiempo se cumpla su objetivo deseado.

Una regulación que es costo-efectiva contribuye a generar igualdad de oportunidades para emprender, a potenciar la competitividad de las empresas de menor tamaño y posibilitar nuevos emprendimientos, con efectos directos sobre la consolidación de puestos de trabajo, la equidad social y la participación ciudadana. En la medida que las empresas de menor tamaño incrementen su productividad y sean más competitivas, todo ello reforzado por una regulación adecuada, aumentarán su capacidad de generar valor agregado y de producir bienes y servicios, con una evidente ganancia para todos los actores involucrados.

Antecedentes sobre las Normas que Rigen a las Empresas.

La actividad de las empresas, independientemente de su tamaño, es afectada por un sinnúmero de normas jurídicas dictadas para regular, tanto las relaciones, deberes y obligaciones de sus propietarios, es decir, los aspectos institucionales de la organización, así como los aspectos operacionales, es decir, aquellos vinculados al giro productivo de bienes y servicios y al funcionamiento de las actividades relacionadas con éste.

Las normas, por su parte, afectan de manera diversa, en algunos aspectos, a las distintas categorías de empresa según su tamaño. Las relaciones entre los dueños, las de éstos con sus trabajadores, las normas tributarias, de higiene, de condiciones de trabajo, de contrato de trabajo, de previsión y seguridad social, de impacto ambiental, etc., se encuentran diseminadas en distintos cuerpos jurídicos, los que en la mayoría de los casos no están sólo dirigidos a las empresas de un determinado tamaño, sino que a todas las que se encuentren en el supuesto jurídico que se pretende regular con ellas.

Entendemos entonces que el “Estatuto de las Empresas de Menor Tamaño”, es el conjunto de normas, generales o especiales, que, tomando en consideración su tamaño, regulan la actividad empresarial durante su ciclo de vida, con el objeto de permitir su participación en el mercado, en igualdad de condiciones.

Un estatuto no es necesariamente una ley única, como un código, sino que es un conjunto de normas que pueden estar contenidas y, en consecuencia diseminadas en diversos cuerpos legales, como es el caso de Chile.

En efecto, en Chile, existen varias disposiciones especiales para la micro, pequeñas y medianas empresas, contenidas en diversas leyes, las que no sería conveniente trasladar a una norma única, porque se encuentran incorporadas en normas especiales que regulan situaciones determinadas, como materias tributarias...

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