Dominga, la mina de Penta
| Autor | Ezio Costa |
| Cargo | Director Ejecutivo de FIMA |
La relación entre políticos y grupos económicos está muy cerca de los problemas ambientales del país, y evidencian parte de la tensión institucional que vive el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a propósito de la cantidad y calidad de los actores involucrados. Como ya he comentado en columnas anteriores, dentro de la institucionalidad operan contrapesos políticos y técnicos que debieran tender hacia soluciones que sean más legítimas para los ciudadanos, para eso se creó un procedimiento complejo, en el que muchos servicios y ministerios dan sus opiniones y observaciones en relación a los proyectos. Es así como las comunidades, los técnicos, los políticos, representantes de la sociedad civil y los grupos económicos comparten y se enfrentan en el SEIA, en una relación que es delicada y de gran relevancia.
En lo que se refiere a la participación de los políticos en los temas ambientales, esta debiera ser una cuestión positiva para la ciudadanía, pues precisamente, su rol es representar el interés general de la nación. Ello no implica que siempre sean favorables al medio ambiente, porque deben balancear este interés con otros, pero sí significa, al menos, que el equilibrio se logre con miras al bien común y al interés público. Lamentablemente, esto que suena tan bonito en la teoría, muchas veces se ve manchado por las cosas que suceden en el mundo real y con ello se ven afectadas las instituciones fundamentales que permiten la vida pacífica en comunidad.
Hoy, el caso complejo es el de la relación entre Penta y el ex subsercretario de minería Pablo Wagner, esto a propósito de la tramitación de la Mina Dominga, en el sector de la Higuera (cercano a Punta de Choros), en la cuarta región. De acuerdo a lo que se ha sabido de la investigación en contra de la ex autoridad, este habría recibido dineros por parte de los controladores del grupo Penta (uno de los cuales es a su vez dueño mayoritario de la Mina Dominga) mientras ejercía como subsecretario. Aunque no se ha acreditado que esos dineros tengan que ver directamente con la mina, si se han conocido los correo en que el funcionario se contacta con los personeros del proyecto para tratar sobre el avance del mismo.
¿Es grave el asunto? Sí, y de nuevo sí. El primer asunto grave es el daño institucional. El SEIA ya está suficientemente golpeado como para tener la capacidad de absorber una estocada como esta. Ya no solo estamos hablando de proyectos que tienen impactos ambientales...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba