Din
| Autor | Vargas, Sebasti |
Introducción: Violencia, género y espacio
El asesinato de mujeres en México es un problema crítico: cada día una decena de mujeres son privadas de la vida (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2018), una cifra que implica un horror cotidiano frecuentemente silencioso y silenciado, pero del cual queda mucho por averiguar. Para lograr una mejor comprensión de este problema, analizaremos el caso de León, Guanajuato, dada la prominencia de este municipio en el contexto de violencia en México (Figura 1). Los hechos violentos contra mujeres, en específico los femicidios (asesinatos de mujeres), y por extensión los feminicidios (asesinatos de mujeres cometidos expresamente por razones de género), no son ubicuos en León, sino que ocurren en enclaves específicos del municipio, particularmente dentro de su zona urbana. Para examinarlos con mayor precisión se abordan las siguientes preguntas: en cuanto a su espacialidad, ¿han variado en su distribución a lo largo del tiempo? ¿Siguen estos crímenes algún patrón de concentración o dispersión? ¿O, por el contrario, de aleatoriedad? Por otro lado, en cuanto a sus condiciones ambientales, ¿tienden a anclarse en el espacio público o dentro de la esfera privada del hogar? ¿Su ocurrencia se concentra en algún momento del día? ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de las localizaciones en donde se registran estos delitos?
Femicidio y feminicidio
Mucho se ha debatido sobre el término feminicidio. En este artículo no buscamos profundizar dicha discusión, sino repasarla someramente para aclarar nuestro uso del concepto. El mayor consenso se ubica en entender el feminicidio como el asesinato de una mujer por cuestiones de género: parte de la motivación criminal para terminar con su vida, y el modo cruento de hacerlo, es precisamente que sea mujer (Berlanga, 2019, p. 106). El término como tal fue propuesto por Lagarde en 2005; su intención era diferenciar el femicidio, como asesinato de mujeres, del feminicidio, donde el crimen tiene las características arriba mencionadas y se vuelve un acto de lesa humanidad (Lagarde, 2005, p. 155). El énfasis de Lagarde va sobre la responsabilidad del Estado en el crimen cuando no hizo todo lo que debía para impedir que la violencia terminara con la vida de esa mujer. Los datos utilizados en este artículo no permiten distinguir con claridad cuándo los asesinatos de mujeres se tratan de femicidios o feminicidios. Por esta razón, al hacer referencia a estos crímenes aparecerán bajo el término femi[ni]cidios, ante la imposibilidad de establecer esta distinción y para no faltar en justicia a las víctimas (salvo cuando citemos otros trabajos, pues usaremos el término ahí empleado).
Este consenso o disenso sobre el término feminicidio en general tiene que ver, como menciona Segato (2016), con qué tan precisamente describe que se trata de un acto performativo para demostrar poder. Este tipo de crímenes muchas veces actúa como el corolario de los límites simbólicos impuestos a la mujer, cuyo sitio según la cultura patriarcal siempre se ha acotado a unos cuantos espacios: "El lugar de la mujer en términos de expresión topográfica ha estado ubicado en la casa, en la cocina, en la iglesia, en el mercado, en las casas de prostitución, entre otras". (Soto Villagrán, 2019, p. 177). Dichos límites simbólicos remarcan socialmente el género de las víctimas como mujeres (Segato, 2016, p. 181), feminizándolas al tiempo que marcan el límite a sus vidas y a los espacios que transitan. Es posible que el incremento en León de actividades vinculadas a otros crímenes, como el narcotráfico, que ha traído un aumento de la inseguridad ciudadana, haya traído también un incremento en los femi[ni]cidios, como muestra de poder entre bandas rivales, según Segato; pero debido a los límites de este artículo, esto sería materia de otra investigación.
Así como el femi[ni]cidio es un acto de poder patriarcal, también el concepto mismo, su uso en leyes y política pública, ha sido y sigue siendo disputado. Con frecuencia los gobiernos y autoridades federales, estatales y municipales, generalmente encarnados en funcionarios varones, se han resistido a adoptar el término o implementar políticas públicas que verdaderamente disminuyan el número de víctimas. Lo mismo sucede en los recuentos por parte de autoridades, que culpabilizan a las víctimas por dónde estaban o cómo vestían. Hay, por lo tanto, un doble acto de poder en el femi[ni]cidio, por parte de quienes lo ejecutan y de quienes deciden si el acto tiene derecho a ser llamado así o no.
