Ex ministro Larraín: 'La sindicalización forzosa implicará la pérdida de 150 mil empleos'
Basado en la evidencia de Canadá, el hoy director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES-UC) estima que la "sindicalización forzosa" -como la define- implícita en la titularidad sindical, la no extensión de los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados y el fin del reemplazo en huelga costará al país del orden de 150 mil empleos en dos o tres años.
La institución elaboró un estudio en el que, junto a Larraín, participaron Rodrigo Cerda, director alterno de la institución, y los profesores del Instituto de Economía de la UC Juan Bravo y Macarena Kutscher.
El estudio utiliza el mark-up salarial de los trabajadores sindicalizados, esto es, la ganancia salarial por pertenecer al sindicato versus no pertenecer. Lo que está probado, dice Larraín, es que cuando se fuerza la sindicalización los trabajadores adscritos al sindicato van a tener mayores aumentos salariales no relacionados con la productividad.
El informe cita un libro de Aidt y Tzannatos (2005) publicado por el Banco Mundial y el planteamiento de otros autores, según los cuales el mark-up salarial de trabajadores sindicalizados versus los no sindicalizados tiene impactos: "Provoca una disminución relativa del empleo en el sector sindicalizado debido a que las empresas buscan formas de evitar mayor contratación de trabajadores sindicalizados para reducir sus costos".
La mayor sindicalización le costaría al país del orden de 55 mil empleos y la eliminación del reemplazo en huelga, 95 mil empleos, según Larraín. En el caso de Canadá, la incidencia de huelgas aumentó un 12% y la duración promedio de la paralización de actividades aumentó en 32 días, agrega.
El economista hace ver que "aunque las reformas laborales son para el largo plazo, la economía chilena apenas está creando empleo: 0,6% en diciembre-febrero 2015, la tasa más baja desde la recesión de 2009".
La propuesta de CLAPES-UC es que los empresarios tengan la posibilidad de reemplazar el 50% de los trabajadores en huelga y que corra el reemplazo para los servicios básicos, incluyendo actividades que tienen características especiales, como la producción de bienes perecibles o las cosechas.
Larraín sostiene que las indicaciones al proyecto de reforma laboral restringen la definición de servicios mínimos al interior de la empresa, pero no tienen en consideración qué pasa si la empresa le presta un servicio que es esencial para un tercero.
Con todo, Larraín afirma que...
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