Los derechos fundamentales en el proceso penal acusatorio de Entre Ríos
| Autor | Rosana Elizabeth Luggren - Alejandro Nicolás Weber - Lucio Leneschmit |
| Cargo | Doctorando en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina. Procuradora y Abogada por la Universidad Nacional de Córdoba. Especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Litoral. Docente e Investigadora de la Universidad Católica Argentina. Fiscal Auxiliar en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos. ... |
| Páginas | 52-74 |
LUGGREN, Rosana Elizabeth, WEBER, Alejandro Nicolás, LENESCHMIT, Lucio (2019): “Los
Derechos fundamentales en el proceso penal acusatorio de Entre Ríos”, Ars Boni et Aequi, Año 15,
N° 1, pp. 52-74.
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Los derechos fundamentales en el proceso penal acusatorio de Entre Ríos
Fundamental rights adversarial criminal procedure Entre Ríos
Rosana Elizabeth Luggren **
Universidad Católica Argentina
Entre Ríos, Argentina
Alejandro Nicolás Weber
Universidad Católica Argentina
Entre Ríos, Argentina
Lucio Leneschmit
Universidad Católica Argentina
Entre Ríos, Argentina
RESUMEN: En el Estado de Derecho, los derechos fundamentales operan como límite
de la acción estatal y como actuación para asegurar en el derecho procesal su
necesidad de separar las facetas de acusación y decisión, como así también la
investigación y el juicio, eliminando del proceso penal los resabios inquisitivos que
contrarían el mandato constitucional del debido proceso. El sistema adversarial busca
dotar al proceso penal de mayor celeridad, más contradicción y en consecuencia de
mayores garantías para el imputado, para la víctima y demás sujetos procesales. Los
postulados son el principio de oralidad y contradicción y la aplicación del principio de
oportunidad para el juzgamiento de los casos penales, lo que implica un avance desde el
punto de vista práctico para la resolución de los conflictos.
PALABRAS CLAVES: derechos fundamentales; proceso penal adversarial.
ABSTRACT: In the Rule of Law, fundamental rights operate as a limit of state action
and as an action to ensure the accomplishment of procedural law. The imprint of the
Accusatory Criminal Procedural Code involves the requirement of separating the facets
of prosecution and decision, as well as the investigation an the trial, removing from the
criminal procedure the inquisitive remnants that antagonize the constitutional mandate
of due process. The adversarial system seeks to endow the criminal procedure with
Doctorando en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argenti na. Procuradora y Abogada por la
Universidad Nacional de Córdoba. Especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Litoral.
Docente e Investigadora de la Universidad Cat ólica Argentina. Fiscal Auxiliar en el Ministerio Público
Fiscal de la provincia de Entre Ríos. Correo electrónico: roluggren@hotmail.com
** Artículo derivado del proyecto de investigación “Los d erechos fundamentales en el sistema acusatorio
de Entre Ríos”, en marco de las III Jornadas de Investigación, realizadas en agosto de 2017 en la Facultad
de Derecho “Teresa de Ávila”, de la P ontificia Universidad Católica Argentina, Sede Paraná, Entre Ríos.
Investigadora principal Dra. Rosana Elizabeth Luggren, alumnos colaboradores Alejandro Nicolás
Weber, correo electrónico: alejandroweber23@hotmail.com, y Lucio Leneschmit, correo electrónico:
lucioleneschmit1@gmail.com. Institución que financia la investigación: Pontificia Universidad Católica
Argentina, “Teresa de Ávila”, Sede Paraná, Entre Ríos.
Artículo recibido el 9 de mayo de 2018 y aceptado para publicación el 24 de septiembre de 2018
Ars Boni et Aequi, Año 15, N° 1, pp. 52-74.
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grater celerity, more contradiction and in consecuense grater guarantees for the accused,
the victim and other procedural subjects. The postulates are the principle of orality and
contradiction, and the application of the principle of oportunity for the judjing of
criminal cases, which implies an advance from the practical point of view for the
resolution of conflicts.
KEYWORDS: fundamental rights; adversarial criminal procedure.
“Aquello que ha sido, ha sido; factum, infectum fieri nequit,
decían una vez; nadie puede hacer volver atrás el tiempo”.
Francesco Carnelutti
INTRODUCCIÓN
La presente es una investigación sobre los derechos y garantías fundamentales
reconocidos por el Ordenamiento Jurídico argentino, integrado por las Normas de la
Internacionales con jerarquía constitucional que han sido celebrados por nuestro país
como consecuencia de un paulatino y progresivo reconocimiento de estas garantías, y
las normas del derecho interno, el cual debe guardar coherencia en relación a la
normativa constitucional y supra legal. Esto marca de alguna manera un registro
cronológico de los avances que en esta materia se han ido desarrollando, a fin de
asegurar el pleno ejercicio de estos derechos y limitar el ius puniendi, habida cuenta de
los efectos negativos y consecuencias adversas que puede generar sobre la sociedad una
aplicación excesiva o desproporcionada de la ley en general y específicamente de la ley
penal, dada la severidad de las sanciones penales, cuya aplicación debe ser concebida
como la última ratio del Ordenamiento.
En este orden de ideas consideraremos especialmente las reformas introducidas por el
nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos –también en adelante
CPPER– (Ley N° 9754 con las modificaciones de la Ley N° 10.317) y el impacto que
las mismas han causado en el terreno de los derechos y garantías constitucionales.
La impronta del nuevo Código Procesal Penal Acusatorio implica la necesidad de
separar las facetas de acusación y decisión como también la investigación y el juicio,
eliminando del proceso penal los resabios inquisitivos que contrarían el mandato
constitucional del debido proceso. El nuevo Código busca dotar al proceso penal de
mayor celeridad, más contradicción y en consecuencia de mayores garantías para el
imputado, la víctima, el querellante, el actor civil.
I. PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA
El ius puniendi aparece como una necesidad de protección del orden jurídico el que, a
su vez, se desprende de las exigencias de la propia vida social. Precisamente, el Derecho
Penal, frontera última de ese orden jurídico, procura disuadir (prevención general)
aquellos comportamientos que lesionen o pongan en peligro bienes de trascendencia
para la vida de relación, empleando para ello la amenaza abstracta de la pena y, en el
caso concreto de la ocurrencia de la hipótesis prevista, procedimientos averiguativos y
discursivos para determinar el hecho y su autor y, en su caso, aplicar la sanción
(prevención especial).
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