Proyecto de Ley Num. 2520-07 de C. Diputados, de 6 de Julio de 2000 (Establece la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos.) - Proyectos de Ley - Iniciativas legislativas - VLEX 556768766

Proyecto de Ley Num. 2520-07 de C. Diputados, de 6 de Julio de 2000 (Establece la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos.)

Número de expediente2520-07
Fecha de última tramitación12 de Febrero de 2015
Fecha de apertura 6 de Julio de 2000
Situación actualTramitación terminada; Ley Nº 19.687 (Diario Oficial del 06/07/2000)
Cámara de origenC. Diputados
EtapaPublicado
Tipo de proyectoProyecto de Ley

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE SECRETO PARA QUIENES RECIBAN INFORMACIÓN CONDUCENTE A LA UBICACIÓN DE LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS.

_______________________________

SANTIAGO, junio 20 de 2000

M E N S A J E Nº 084-342/

Honorable Cámara de Diputados:

A S.E. EL

PRESIDENTE

DE LA H.

CÁMARA DE

DIPUTADOS.

  1. UNA DEUDA HISTÓRICA.

    La iniciativa que sometemos a vuestra consideración representa un hito en la solución del problema de los detenidos-desaparecidos.

    En efecto, el país ha heredado una carga social y política insatisfecha. Esta carga tiene su origen en hechos que ocurrieron en el pasado.

    Como se recordará, a partir de la restauración democrática, los esfuerzos de la Concertación y sus Gobiernos estuvieron dedicados con preferencia a la solución de la causa de los detenidos-desaparecidos, el establecimiento de sus responsables, y la averiguación urgente del paradero de los cuerpos.

    En efecto, los gobiernos democráticos tienen como deber la remoción de aquellos obstáculos que permitan el total desarrollo de las personas y el ejercicio pleno de sus derechos. Este mandato se deduce del inciso 4º del art. 1º de la propia Constitución de 1980, que pone al Estado al servicio de la persona humana y le expresa que su finalidad es promover el bien común, contribuyendo a la creación de condiciones que aseguren la más plena realización espiritual y material posible. A la vez, el mismo precepto constitucional ordena al Estado amparar a los grupos intermedios, promover la integración armónica de todos los sectores y asegurar a todos los sectores la participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

    Por otro lado, el artículo 5º inciso segundo, señala que la soberanía se encuentra limitada por el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y los artículos 6º y 7º consagran el sometimiento estricto de los órganos del Estado a la Constitución como norma fundamental.

    A su vez, el capítulo de los Derechos Fundamentales de la Carta de 1980 contiene muchos de los derechos que fueron conculcados en el pasado, siendo el más importante el de la vida y la seguridad física y psíquica de los chilenos.

    La siguiente es una relación de los hitos más importantes efectuados en aras de la reparación de las víctimas por los delitos ocurridos después de 1973.

    1. La Comisión Rettig.

      Ante la situación reseñada, surgió como imperativo irrenunciable la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que produjo el llamado "Informe Rettig". Esta se creó por el D.S. Nº 355, de Interior, del 9 de mayo de 1990. Se propuso establecer un cuadro lo más completo posible sobre las graves violaciones a los derechos humanos, entendiendo por tales la situación de los detenidos desaparecidos, ejecutados y los torturados con resultado de muerte, en que apareciera comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos. Entre sus recomendaciones, atingentes al proyecto de ley en comento se encuentran:

      a. La necesidad de colaborar en la búsqueda de las víctimas.

      En opinión de la Comisión, el Estado no podía abandonar la tarea de tratar de determinar el paradero de las víctimas o facilitar la búsqueda de los familiares, por ser una de las más elementales exigencias que se le formularon, anhelo compartido por amplios sectores del país, y cuya falta de solución haría persistir una grave dificultad para la convivencia y la reconciliación en Chile.

      b. Las recopilación de antecedentes y calificación de los mismos.

      Como al término de su trabajo, aún se continuaban recibiendo antecedentes de situaciones de violaciones a los derechos humanos, la Comisión señaló, que "existe un número significativo de casos en los cuales no fue posible a esta Comisión formarse convicción respecto de la condición de víctimas de las personas cuya muerte o desaparición nos fue dada a conocer".

      La Comisión expresó que había una tarea inconclusa que hacía necesario que una instancia estatal la continuara desarrollando, a fin de efectuar una calificación respecto de la condición de víctima de estas personas una vez que se presenten los antecedentes que por falta de tiempo no lograron reunirse.

    2. La labor de la Corporación de Reparación y Reconciliación.

      En febrero de 1992, producto de la Ley Nº 19.123, se creó la "Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación", continuadora de la labor desplegada desde 1990 por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

      De conformidad con la ley que le dio origen, a la Corporación se le encomendaron diversas tareas:

      a. En primer lugar, a la Corporación se le encomendó que estableciera, a través de antecedentes e indagaciones, la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos o de víctima de la violencia política de los afectados cuando la Comisión Rettig no pudo formarse convicción de ello, no contó antecedentes o no tuvo conocimiento oportuno de ellos.

      b. En segundo lugar, se estableció que la Corporación fuera la encargada de promover y coadyuvar a las acciones que tendieran a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas o desaparecidas o de aquellas cuyos restos no han sido ubicados.

      c. En tercer lugar, le correspondió a la Corporación asistir social y legalmente a los familiares de las víctimas para acceder a ciertos beneficios y ayudarles a obtener la reparación moral del daño ocasionado.

      d. Por otro lado, la Corporación debió formular proposiciones para la consolidación de una "cultura de respeto a los derechos humanos en el país".

      e. En seguida, la Corporación se planteó la necesidad de elaborar fórmulas que permitiesen a las autoridades de los poderes colegisladores, adecuar y corregir la legislación nacional, desprovista en el reconocimiento de los derechos fundamentales y en la prevención y sanción de los hechos que atentaran de manera más palpable contra ellos, en sus más diversos ámbitos y contra los diferentes sujetos de derecho.

      En lo que respecta al primero de los rubros, vale decir, la calificación de las víctimas, la Corporación se abocó a la tarea de individualizar a las víctimas, muertos o detenidos desaparecidos, afectados por los hechos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, fecha de la asunción del Gobierno del Presidente Aylwin. La Corporación debió averiguar los graves daños causados a las personas durante el período indicado y establecer si en su desaparición forzada, su ejecución o tortura, aparecía comprometida la responsabilidad moral del Estado, por actuaciones de sus agentes o personas a su servicio. También debió establecer si era posible calificar como violaciones a los derechos humanos los secuestros o atentados contra la vida cometidas en el mismo espacio de tiempo, por particulares bajo pretexto político.

      En tercer lugar, la Ley Nº 19.123 estableció beneficios reparatorios a favor de los parientes de las víctimas. Estos beneficios son de dos tipos: una pensión de reparación mensual y beneficios educacionales.

      En efecto...

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