La ejecutoriedad en el ámbito tributario - Sexta parte. El procedimiento de cobro ejecutivo - La defensa del contribuyente - Libros y Revistas - VLEX 976308631

La ejecutoriedad en el ámbito tributario

AutorLuis Fraga-Pittaluga
Páginas697-747
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CAPÍTULO SEGUNDO
LA EJECUTORIEDAD EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO
1. La situación anterior al Código Orgánico Tributario de 2014
Bajo la vigencia del Código Orgánico Tributario de 1994, los actos de determi-
nación tributaria e imposición de sanciones por ilícitos tributarios formales y mate-
riales, no eran ni ejecutivos ni ejecutorios, primero porque la simple interposición
del recurso jerárquico o de la acción contencioso-tributaria, suspendía ope legis la
ejecución del acto respectivo; y segundo porque la Administración Tributaria estaba
obligada a demandar la ejecución de los créditos fiscales líquidos y exigibles, pri-
mero ante los jueces civiles y luego ante los jueces contencioso-tributarios.
Los artículos 173 y 189 del Código Orgánico Tributario de 1994, establecían
que la interposición del recurso jerárquico o de la acción contencioso-tributaria,
suspendía la ejecución del acto recurrido de manera automática, quedando a salvo
las medidas cautelares, las cuales podían decretarse en caso de tributos determina-
dos o no, o sea, durante el procedimiento administrativo de primer y segundo
grado, o, intentada la acción contencioso tributaria, por todo el tiempo que durase
el proceso.
Por su parte, el artículo 197 de aquel Código de 1994, obligaba a la Adminis-
tración Tributaria a demandar judicialmente, ante los Tribunales civiles ordinarios,
la ejecución de los créditos fiscales determinados y exigibles. Luego esa competen-
cia pasó a los juzgados superiores en lo contencioso tributario.
La Administración Tributaria no podía ejercer por sí misma el cobro coactivo
de los créditos tributarios determinados y exigibles; lo único que sí podía hacer eran
gestiones administrativas de cobro, frente a las cuales el deudor podía pagar volun-
tariamente. Pero ante la resistencia de éste, no quedaba otro camino a la Adminis-
tración Tributaria que intentar el cobro de las sumas debidas a través del proceso
ejecutivo fiscal, tratándose, claro está, de créditos determinados y exigibles.
Desde el Código de Procedimiento Judicial del 12 de mayo de 1836, ha existi-
do un Capítulo dedicado a la regulación de las demandas en que tienen interés las
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rentas nacionales o municipales940. Luego, en nuestro primer Código Orgánico Tri-
butario (1982941), se dedicó un capítulo especial a la regulación del juicio ejecutivo.
Así pues, de acuerdo con la regulación adjetiva expresa que se ha comentado,
nunca se había puesto en duda que la Administración Tributaria, para poder cobrar
los créditos por concepto de tributos, sanciones, intereses o recargos, no podía acu-
dir, ante la resistencia del deudor a pagar, a la coacción directa, sino que debía de-
mandar judicialmente la ejecución.
Cualquier intento de cobro coactivo por mecanismos administrativos era ilegal,
pues aun estando firme el acto de liquidación, si el administrado no se avenía vo-
luntariamente al mismo, era necesaria la interposición de una demanda de ejecución
por parte del Fisco.
Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario de 2001, los actos
eran parcialmente ejecutivos porque la interposición del recurso jerárquico compor-
taba una suspensión automática, pero no así la acción contencioso-tributaria, pues
en este caso era necesario solicitar la medida cautelar de suspensión de efectos al
juez contencioso tributario; pero, dichos actos continuaban sin ser ejecutorios.
2. La situación después de la entrada en vigor del Código Orgánico Tributario de
2014
Con la promulgación del Código Orgánico Tributario de 2014, los actos de de-
terminación tributaria e imposición de sanciones se convirtieron en actos adminis-
trativos ejecutivos y ejecutorios, como el resto de los actos dictados por la Adminis-
tración Pública. Ni el recurso jerárquico, ni la acción contencioso-tributaria, sus-
penden de manera automática la ejecución de los actos. Por otro lado, la Adminis-
tración Tributaria ya no requiere acudir al juez para ejecutar sus actos, sino que
puede hacerlo por sí misma a través del procedimiento administrativo de cobro
ejecutivo.
3. La regulación vigente
3.1. Consideraciones preliminares
La mejor doctrina ha criticado duramente y con razón la administrativización o
desjudialización del cobro ejecutivo de los créditos tributarios.942 Aunque, como
