Fallos con efectos generales: grave precedente
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TEMAS PÚBLICOS
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Nº 1578 - 2
12 de enero de 2023
ISSN 0717-1528
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FALLOS CON EFECTOS GENERALES:
GRAVE PRECEDENTE
En 2022, en dos ocasiones la Corte Suprema dictó sentencias con efectos generales,
esto es, decisiones que afectan a personas que no han sido parte del juicio. En ambos
casos, las sentencias incidieron sobre aspectos sustanciales relativos a los contratos
de salud entre las isapres y sus afiliados, afectando la política pública. De este modo,
el Tribunal Supremo actuó contra el derecho, se excedió en el ejercicio de sus
facultades e invadió el ámbito de atribuciones del Poder Legislativo.
Es preciso puntualizar que el Ejecutivo y el Congreso han sido negligentes en
solucionar el problema de las alzas de los planes de salud, cuestión que explica -pero,
en ningún caso , justifica- la intromisión de la Corte Suprema en cuestiones que no
son de su competencia. Sin embargo, una vez que la autoridad política abordó la
problemática, primero, por medio de la dictación de una circular de la
Superintendencia de Salud y, después, por medio de una ley, la Corte Suprema
cuestionó el mérito de una y otra decisión.
Dictando sentencias con efectos generales y dando órdenes a la autoridad
administrativa, es posible que la Corte Suprema evite que se produzca un nuevo
fenómeno de judicialización masiva, zanjando de una vez por todas el debate
jurisprudencial. Sin embargo, con ello, además de extralimitarse en sus atribuciones,
demuestra su voluntad de imponer su criterio sobre el de los órganos llamados a
definir la política pública.
A continuación se abordan los problemas no resueltos por la autoridad política, y
cómo ello presiona al Poder Judicial. Luego, se sintetizan las sentencias aludidas.
• Los tribunales de justicia no pueden dictar sentencias con efectos generales, por expresa
prohibición del legislador.
• Cuando la Corte Suprema dicta sentencias con efectos generales actúa contra el derecho,
se excede en el ejercicio de sus facultades e invade el ámbito de atribuciones del Poder
Legislativo.
• Los tribunales de justicia no cuentan con la legitimidad democrática requerida para adoptar
decisiones de política pública, ni tampoco con las capacidades técnicas necesarias para
prever los efectos de sus sentencias.
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