Dictamen nº 26977 de Contraloría General de la República, de 20 de Julio de 2001
N° 26.977 Fecha: 20-VII-2001
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado ha solicitado la opinión de esta Contraloría General respecto del proyecto de ley sobre firma electrónica y los servicios de certificación de firma electrónica.
Al respecto, esta Contraloría General cumple con reiterar lo señalado en la Sesión de esa Comisión realizada el día 17 de julio del presente año, en orden a que considera de la mayor trascendencia la aprobación del proyecto de ley en cuestión en lo que concierne a los aspectos relacionados con la competencia de esta Entidad, por cuanto estima que la misma contribuirá decisivamente a la mejor satisfacción de las necesidades públicas por la vía de que la Administración se encuentre en condiciones de desempeñar sus funciones de manera más eficiente y eficaz.
Por cierto, los desafíos que presentará su aplicación son variados y complejos, pero este órgano Contralor manifiesta desde luego -y como ha tenido oportunidad de demostrarlo concretamente con anterioridad a propósito de la dictación del Decreto N° 81, de 1999, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y de su jurisprudencia administrativa, fotocopia de la cual se adjunta- su mejor disposición para enfrentarlos con una perspectiva abierta a las distintas posibilidades, en el marco del ordenamiento jurídico.
Asimismo, cumple con indicar por escrito a esa Comisión los comentarios que el análisis particular del articulado relativo a la Administración del Estado le merece y que, en su concepto, podrían ser considerados por esa Comisión en la tramitación del proyecto.
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- Tratándose del uso de firmas electrónicas por la Administración, cabe señalar que el artículo 6° del proyecto de ley en cuestión permite que los órganos señalados en el artículo 1° de Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, puedan utilizar la firma electrónica para todas sus actuaciones.
De este modo, el proyecto de ley incluye a entidades que, en virtud del Decreto N° 81 de 1999, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que regula actualmente el uso de la firma digital y los documentos electrónicos en la Administración, no están sujetas a sus disposiciones, cuales son la Contraloría General de la República, el Banco Central y las Municipalidades, organismos que, sin embargo, pueden someterse voluntariamente a sus normas.
En este mismo sentido, es preciso hacer presente que dentro de los...
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