940 Esta misma regulación se repite desde entonces, variando el nombre del Capítulo, en el
Código de Procedimiento Civil de l 12.07.1873; del 10.12.1880; de l 14.05.1897; d el
18.04.1904; d el 04.07.1916 y en el Código de Pro cedimiento Civil, vigente, G.O. No
4.209 Extraordinario del 18 de septiembre de 1990, artículos 653 y siguientes.
941 G.O. No. 2992 Ext. del 03 de agosto de 1982.
942 ABACHE CARVAJAL, S. “¿Hacia el reinado…Cit. pp. 51 y ss. / BLANCO-URIBE
QUINTERO, A. “El Recurso Contencioso Tributario, en las líneas del Prof. Gabriel
Ruan Santos”. Estudios sobre Derecho Procesal Tributario vivo. Editorial Jurídica Ve-
nezolana, Caracas, 2016, Colección Estudios Jurídicos No. 115, pp. 688 -689. El profe-
sor ROMERO-MUCI ha dicho al respecto que: “Se ha acometido el otorgamiento de m a-
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LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE
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hemos visto, la posibilidad de ejecutar sus propios actos es una competencia legal
atribuida a la Administración Pública en general por los artículos 79 y 80 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, podía considerarse un avance signifi-
cativo desde el punto de vista de los derechos y garantías de los sujetos pasivos de
la imposición, el que la Administración Tributaria estuviese obligada a demandar
ante el juez contencioso tributario la ejecución de los créditos por tributos, multas e
intereses de mora.
Además, la existencia de este procedimiento, aparte de ser una muestra de
equilibrio y adecuada ponderación de intereses, representaba numerosas ventajas
tanto para los contribuyentes y los responsables, como para la propia Administra-
ción Tributaria. Pero antes de destacar las ventas para cada parte, conviene hacer
algunas precisiones sobre este tipo de procesos para entender su función garantista.
3.2. Las diferencias entre los procesos ejecutivos y de conocimiento, que sin em-
bargo no disminuyen la función garantista del primero
Como ya hemos sostenido, el proceso es un cauce formal dentro del cual se
desarrollan una serie coordinada de actos concatenados entre sí bajo el principio de
la preclusividad, en los cuales intervienen los sujetos procesales, con la finalidad
esencial de solucionar judicialmente los conflictos intersubjetivos de intereses a
través del acto final que resuelve la litis, dictado por un órgano imparcial inserto en
la administración de justicia, garantizándose así la continuidad pacífica de las rela-
ciones sociales.943
yores potestades a la Administración tributaria, algunas exorbitantes, incluyendo inten-
sas facultades recaudatorias como la (i) facultad de embargar y rematar bienes del con-
tribuyente sin que medie instancia judicial, esto es, sin derecho a ser oído por un juez
competente, independiente, imparcial y objetivo conforme a todas los derechos y ga-
rantías judiciales consustanciales a l debido proceso, o lo que es lo m ismo, en ejecución
directa de una muy riesgosa y excesiva autotutela administrativa, (ii) la ‘desjudicializa-
ción’ del juicio ejecutivo, reemplazado por un procedimiento coactivo de cobro por
parte de la Administración de todas las deudas tributarias pendientes y la adopción de
medidas cautelares, sin intervención del Poder Judicial (…) Como consecuencia de esta
agazapada e inconsistente reforma, la Administración Tributaria es competente para
iniciar, impulsar y resolver todas las incidencias d el ahora denominado cobro ejecutivo,
puede también en vía administrativa embargar bienes y derechos del deudor sin estar
obligada a notificar las actas respectivas, pudiendo constituirse en depositaria de los
bienes y ordenar el remate de los bienes embargados que, de no cubrir el monto adeu-
dado, podrá ordenar embargos complementarios hasta cu brir la to talidad de la deuda
Esta actuación jur ídica y material unilateral de la Administración Tributaria ocurre por
mandato legal, como “una auténtica vía de hecho” que transforma a la Administración
Tributaria e n juez y (contra) parte , para practicar embargos sin notificación y rematar
bienes del contribuyente, sin que medie sentencia definitivamente firme que condene al
pago de cantidad alguna por parte del juez n atural; sin que se haya podido ejercer el de-
recho de acceso a la justicia.” ROMERO-MUCI, H. “(In)moralidad tributaria en Vene-
zuela. En tre la distopía y la anomia social.” XVIII Jornadas Venezolanas de Derecho
Tributario. Patologías del Sistema Tributario Venezolano . AVDT, 2019, pp. 209-210.
943 FRAGA PITTALUGA, L. La terminación …cit., p. 10.

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