El derecho procesal como sistema de garantías
| Autor | Antonio María Lorca Navarrete |
| Cargo del Autor | Profesor de derecho procesal de la Universidad del País Vasco (España) |
| Páginas | 115-135 |
115
EldErEchoprocEsalcomosistEmadEgarantías
el derecho procesal como s istema de garantías1*
Antonio María LORCA NAVARRETE*
RESUMEN
El autor parte de la consideración de que la actividad jurisdiccional, objeto
del derecho procesal, debe ser entendida como juzgar y hacer ejecutar lo juz-
gado. De esta forma, el autor analiza al derecho procesal como un sistema de
garantías que tienden a lograr la tutela judicial efectiva. En primer lugar, el
autor analiza los conceptos de derecho procesal y proceso. Estos conceptos los
relaciona con diversas disposiciones establecidas en la Constitución española,
para destacar las garantías que se derivan de la exigencia de juzgar y ejecu-
tar lo juzgado. Posteriormente, expone el tema de la garantía procesal como
compromiso constitucional y su naturaleza dinámica. Finalmente se reere al
debido proceso como una realidad sustantiva que incide en la prestación del
servicio público de la justicia.
PALABRAS CLAVE
Derecho procesal, garantías procesales, sentencias, función judicial, justi-
cia, debido proceso legal.
SUMARIO
1.El derecho procesal como ordenamiento de la función jurisdiccional. Trata-
miento doctrinal de su conceptuación como sistema de garantías. 2.El proceso
como sistema de garantías. 3.La garantía procesal. 4.La garantía procesal es
compromiso constitucional. 5.La proyección práctica de la metodología consti-
tucional. El compromiso constitucional del proceso y su planteamiento ruptu-
rista. 6. El debido proceso sustantivo.
1 La primera versión de este artículo fue presentado en el: Boletín Mexicano de Derecho Comparado,
nueva serie, año XXXVI, núm. 107, mayo-agosto de 2003, pp. 531-557
*Profesor de derecho procesal de la Universidad del País Vasco (España). Director del
Instituto Vasco de Derecho Procesal y de la Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje
(RVDPA).
116
Antonio MAríA LorcA nAvArrete
1. EL DERECHO PROCESAL COMO ORDENAMIENTO DE LA
FUNCIÓN JURISDICCIONAL. TRATAMIENTO DOCTRINAL DE
SU CONCEPTUACIÓN COMO SISTEMA DE GARANTÍAS
El derecho procesal hace posible la actuación del ordenamiento jurídico
que tienen por nalidad llevar a cabo la llamada función jurisdiccional.
Denida la jurisdicción en los artículos 117 de la Constitución española
(CE) y 2 de la Ley que contiene la normativa por la que se rige el Poder Ju-
dicial español (LOPJ) como potestad, el ejercicio de ésta se concreta funcio-
nalmente a través de la actividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado por
medio de juzgados y tribunales jurisdiccionales independientes, inamovibles,
responsables y sometidos únicamente a la ley.
El derecho procesal surge regulando jurídicamente el ejercicio de la fun-
ción jurisdiccional y, desde esa perspectiva, se sitúa, no como un mero instru-
mento jurisdiccional atemporal, acrítico y mecanicista sino, ante todo, como
un sistema de garantías, que posibilita la rotunda aplicación del artículo 24 de
la CE, en orden a lograr la tutela judicial efectiva, y básicamente ordenado a
alcanzar un enjuiciamiento en justicia.
Cuando el derecho procesal regula el ejercicio de la función jurisdiccional,
consistente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, se está primando el sistema
de garantías que contiene, no siendo afortunado señalar que el derecho proce-
sal contempla, fundamentalmente la aplicación —vertiente instrumental— a
través de su normativa especíca, del ordenamiento jurídico ya sea civil, la-
boral, penal, o en n, contencioso-administrativo.
El derecho procesal no es un subsistema. En el sistema de garantías que
actúa con autonomía y sustantividad propias. Arroyo Mena, en cambio, se
sitúa en una conceptuación instrumental del derecho procesal propia de un
subsistema ausente de autonomía.2
El derecho procesal desea hacer frente a la aplicación patológica de la nor-
ma jurídica mediante un sistema de garantías sustantivo y autónomo. De ahí
que también el derecho procesal sea el derecho que trate de poner remedio a
la patología jurídica. Pero no desde una propuesta instrumental o propia de
un subsistema cuanto más exactamente mediante la aplicación de un sistema
de garantías que actúa con autonomía y sustantividad.
2 Es equívocamente perceptivo preterir totalmente las posiciones doctrinales ancladas aún
en esa consideración instrumental del derecho procesal. Paradigmática manifestación de
esa consideración es la que mantiene, absolutamente errada, Arroyo Mena cuando señala
que ‘‘el concepto de proceso es uno de los esenciales del derecho procesal, viniendo a
construir el eje alrededor del cual se desenvuelven los distintos principios e instituciones
procesales’’. Y añade, ‘‘de las diferentes teorías que consideran al proceso como un
instrumento destinado a la actuación de los derechos subjetivos de los particulares,
bien como un instrumento para la actuación de la ley o derecho objetivo, o bien como
un instrumento que tiende a conseguir la ecacia de los derechos subjetivos mediante
la actuación de la ley, podemos denir el proceso como ‘instrumento (otra vez se alude
a instrumento) constituido por una serie de actos por los que mediante su atribución a
un órgano estatal se pretende la resolución de un conicto de intereses a través de la
actuación del derecho objetivo’’’. Arroyo Mena, C., ‘‘Intervención del Ministerio Fiscal en
el proceso laboral’’, La Ley, núm. 4211, 1997.
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