El derecho fundamental a la defensa y el principio de especialidad en la defensa técnica. Una mirada constitucional e interdisciplinar al derecho juvenil
| Autor | Gaudy Vely Veliz Mayta |
| Cargo del Autor | Fiscal Adjunta Superior Civil y Familia |
| Páginas | 233-258 |
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El dErEcho fundamEntal a la dEfEnsa y El principio dE EspEcialidad En la dEfEnsa técnica.
una mirada constitucional E intErdisciplinar al dErEcho juvEnil
capÍTulo XII
el DerecHo FunDaMenTal a la DeFensa y
el prIncIpIo De especIalIDaD en la DeFensa
TÉcnIca.
una MIraDa consTITucIonal e
InTerDIscIplInar al DerecHo JuVenIl
Gaudy Yely Veliz Mayta1
I. InTroDuccIÓn.
Sin duda un problema de la sociedad latinoamericana es la visión y el abor-
daje en relación a los adolescentes en conicto con la ley penal; pues se parte
de una percepción sesgada de este grupo poblacional a quienes se vincula con
la idea de peligro o riesgo para la comunidad.
Esta percepción en ocasiones es alentada por medios de comunicación y
posiciones políticas que responden a coyunturas que dimensionan casos ais-
lados generando estereotipos respecto de los adolescentes en conicto con la
ley como peligrosos, que incurren en conductas de gran lesividad; por ende,
constituyen una amenaza para la paz social. En base a dicho argumento tra-
tan de justicar un abordaje punitivo por parte del Estado, que se les dé un
tratamiento bajo los estándares del sistema penal de adultos, olvidando que
la literatura especializada evidencia que la incidencia de conductas contrarias
a la ley de este grupo etario es mínima, permite con el tiempo y en mayoría de
casos se trata de infracciones de poca lesividad.
También olvidan la existencia de estándares convencionales en materia de
la niñez y adolescencia como la Convención de los Derechos del Niño (CDN)
que, respecto al sistema de justicia aplicable a adolescentes en conicto con la
ley, exige un tratamiento diferenciado basado en su dignidad; por ende, dicho
abordaje exige una mirada especializada (principio de especialidad).
1 Fiscal Adjunta Superior Civil y Familia. Maestra en Derecho Civil con mención en Dere-
cho de Familia por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Doctorando- Egresada
de Doctorado en Derecho por la Universidad San Martín de Porres. Estudios Avanzados
en Justicia Juvenil (CAS). Universidad de Ginebra, en colaboración con el Instituto In-
ternacional de los Derechos del Niño y la Fundación Terre des Hommes. http://orcid.
org/0000-0003-0021-7704.
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Gaudy yely Veliz Mayta
Si bien la mayoría de los Estados en Latinoamérica, para responder a las
exigencias de la CDN han adecuado sus legislaciones en materia de adoles-
centes en conicto con la ley, claro está dentro del marco de deferencia, regu-
lando procesos especiales con estándares garantistas de respeto de derechos,
bajo el cimiento del principio de especialidad. Sin embargo, estas proclama-
ciones no se han concretado en la realidad, por lo que podría decirse que es
un reconocimiento más formal que real. Como bien reere Beloff y Terragini
existe una peligrosa aproximación de la justicia juvenil al sistema penal de
adultos pues no se trata sólo del reconocimiento de garantías asimilables al
modelo penal de adultos; pues en ese afán, se corre el riesgo de perder la vi-
sión que exige el principio de especialidad 2.Por ello, la necesidad de diseñar
procesos e intervenciones ecientes y garantistas bajo el hilo conductor del
principio de especialidad como base fundamental del Derecho Juvenil que no
pierda de vista la nalidad que toda intervención persigue en el marco del
Derecho Juvenil aplicable a adolescentes en conicto con la ley.
En este contexto, bajo la mirada de la protección holística, tanto en el ámbi-
to de la investigación prejudicial y proceso judicial, cobra real importancia el
derecho de defensa de estos adolescentes, quienes en su mayoría provienen
de estratos socioeconómicos deprimidos y de una situación de exclusión de
derechos ( deserción escolar, familias con dinámicas violentas, etc.); aspectos
que incrementan su especial vulnerabilidad; situación que justica que con
mayor rigor se garantice la vigencia y respeto de sus derechos en la inves-
tigación scal, proceso judicial y ejecución de medidas impuestas y en este
contexto el derecho de defensa no solo material sino también técnica cobra
real importancia; de tal manera que permita un equilibrio ante la actuación
estatal a cargo del ente persecutor del delito y la defensa de los derechos del
adolescente.
Esta situación es importante pues en muchas ocasiones se criminaliza la
situación de vulnerabilidad del adolescente y no el acto cometido; por ello,
la importancia del derecho de defensa, con incidencia en la defensa técnica,
que garantice un escenario de igualdad de armas y que no se recurra al De-
recho Juvenil para suplir medidas de protección de carácter social, pues ello
es desconocer su condición de sujeto de derecho, que exige una protección
reforzada en garantías conforme a las exigencias convencionales.
Bajo este panorama el rol de la defensa técnica a cargo de los defensores
de ocio cobra real importancia; siendo obligación del Estado garantizar el
derecho a una asistencia jurídica gratuita, real y especializada.
En el caso peruano, son los defensores públicos quienes en su mayoría
participan en los procesos e investigaciones seguidas a este grupo poblacio-
nal; sin embargo, no se cuenta con abogados defensores especializados de-
signados para el sistema juvenil. Por el contrario, la defensa es asumida por
defensores públicos del sistema penal de adultos con una formación distin-
ta, generalmente adversarial suscitándose diversas falencias y escenarios de
afectación del derecho a una asistencia técnica, real y especializada conforme
a las exigencias de los estándares convencionales. En este contexto, en primer
2 Mary Beloff, Mariano Kierszenbaum y Martiniano Terragini, “La justicia juvenil y el juicio
por jurados”, Revista de Derecho Penal y Criminología, Núm. 10, 2017,153-168.
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