Espacialidad y características ambientales
No solo los conceptos de femicidio y feminicidio implican desafíos para ubicarse en alguna de sus tantas conceptualizaciones. Como se verá en las secciones subsecuentes, los antecedentes revisados utilizan una variedad de términos geográficos y espaciales en vinculación con la violencia, y en específico, con los asesinatos de mujeres. Estos distintos conceptos, como el espacio, el territorio, el lugar, el paisaje, la región, el entorno, el ambiente, y otros, suelen estar asociados con paradigmas específicos de la geografía (Unwin, 1994), aunque ya han escapado a la misma, y actualmente son objeto de debate y amplia producción teórica en las ciencias sociales en general (Ramírez Velázquez & López Levi, 2015), a la vez que son sometidos a una reconceptualización constante en el marco de la globalización (Solana et al., 2016). A sabiendas de lo anterior, en nuestro caso utilizamos aquellos que consideramos pertinentes para plantear nuestra investigación, y que nos limitamos a definir y relacionar como a continuación se detalla.
Los delitos se cometen en unidades espaciales específicas, que pueden pensarse como localizaciones (Anselin et al., 2000) y se configuran en distribuciones espaciales particulares por las relaciones de proximidad relativas que guardan entre sí (Buzai, 2015, pp. 31-32). En este caso se trata de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB), que son los polígonos censales base en México. (1) Por otro lado, los delitos son entendidos como eventos, que pueden definirse como la ocurrencia de un fenómeno en una localización particular, y que, en conjunto, pueden configurarse aleatoriamente, o en patrones de concentración o dispersión (Grekousis, 2020, pp. 163-166). Cada lugar puede variar en sus condiciones ambientales, que pueden ser "naturales", como el momento del día o el clima; pero también sociales, como las condiciones socioeconómicas en un área dada. Peet (1975) propone el concepto de "Environment of Social Resources", planteado desde el marxismo en términos sociales (sobre todo condiciones de desigualdad) e incluye aspectos físicos y socioeconómicos. Tal conceptualización de ambiente nos permite especificar a qué hacemos referencia cuando utilizamos este término a lo largo del trabajo, y con ello podemos tanto ampliar como limitar en una misma operación aquello que entendemos por los aspectos ambientales en relación con la comisión de femi[ni]cidios en León: el grado de marginación de las localizaciones donde ocurren, si fue en algún punto de la vía pública o un domicilio, y el momento del día de su comisión. Con esto, nuestra orientación científica dentro de la geografía oscila, en menor medida, hacia la geografía radical, y en mayor medida, hacia la escuela ecológica, como se detallará en la siguiente sección.
Abordajes socioespaciales de la violencia
La violencia urbana es un problema que ha sido abordado por algunas ramas científico-técnicas desde hace décadas. Además, es conceptualmente complejo, pues no puede reducirse a la violencia que se comete en la ciudad, sino aplicarse a manifestaciones de violencia específicas de lo urbano (estratificación social, división del trabajo, alienación), que, sin embargo, suelen ser vistas como una "externalidad" que requiere ser controlada (Pavoni & Tulumello, 2020).
Concretamente en el campo de la geografía, coexisten en la actualidad variados enfoques para el estudio del crimen y la violencia urbana. Hernando Sanz (2006) los sistematiza (Tabla 1) a partir del esquema planteado por Herbert (1982) y Herbert y Johnson (1978).
En este esquema, el nivel de producción se asimilaría a la macroescala; es decir, a las propias características de la sociedad en sí, lo cual para Herbert (1982) determina las manifestaciones espaciales de la violencia en la escala urbana (la del nivel 3, de consumo) y también en la intermedia (la de distribución). La mayoría de los trabajos en el campo de la geografía del crimen se inscriben en este tercer nivel, quizá por su aptitud para el análisis espacial. En este sentido existe una consolidada tradición en los países anglosajones, que se inicia con la escuela cartográfica de criminología en Reino Unido (Hernando Sanz, 2006) y continúa desde los años setenta del siglo XX hasta la actualidad. Ya en los años ochenta, Herbert (1982) diferencia dentro de esta orientación dos tipologías de trabajos: por un lado, los que a escala regional abordan las variaciones de la criminalidad (Baller et al., 2001; Baumer et al., 2021; Filho et al., 2020; Gruenewald & Remer, 2006; Messner et al., 1999); y, por otro, los que a escala urbana han aplicado herramientas estadísticas para analizar los registros de criminalidad (Browning et al., 2010; Caplan et al., 2021; Hewitt & Dubois, 2021; Mair et al., 2021; Mazerolle et al., 2010).
Tanto en unos como en otros se recurre a la introducción de factores ambientales de todo tipo: físicos (McMillen et al., 2019; Papachristos et al., 2018; Piatkowska et al., 2019), demográficos (Andrade et al., 2011), socioeconómicos (Vilalta & Muggah, 2014; Wang & Arnold, 2008) o de índole policial (Tourinho Peres et al., 2012). Puede que estos factores no actúen aisladamente, sino en lo que se ha denominado "efecto barrio". Wilson (1987) lo define como la capacidad de los lugares para influir económica y socialmente sobre los individuos que los habitan, pues, como...
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