El escarpado camino hacia la legislacion social: debates, contradicciones y encrucijadas en el movimiento obrero y popular (Chile: 1901-1924).
| Autor | Grez Toso, Sergio |
* INTRODUCCIÓN
La historiografía marxista clásica recalcó el carácter contestatario, rupturista y revolucionario que asumió el movimiento obrero y popular en Chile desde fines del siglo XIX [1]. Según dichos análisis, sus reivindicaciones, luchas, organizaciones y principales expresiones político-ideológicas habrían adquirido un radicalismo antisistémico situado en el polo opuesto de la política oligárquica dominante resumida de manera paradigmática en la célebre fórmula de Enrique Mac-Iver en 1903: "La cuestión social no existe en Chile". La represión de las luchas populares -cuyo ciclo más sangriento se extendió entre 1903 y 1907- habría sido la única respuesta de la elite a los acuciantes problemas planteados por la condición de las masas pobres y su creciente rebelión. La mezcla de exclusión, represión y agravamiento de las condiciones de vida habrían impulsado al movimiento obrero y popular a abrazar las ideologías de redención social del anarquismo y del socialismo, desatándose una lucha de clases sin cuartel que dejaba poco o nulo espacio para las políticas de reforma, mediación, diálogo, acercamiento, búsqueda de acuerdos y cooptación. De este modo, hasta que a mediados de la década de 1920 se empezó a producir un significativo cambio en la actitud del Estado respecto de los problemas sociales, el movimiento obrero habría vivido una "etapa heroica" a la vez que fundacional.
Esta visión historiográfica ha sido cuestionada, especialmente por las corrientes de la "nueva historia" económica y social. Algunos trabajos han verificado un interés más precoz de parte de sectores de la elite por las consecuencias humanas, sociales, morales, económicas y políticas que podía generar la deplorable condición popular, proponiendo desde los primeros años del nuevo siglo medidas de distinto tipo, especialmente legislativas, para abordar la "cuestión social" [2]. En un registro distinto, pero complementario al anterior, María Angélica Illanes ha demostrado la forma como desde la elite y la clase media profesional se desarrolló una política de contención social que buscaba la integración popular a las instituciones de asistencia, a través de la protección (médica e higiénica) de los cuerpos de los sujetos populares, en la perspectiva de un nuevo pacto social [3]. Ambas estrategias, la de reforma legislativa y la de desarrollo de las redes asistenciales, pueden ser concebidas como dos caras de una emergente política caracterizada por sus métodos persuasivos, de envolvimiento, atracción y cooptación, que actuó en paralelo a la respuesta represiva que estaba destinada a perder peso relativo respecto de la nueva estrategia que despuntó a poco transcurrir el nuevo siglo.
El presente artículo se sitúa en esta óptica revisionista. Sin negar absolutamente los elementos de verdad que contienen las visiones clásicas de la historiografía del movimiento obrero, que pueden sintetizarse admirablemente en el concepto de Jorge Barría de "etapa heroica", pretendemos explorar la recepción y las respuestas que dio el movimiento obrero y popular a las problemáticas e inciertas políticas de reforma legislativa y de cooptación que, de manera balbuceante primero, más segura y decidida después, formuló la elite política en su dirección. Este trabajo -que forma parte de un sondeo más amplio, que incluye también los mecanismos de conciliación y de arbitraje [4]- abordará los debates, contradicciones y encrucijadas a los que se vio enfrentado el movimiento de trabajadores frente a las primeras proposiciones de legislación social a comienzos del siglo XX.
LAS PRIMERAS DEMANDAS POPULARES DE LEGISLACIÓN SOCIAL
La idea de dotar a Chile de una avanzado cuerpo de leyes sociales no surgió desde la elite sino desde el Partido Democrático, primer partido político de raigambre netamente popular [5]. Esta colectividad fue la primera fuerza política que sostuvo de manera sistemática la necesidad de la legislación social [6]. Las posiciones demócratas se fueron decantando poco a poco, pero desde los primeros años del nuevo siglo cobraron fuerza y coherencia, formando un conjunto muy completo de proposiciones legislativas. El diputado y hasta entonces líder indiscutido del partido, Malaquías Concha, presentó en 1901 un proyecto de reglamentación del trabajo que contemplaba condiciones generales, seguridad, reglamentación laboral, inspección e indemnización por accidentes del trabajo. Entre sus disposiciones se destacaban: prohibición del trabajo a los niños menores de doce años en manufacturas, fábricas, minas, canteras y otras labores peligrosas; interdicción del trabajo femenino en el subsuelo minero; fijación de la semana laboral en diez horas; descanso dominical; indemnizaciones por accidentes del trabajo, y el pago semanal en moneda de curso forzoso, con prohibición de multas, retenciones y embargos de salarios [7].
