Educación Ambiental: de la conciencia a la acción
| Autor | M. Victoria Galleguillos Alvear |
| Cargo | Coordinadora de Investigación FIMA |
Hace unas semanas, Simon Upton, Director de la Dirección de Medio Ambiente de la OCDE, presentó la Segunda Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, documento que muy probablemente determinará los focos de la política ambiental nacional de los próximos años. Las primeras palabras de Upton al presentar el documento no se centraron en el Medio Ambiente, sino que se dirigieron a destacar el proceso de reforma legal que actualmente vive el país. Especialmente se refirió a la importancia de las reformas legales en materia de educación, recordando que Chile de acuerdo a los criterios de la OCDE se encuentra dentro de los 10 países con más desigualdad educativa[1], además de liderar el ranking de los países más desiguales[2], intentando subrayar, con estas aseveraciones, la relevancia de la cohesión social en la persecución de logros ambientales significativos.
Esta alusión a la importancia de las reformas educativas en Chile nos conduce a la evidente comunión que existe entre medio ambiente y educación, y a preguntarnos cuál es el camino que nos queda por recorrer en esta materia. El informe es claro en destacar que si bien “las consideraciones ambientales están cada vez más presentes en el sistema de educación en Chile”[3], los programas de estudios están obsoletos y se requieren actividades mucho más amplias. Sólo con estas acciones se podrá avanzar hacia una efectiva contribución de la sociedad civil en la formulación de políticas ambientales.
Sobre esto último, es importante destacar que actualmente Chile se encuentra liderando un proceso de negociación a nivel latinoamericano sobre el Principio 10 de la Declaración de Rio, el que comprende, dentro de sus ejes, la participación y el acceso a la información. No cabe duda que el Estado no puede tener como objetivo solo asegurar la disponibilidad de la información y los mecanismos de participación, sino que debe orientar su actuar a preparar a la ciudadanía para intervenir de manera activa e informada, de modo que puedan desde sus propias comunidades fiscalizar y defender sus intereses.
Por su parte, la Ley General de Educación en su artículo 3º letra k) indica como principio del sistema educativo chileno la sustentabilidad, indicando que “el sistema fomentará el respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, como expresión concreta de la solidaridad con las futuras generaciones”, lo cual es destacado por la OCDE como un avance en los compromisos educacionales...
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