Estudio prevé que propuesta constitucional tendría un costo fiscal de entre 8,9 y 14,2 puntos del PIB - 29 de Julio de 2022 - El Mercurio - Noticias - VLEX 908120509

Estudio prevé que propuesta constitucional tendría un costo fiscal de entre 8,9 y 14,2 puntos del PIB

Comenzó en marzo, con una conversación que involucró al exministro de Hacienda Rodrigo Valdés (Escuela de Gobierno, PUC), la académica Claudia Martínez (Instituto de Economía, PUC) y el expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara (Centro de Estudios Públicos, CEP). Sumó luego al exsuperintendente de Pensiones Guillermo Larraín (Facultad de Economía y Negocios, U. de Chile), a la académica Andrea Bentancor (Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Talca) y al investigador del CEP Gabriel Ugarte, respecto de una pregunta común: ¿cuánto cuesta implementar -en caso de aprobarse el plebiscito- la futura Constitución?La pregunta de este transversal grupo de economistas -Valdés y Bentancor trabajaron en la administración de Bachelet II; Vergara participó en el diseño del programa de Piñera II y Ugarte fue funcionario en dicho gobierno; Larraín intervino en el diseño programático de la candidata Yasna Provoste y luego en el del Presidente Gabriel Boric, y Martínez ha participado en instancias técnicas en ambos gobiernos- no era fácil de responder dada su complejidad, por lo que el grupo decidió establecer ciertas definiciones metodológicas.Lo primero, se abordaría como costo fiscal directo incremental o adicional, esto es, aislado de ingresos o gastos como consecuencia de la implementación de la nueva Carta Magna -como los cambios en la cotización en salud en isapre o las transformaciones en empresas públicas-, tampoco potenciales impactos en la economía -en términos de inversión, crecimiento, conflictividad laboral o judicialización de derechos-, diseño de política alternativos o los cambios tributarios para afrontar el gasto.Dicho de otra manera, se enfocarían en el precio involucrado en el cumplimiento de cada disposición, como gasto directo, lo que les permitió distinguir tres tipos diferentes. El gasto anual recurrente directo para satisfacer el mandato (por ejemplo, un subsidio necesario para el acceso digital o el gasto para la adecuada participación ciudadana); los gastos recurrentes en administración estatal (por ejemplo, la creación de una nueva institución o el aumento de capacidades de los gobiernos subnacionales); y los gastos no recurrentes por ajustes de stock que, por una sola vez, son necesarios para cumplir ciertos estándares (por ejemplo, la expropiación de tierras para su restitución a los pueblos indígenas o el déficit en vivienda digna). "Para efectos de la contabilidad total, suponemos que este ajuste de stocks se hace en 10 años y, por lo tanto, sumamos una décima parte de este último tipo de gasto como gasto anual", sostiene el grupo.Además, para que el análisis fuese robusto, consultaron a más de una treintena de expertos de diversas áreas, estudiando experiencia constitucional comparada con otros países, benchmark de países similares a Chile e incluso programas específicos, como el caso de la erradicación de la violencia contra la mujer, donde se encontró un programa en Australia sobre la materia.De lo anterior, surgieron 29 áreas temáticas con su respectivo costo, supuestos y gasto. Esto dio origen al estudio "Estimaciones del Costo Fiscal Directo de la Propuesta de Nueva Constitución". ¿Los objetivos? "Nuestra motivación es doble. Por un lado, buscamos proporcionar información de utilidad para personas que requieren más elementos a la hora de decidir su voto. Estamos convencidos que tener más información disponible es deseable para una mejor toma de decisiones. Por otro lado, tenemos la convicción de que para lograr un alto grado de prosperidad compartida es imprescindible que seamos capaces de mantener las finanzas públicas sanas, con un nivel moderado de deuda fiscal", citan en el texto.Y agregan: "Ello implica que, si se decide gastar más, el Estado debe ser capaz de movilizar más recursos. Esto tiene consecuencias directas por sobre el nivel y la estructura de la tributación y de la eficiencia del Estado. Tener información de costos permite visualizar el camino que se debe recorrer".Los resultadosRespecto de las conclusiones del estudio, el documento define dos escenarios alternativos. Uno, de menor gasto, alcanza a 8,9% del PIB, equivalente a US$ 25.210 millones, que se descomponen en 7,1% del PIB de costos en régimen y 1,8% del PIB de costos por ajuste de stock en 10 años. Este último valor corresponde a un costo total por ajuste de stock de 18% del PIB.El segundo, de mayor gasto, alcanza el 14,2% del PIB...

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