El proyecto de ley fue criticado por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), organismo que aglutinaba a los empresarios industriales. La asociación fabril aceptaba la proscripción del trabajo a los menores de doce años, pero limitaba la salubridad, higiene y seguridad en las fábricas y talleres a los reglamentos y sostenía que la indemnización por accidentes del trabajo sólo procedía en los casos de culpabilidad patronal. La organización de los industriales rechazaba la limitación de la jornada laboral y el descanso dominical por considerar que los obreros chilenos trabajaban cuando querían, que eran informales e incurrían sistemáticamente en la inveterada inasistencia al trabajo al comenzar la semana (el "San Lunes"). Aunque la Convención de Sociedades Obraras reunida en 1902 rechazó de plano estas afirmaciones, el proyecto de ley ni siquiera fue discutido en la Cámara de Diputados [8].
A pesar de este fracaso, los demócratas continuaron desplegando esfuerzos para avanzar hacia la legislación social. El mismo Malaquías Concha en una proclama a los trabajadores de Tarapacá, sostenía a fines de 1902 que el cambio de las fichas a la par obtenido en ciertos lugares de la pampa, si bien constituía una reparación de la expoliación infringida a los obreros, era necesario completarla aprobando una ley que hiciera obligatorio el pago de los salarios cada siete días, precisando la forma como se relacionada ese objetivo legislativo con las luchas sociales:
"Entretanto logra el Partido Democrático hacer pasar una ley de justicia, que abata estos monopolios y explotaciones abominables, pueden los obreros de Tarapacá alcanzar idénticos resultados uniéndose todos, o como se dice por allá mancomunándose, para fijar las condiciones de la contratación del trabajo.
El arrendamiento de servicios es completamente libre según nuestra legislación y al contratarlos se deben fijar las condiciones, entre otras, la duración, el desahucio, y los períodos de pago.
Pues bien, únanse los operarios y acuerden contratar sus servicios de todo orden, con la condición de ser pagados por semanas, en lugar de serio cada mes o cada seis meses como se acostumbra por los patrones, y entonces no tendrán éstos pretexto para explotados a título de suples.
De esta manera quedan de hecho abolidas las fichas, los vales, las libretas y demás sistemas de expoliación de que se les hace víctimas. El trabajador en posesión de su salario, satisfará sus necesidades allí donde mejor le convenga y podrá destinar al ahorro una parte de las utilidades que alcanzan con sus esfuerzos" [9].
Igualmente, el dirigente demócrata proponía el voto de una ley para evitar el monopolio comercial de los patrones en las oficinas salitreras y recalcaba la labor parlamentaria de su partido el cual había presentado a la Cámara a través de su conducto "proyectos de ley adecuados para solucionar la cuestión social y económica en sentido netamente favorable a los intereses y derechos de los trabajadores" [10].
De acuerdo con estos postulados, el Partido Democrático levantó como puntos programáticos de su campaña electoral parlamentaria de 1903 la legislación social [11] y en la sesión de la Cámara de Diputados del 30 de octubre del mismo año, Malaquías Concha propuso que se solicitara al Presidente de la República la inclusión en la legislatura de proyectos de ley sobre pago de salarios, seguridad y salubridad de los talleres, cajas de ahorros para los operarios de los ferrocarriles, reducción de impuestos sobre artículos alimenticios, descanso dominical, jubilación de los empleados de las policías y crédito agrario [12].
El derrumbe que sepultó a decenas de obreros que laboraban en la Casa Prá de la capital el 10 de octubre de 1904 causó un hondo impacto en la opinión pública, acelerando la toma de conciencia de muchos sectores acerca de la imperiosa necesidad de contar con una ley de accidentes del trabajo [13]. Las organizaciones populares, especialmente las cercanas al Partido Democrático, empezaron a plantear con mayor fuerza esa reivindicación. A los pocos días de la tragedia santiaguina, El Eco Obrero, periódico penquista que proclamaba su independencia política, pero que formaba parte de la sensibilidad demócrata, calificaba de "impostergable" dicha legislación:
"Leyes sobre accidentes del trabajo existen en todo el mundo. Fuerza es que se dicte también entre nosotros, pues son incontables los accidentes que entre nosotros ocurren, y que pueblan los hospitales de fracturados y el cementerio de muertos.
Es esa una ley de compensación, una ley justa, humanitaria, cristiana, que en estos momentos, con la desgracia que todos lamentamos, cobra los caracteres de la más palpitante actualidad.
¿No habrá por ahí un diputado, sinceramente amigo del pueblo, que formule un lacónico proyecto de ley sobre la materia o exhume alguno de los que duermen en la secretaría de la Cámara?
El momento es propicio. Una ley de esta naturaleza no suscitaría resistencias. Flota en el ambiente un sentimiento de honda conmiseración por las víctimas y un sincero deseo de reparar los daños causados por la catástrofe.
Saquemos...
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