Encuesta LYD: corrupción en el país se estabiliza al alza - Núm. 368, Enero 2025 - Revista Libertad y Desarrollo - Libros y Revistas - VLEX 1064405507
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Encuesta LYD: corrupción en el país se estabiliza al alza

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ENCUESTA LYD:
La Encuesta de Corrupción LyD
2024 registró el nivel más alto de
percepción de corrupción desde su
inicio. Esta medición elabora un
ranking de percepción de la misma y
entrega información sobre algunos
casos, además proporciona datos
sobre los ilícitos que más se cometen
en las diferentes instituciones.
El nivel de percepción de corrupción en la edición 2024
de la Encuesta de corrupción LyD alcanza un nuevo
peak histórico con una calificación 7,2. Siendo 0 ausen-
cia plena de corrupción y 10 total corrupción. Pese a
que el alza en comparación al año anterior no es esta-
dísticamente significativa, preocupa la estabilización en
niveles altos de percepción de corrupción.
El país durante el último año se ha visto expuesto
a nuevos casos de tráfico de influencia como es el
caso Audios, que ha tenido importantes consecuen-
cias políticas e institucionales, pero que no pareciera
impactar mayormente la mirada global respecto de la
percepción de corrupción en el país, aunque, como se
detallará más adelante, sí golpea al Poder Judicial en
términos del significativo aumento de la percepción de
corrupción asociada a esta institución.
Cuando hablamos del caso Audios, hacemos referencia
a la filtración de grabaciones y mensajes de textos que
revelaron conversaciones comprometedoras entre
abogados, ministros de corte y asesores gubernamen-
tales de alto nivel, en los que se discutían presuntas
acciones de soborno, lavado de activos y delitos tribu-
tarios. Se trata de un caso que está en investigación
penal, pero que ya ha provocado profundos efectos
institucionales.
Paralelamente otros casos de alta connotación pública
como el caso Convenios, remece la opinión pública
desde hace más de un año. Esto, al tratarse de un
escándalo político y de corrupción en Chile que se
dio a conocer el 16 de junio de 2023 y que involucró
la malversación de fondos públicos de gobiernos
regionales a través de convenios entre entidades
gubernamentales y fundaciones, donde se detectaron
irregularidades significativas en la transferencia y uso
de recursos públicos, por un monto que supera los 32
mil millones de pesos. Si bien la arista penal de este
caso ha logrado formalizaciones y detenciones, se trata
de un caso sobre el cual aún no se dictan condenas
definitivas.
CORRUPCIÓN EN EL
PAÍS SE ESTABILIZA
AL ALZA
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