[Derecho procesal/administrativo] Elementos para un estándar de la prueba en el procedimiento administrativo
| Autor | Bárbara Orellana Lavoz |
| Cargo | Estudiante de Derecho, Universidad de Chile, Chile |
| Páginas | 56-83 |
REVISTA DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS JURÍDICAS
AÑO 4, N°6 (JULIO DE 2015)
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ELEMENTOS PARA UN ESTÁNDAR DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Bárbara Orellana Lavoz
RESUMEN: El siguiente artículo tiene por objeto desarrollar la importante necesidad de discutir cuál
sería el estándar de prueba en los procedimientos administrativos. Para este cometido, se analizará
críticamente la forma en que está estructurada la actividad probatoria en la Ley N°19.880 de
Procedimiento Administrativo, norma supletoria que dispone las reglas de los procedimientos
administrativos sustanciados por la Administración del Estado, además, se revisarán brevemente las
teorías acerca de la prueba, a fin de una adecuada interpretación de los conceptos esgrimidos.
Finalmente, se propondrán algunas ideas sobre cuál sería el estándar de prueba que debería regir en
un procedimiento administrativo, a fin de que se trate de un proceso que cumpla con los estándares
del debido proceso legal y que satisfaga los principios que delimitan la actuación de la Administración.
ABSTRACT: The object of this thesis is to develop the significant need to discuss what would be the
standard of proof in administrative procedure. In order to develop this thesis, it is necessary to analyze
the way evidentiary activiy it is structured in Law No. 19,880 on Administrative Procedure,
supplementary standard rule of administrative proceedings conducted by the state Administration. In
addition, it will be given a brief review of the theories about evidence, in order to present a proper
interpretation of the concepts put forward. Finally, ideas will be presented about what standard of
proof should govern administrative procedure, in order to become a process capable of fulfilling the
standards of due process and that satisfies the principles that restrain the performance of the
Administration.
PALABRAS CLAVES: prueba – procedimiento administrativo – actividad probatoria – estándar de
prueba – valoración de la prueba.
Estudiante de Derecho, Universidad de Chile, Chile. Ayudante del departamento de derecho procesal, Facultad
de derecho Universidad de Chile. Correo electrónico: borellanla@gmail.com
REVISTA DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS JURÍDICAS
AÑO 4, N°6 (JULIO DE 2015)
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KEY WORDS: evidence – administrative proceeding – evidentiary – standard of proof – evidence
assessment.
I. INTRODUCCIÓN: LOS HECHOS Y EL DERECHO
La prueba constituye, sin lugar a dudas, el desafío más relevante para el Derecho desde el
punto de vista de su capacidad para enfrentar a la realidad. Como se sabe, las normas jurídicas se
elaboran en base a una hipótesis de hecho y las consecuencias asignadas si se llegase a comprobar,
aplicándose por el juez –o bien por la Administración1– a una situación determinada, en base a
un proceso conocido y legalmente tramitado ante el órgano decisor.
Por lo pronto, entenderé prueba como la actividad de corroborar la veracidad de un
determinado enunciado dentro de un proceso sustanciado ante un órgano decisor. En este
sentido, un lugar común entre algunos estudiosos del derecho es concebir la prueba jurídica como
una institución que está ligada a la convicción del órgano decisor, como ciertas etapas de
convencimiento psicológico que debe adquirir el juez mientras se desarrolla el proceso, lo cual le
permitirá determinar los hechos y la consecuencia que el derecho tiene asignada para ellos.
Lo cierto es que actualmente la determinación de los hechos que se tendrán por probados
en un proceso ha tomado un sentido fundamental, que se traduce como una garantía en el
derecho a la prueba, a rendir prueba. En efecto, puede considerarse que las descripciones sobre
los hechos son las que se incorporan al razonamiento judicial para la aplicación de las normas y
en este sentido, afirma Ferrer “no es casualidad que se considere ese derecho como un derivado
del derecho a la defensa (…) el ciudadano tiene derecho a probar que se han producido, o no,
los hechos a los que el derecho vincula consecuencias jurídicas. Solo de este modo puede
garantizarse una correcta aplicación del derecho y una adecuada seguridad jurídica”2. En efecto,
1 Cabe advertir que, para efectos de este artículo, los términos “juez” o “razonamiento judicial” serán entendidos en
lato sensu, pues se incluye a la Administración, en su calidad de entidad que aplica sanciones luego de un
procedimiento, no obstante que no tenga un carácter jurisdiccional, por cuanto no ejerce jurisdicción.
2 FERRER BELTRÁN, Jordi (2003): “Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales”, En: Jueces para la
democracia, N°47. P., 27-34. [Fecha de consulta 29/06/2015]. Disponible en:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=668796
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