Exonerados: Jueza sobreseyó a 54 parlamentarios, pero critica 'laxitud' al emitir certificados
En una extensa resolución de 55 páginas, la magistrada concluyó que no se encuentra completamente justificada, por ahora, "la comisión de un hecho constitutivo de ilícito penal en lo que dice relación a la extensión de sendos certificados políticos emitidos por quienes desempeñaban el cargo de diputado a la fecha de emisión de estos documentos".
Estos documentos eran presentados al Programa de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior en el marco de beneficios previsionales otorgados bajo el amparo de la Ley 19.234.
La magistrada sostiene en el fallo que el sobreseimiento se mantendrá "hasta que se presenten nuevos y mejores antecedentes para la investigación" respecto de los certificados emitidos por 54 parlamentarios.
Con estos cientos de certificados que extendieron los entonces diputados, se acreditó la calidad de exonerados políticos de personas interesadas en obtener el beneficio previsional que otorga la Ley N° 19.234, que consiste en una pensión no contributiva. Incluso, en muchos casos, la única prueba considerada para obtener este beneficio fue el certificado emitido por los políticos.
La calificación debía acreditar motivación política de la exoneración y vínculo laboral con el respectivo empleador, lo que se hizo a través de los certificados que extendieron los diputados.
La ministra acreditó, tras la revisión de las carpetas previsionales relacionadas con esta investigación, que muchas de ellas "contenían como única prueba de la relación laboral y de la exoneración política un certificado de un parlamentario, de modo que tal antecedente fue el único medio que sirvió en estos casos para la calificación".
Pese al sobreseimiento, la magistrada cuestionó la "laxitud" de algunos parlamentarios a la hora de corroborar la información que emitieron en estos documentos.
Por otro lado, se acreditó "falsificación masiva de documentos", pero que "el tribunal no pudo lograr la determinación del autor de esa falsedad".
Tras interrogar, pedir informes a parlamentarios en ejercicio, o tomar declaración por videoconferencia a quienes emitieron estos documentos, se pudo constatar, "salvo escasas excepciones, que en su emisión hubo laxitud a la hora de corroborar efectivamente la información contenida en el certificado".
Según relató la magistrada, se pudo observar que muchos diputados encargaban a su personal subalterno interrogar a quienes pedían este tipo de documentos y hacer las averiguaciones de rigor, sin que hoy puedan dar certeza de la veracidad de lo certificado, "pues no solo no recuerdan a las personas a quienes extendieron los documentos, sino que tampoco pueden dar razón de la actividad que estos desarrollaban o al menos algún antecedente del respectivo empleador en orden a cómo se produjeron los despidos o si hubo intervención militar al referido empleador".
Otros, en cambio -dice el fallo-, han reconocido que certificaron conforme al relato que les dio el propio interesado y que consideraron creíble.
"Tampoco se tomó el recaudo de dejar constancia en el certificado acerca de la fuente desde donde se obtenía la información contenida en el certificado en orden a advertir a la autoridad encargada de evaluar los antecedentes la mayor o menor certeza de lo afirmado", cuestiona la jueza.
En la resolución también se hizo hincapié en que se pudo detectar que la práctica de la extensión de este tipo de documentos "fue masiva, y que hubo parlamentarios que emitieron cientos de certificados para personas que decían haber trabajado para distintos empleadores, e incluso en algunos casos a lo largo de todo el territorio nacional, y no solo de la zona del respectivo parlamentario. Dicha situación resulta relevante si se considera que en la mayoría de los casos investigados en esta causa, la principal causa, y muchas veces la única, fue precisamente la certificación de estos congresistas".
Cómo se originó
A comienzos de diciembre, la jueza López envió un informe a la Corte Suprema con los avances de la investigación del caso de los falsos exonerados que asumió el 6 de junio de 2013. En este documento, por primera vez se hablaba de una arista de la investigación a los políticos; y de la falsificación de firmas.
La jueza concluyó que era necesario indagar el delito del artículo 203 del Código Penal, que sanciona al empleado...
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