¿Cómo se evalúa la institucionalidad de libre competencia y la iniciativa legal en trámite? - Núm. 1460, Agosto 2020 - Temas Públicos - Libros y Revistas - VLEX 847281296

¿Cómo se evalúa la institucionalidad de libre competencia y la iniciativa legal en trámite?

Páginas1-7
TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
1460 - 2
14 de agosto de 2020
ISSN 0717-1528
1
¿CÓMO SE EVALÚA LA INSTITUCIONALIDAD
DE LIBRE COMPETENCIA Y LA INICIATIVA
LEGAL EN TRÁMITE?
A raíz de la “Agenda Anti Abusos”, anunciada por el Presidente Sebastián Piñera y
materializada en la presentación del proyecto de ley “Anti Colusión”i, Libertad y
Desarrollo junto al Programa UC | Libre Competencia realizaron una consultaii los
principales asesores legales de nuestro país y a ex autoridades, todos en materia de
libre competencia, con el propósito de conocer su opinión técnica respecto a la
institucionalidad vigente y la iniciativa legal en trámiteiii, incluyendo a las discusiones
que, sin ser parte del proyecto de ley original, han surgido con ocasión del mismo.
La iniciativa legal sobre la que consultamos tiene como principales objetivos reformar
el DL 211 en los siguientes aspectos:
(i) Otorgarle a la FNE nuevas herramientas para la persecución de carteles.
El Programa UC | Libre Competencia y Libertad y Desarrollo realizaron una consulta a los
principales asesores legales de nuestro país y a las ex autoridades, todos en materia de libre
competencia, con el propósito de conocer su o pinión técnica respecto a la institucionalidad
vigente y la iniciativa legal conocida como Ley “Anti Colusión”, en trámite.
Un 94% de los expertos y ex autoridades de competencia consultados tienen una opinión
positiva sobre el desempeño de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) durante los últimos 19
años. Para el caso del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), esta valoración
alcanza un 85% y para la Corte Suprema, un 38%.
Respecto al proyecto Anti Colusión, el 59% de los consultados considera que la reforma al
Decreto Ley 211 (DL 211), que hoy se discute en el Congreso Nacional, no se encuentra
justificada y el 62% se manifiesta contrario a la propuesta de aumentar la pena para el delito
de colusión cuando éste recaiga sobre bienes y servicios de primera necesidad.
El 77% de los consultados considera que la acción penal para perseguir el delito de colusión
debe ser ejercida de manera exclusiva por la FNE.

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